Moisés Sánchez Cerezo, …

reflejo de las graves violaciones de derechos humanos contra periodistas en México

logo

Moisés Sánchez Cerezo, reflejo de las graves violaciones de derechos humanos contra periodistas en México
 
México D.F a 27 de enero de 2015. El periodista y propietario del semanario la Unión, José Moisés Sánchez Cerezo de Medellín de Bravo, Veracruz, fue secuestrado por un comando armado el 2 de enero de 2015. Después de 23 días, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz (PGJV) informó que  el cadáver de Moisés Sánchez fue encontrado en el municipio Manlio Fabio Altamirano y que el presunto responsable de la desaparición y asesinato del periodista es Martín López Meneses subdirector de la Policía Municipal de Medellín, así como chofer y escolta personal del presidente municipal, Omar Cruz Reyes. Sin embargo, estos anuncios de las autoridades de Veracruz no dan garantías sobre el hecho que hayan encontrado al periodista desaparecido.
En la investigación por la desaparición de Moisés Sánchez han ocurrido varias irregularidades. Según la organización Artículo 19 y los familiares del periodista, la PGJV no proporcionó información certera sobre la investigación. Además en repetidas ocasiones se pidió que el caso lo atrajera la Procuraduría General de la República (PGR) para que se garantizara una investigación seria, objetiva e imparcial. Como consecuencia de éstas irregularidades y porque la familia no reconoce rasgos de Moisés Sánchez en el cadáver encontrado, no se aceptarán los resultados expuestos por la PGJV hasta que se realicen pruebas de ADN.
México es uno de los 5 países más peligrosos para ejercer el periodismo, según Reporteros Sin Fronteras[1], del año 2000 a la fecha, más de 80 periodistas han sido asesinados en México y 17 han desaparecido por ejercer su libertad de expresión, los principales agresores son el crimen organizado y autoridades de gobierno. La impunidad es la regla en los casos de asesinatos y desapariciones, lo que provoca que los crímenes contra periodistas se incrementen porque no son castigados.
Para quienes firmamos, es de suma preocupación que de nuevo es el Estado quien está involucrado en la desaparición forzada de personas y en la agresión contra periodistas, por lo que exigimos:
  • Justicia y una investigación imparcial en el caso de Moisés Sánchez y de las y los periodistas que han sido víctimas de violencia por ejercer su libertad de expresión.
  • Que se termine la impunidad y las violaciones de derechos humanos contras las y los periodistas de Veracruz y de todo el país.
  • Que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República (PGR) ejerza su facultad de atracción para investigar todos los casos de asesinatos y desapariciones de periodistas en el país, poniendo particular énfasis en el estado de Veracruz, donde se repiten patrones y móviles de impunidad.
  • Que se mantenga la línea de búsqueda en vida de Moisés Sánchez hasta que se compruebe científicamente y por medio de los peritajes correspondientes que los restos encontrados corresponden al periodista.
La libertad de expresión e información es un derecho humano que tiene que ser garantizado por el Estado y no violentado. Ejercer el periodismo no debe de ser sinónimo de “peligro de muerte” ya que es una parte fundamental de cualquier sociedad democrática. Pedimos que se garantice la libertad de expresión y el derecho a informar y a ser informado sin ninguna restricción, según esta mandatado en el artículo 7 de nuestra constitución y según el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que México es parte.
Atentamente:
 
Casa del Migrante de Saltillo
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
Comité Cerezo México
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C
Más de 131
Periodista: Jade Cuevas Villanueva
Propuesta Cívica
SMR, Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados (SMR) Sección México
Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz)
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”
Para más información, contactar a:
Nancy Gocher Padilla
Responsable de comunicación
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT)
Teléfono: 55239992
Celular: 044-55-38985126
unnamed
Compañeras y compañeros:
Les compartimos este comunicado en conjunto de varias organizaciones de la sociedad civil sobre el caso Ayotzinapa, de antemano, agradecemos la difusión de éste comunicado.
Saludos
OSC exigimos continúe investigación sobre Caso Ayotzinapa y búsqueda de normalistas desaparecidos
  • A cuatro meses del asesinato y desaparición forzada de estudiantes de Ayotzinapa, OSC exigimos el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables
  • Deleznable la actuación del Gobierno Federal en el caso Ayotzinapa
  • Alto a las campañas de difamación y desprestigio contra estudiantes, madres, padres de familia y defensoras/es de derechos humanos que les acompañan
México D.F a 28 de enero de 2015. A pesar de que han transcurrido cuatro meses de las violaciones graves a los derechos humanos contra estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa” ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero[1], el Gobierno Federal no ha dado resultados eficaces que esclarezcan los hechos y castigue a los responsables, contrario a ello, la Procuraduría General de la República (PGR) pretende cerrar el caso aun cuando existen elementos para continuar la investigación y evitar la impunidad.
Ante ello, a cuatro meses de los atroces hechos ocurridos contra los normalistas de Ayotzinapa y de la pretensión de cerrar la investigación sobre el caso, las organizaciones civiles firmantes exigimos al Gobierno Federal:
· No cerrar el caso Ayotzinapa hasta que las familias tengan certeza científica y jurídica del paradero de sus hijos y hasta que todas/os los autores materiales e intelectuales sean sancionados.
· Se creen mecanismos eficaces para garantizar la no repetición de los hechos.
· Se agoten  todas las líneas de investigación y se esclarezca la participación de la clase política, el Ejército y su vinculación con los grupos delincuenciales.
· Se creen mecanismos institucionales para que los cuarteles militares sean abiertos e inspeccionados por los padres y madres de familia de los normalistas desaparecidos y sus representantes, a fin de garantizar el ejercicio de su derecho a la verdad y se cercioren si sus hijos se encuentran o no en dicho lugar.
· Se respeten las valoraciones y los resultados de las investigaciones del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y se garanticen las condiciones necesarias para que el Grupo Interdisciplinario de cooperación técnica que ha sido asignado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos; así como para contribuir en las investigaciones y acciones que se adopten a fin de sancionar a los responsables, y la asistencia a los familiares, pueda realizar sus actividades a cabalidad, como se estableció y oficializó el pasado  29 de octubre y 18 de noviembre de 2014, respectivamente en el acuerdo firmado entre la CIDH, el Estado Mexicano y los representantes de las víctimas.
· Que el Gobierno Federal actué de manera contundente para desmantelar a los grupos delincuenciales que atentan contra la estabilidad y seguridad de nuestro país y que hoy en día han hecho de México un territorio de miles de personas desaparecidas.
· Cese de la represión y criminalización, contra miembros de la sociedad civil, que en el ejercicio de su derecho a la libre manifestación, han sido detenidos arbitrariamente en el marco de las acciones en  solidaridad con los normalistas de Ayotzinapa.
· Cese del desprestigio y criminalización de los estudiantes normalistas, padres y madres de familia, así como de las y los defensores de derechos humanos que acompañan el caso. Así como garantías de su seguridad.
· Se establezcan mecanismos eficaces de comunicación en los que se priorice la interlocución y necesidades específicas de las familias, estudiantes y organizaciones acompañantes.
A las madres, padres y estudiantes normalistas y sus familias, a las organizaciones defensoras de los derechos humanos que les acompañan, les decimos que desde nuestros diversos espacios estamos atentas/os de las acciones que emprendan ante las instancias internacionales como lo será su presencia en la Octava sesión del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, en Ginebra, Suiza para exigir la justicia que no se ha encontrado en nuestro país y nos unimos a la exigencia de que el marco jurídico internacional sea implementado a cabalidad por el Estado Mexicano, a fin de cumplir con los diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados por México, para que hechos como lo ocurrido en Iguala no se repitan y cese la impunidad.
Atentamente,

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s