Propuesta Cívica | Frente al Riesgo y al Caos

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RESUMEN EJECUTIVO “FRENTE AL RIESGO Y EL CAOSANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO DE PROTECCIÓN PARA PERSONAS DEFENSORAS Y PERIODISTAS EN MÉXICO 

Las agresiones cometidas contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas (en adelante PDDHyP) en México siguen en aumento, sin que el actual Mecanismo de Protección y las leyes aprobadas a nivel estatal hayan logrado revertir esa situación. En el presente informe Propuesta Cívica A. C., realiza un análisis al conjunto de normatividades e iniciativas de protección en toda la República, pudiendo evidenciar la multiplicidad de leyes existentes con enfoques reactivos y diversos en materia de seguridad y protección. 

Uno de los hallazgos del estudio es la existencia de normatividades estatales de protección en 15 estados de la República (Guerrero, Nayarit, Veracruz, Jalisco, Quintana Roo, Coahuila, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tamaulipas, Guanajuato, Michoacán, Puebla y Durango) y de la presentación de 11 en otros estados (Chihuahua, Tabasco, Baja California Sur, Querétaro, Nuevo León, Sonora, Zacatecas, Sinaloa, Tlaxcala, Oaxaca, Baja California), los cuales una vez analizadas cada una de las leyes e iniciativas en contraste con estándares internacionales se constató la falta de entendimiento en un modelo de protección integral, por su visión limitada y reducida del problema, que no aborda el conjunto de limitaciones que enfrentan PDDHyP en el desarrollo de sus labores.

La aprobación de esas leyes son insuficientes, por su inadecuada formulación, al desconocer la interdependencia e interrelación de las obligaciones que tiene el Estado mexicano en garantizar la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, desconociendo lo que refiere a la prevención, investigación y sanción de los delitos en el ejercicio de sus labores de defensa e información, así como por la ausencia de voluntad política para que sean implementadas, estando solo dos leyes en funcionamiento.

Del análisis normativo se constató que las leyes e iniciativas en materia de protección siguen sin establecer canales de coordinación interinstitucional y Federal, en conjunto con todos los niveles de gobierno y las tres ramas del poder público; ausencia de participación de la sociedad civil y los beneficiarios en la toma de decisiones, así como en la interposición de recursos de inconformidad; carencia de un enfoque diferenciado y de perspectiva de género en las medidas y procedimientos establecidos; falta de transparencia y acceso a la información y de sanciones a funcionarios públicos que no atiendan a su deber de protección, así como la ausencia de medidas políticas y de carácter social a PDDHyP en situación de riesgo por su labor.

Por tal motivo, el planteamiento de Propuesta Cívica a raíz del análisis realizado, es la necesidad de transitar del actual programa de protección descoordinado y reactivo, a la generación de un Sistema Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que atienda a las necesidades específicas para la defensa de los  derechos humanos, a partir de la adopción de un andamiaje político legal de carácter nacional, que establezca atribuciones, procedimientos y obligaciones para cada uno de los entes obligados.

Es de esta manera que se evitarán interpretaciones erradas o reducidas en su implementación, posibilitando a su vez un mayor involucramiento de otros actores, donde el Mecanismo de Protección sea un elemento más dentro de una lógica sistémica.

Para dar tránsito a la discusión y construcción de un modelo más amplio de protección, es necesaria la generación previa de espacios amplios y diversos de participación, que atienda a cada una de las necesidades y que permita dar tránsito a la persona defensora y periodista objeto de protección, a una lógica de sujetos de derechos, a quienes se les deben garantizar y generar las condiciones necesarias para el desarrollo de sus labores.

Al final de la publicación se realiza una serie de conclusiones y recomendaciones, que esperamos sean tenidas en cuenta por funcionarios públicos, legisladores y organizaciones de la sociedad civil, en el marco de la discusión y construcción de un sistema nacional de coordinación amplio y garantista, en donde las PDDHyP no solo sean objetos de protección, sino sujetos de derechos.

El primer capítulo aborda lo relativo a las políticas de protección y los estándares internacionales en lo que respecta a la creación de Mecanismos de Protección, realizando una revisión de los actuales programas creados a nivel regional, en Colombia, Brasil, México, Honduras y Guatemala.

El segundo capítulo se analiza el contexto actual de agresiones y limitaciones que sufren personas defensoras y periodistas, así como las acciones llevadas a cabo por funcionarios públicos y órganos de derechos humanos, y las distintas iniciativas de reforma a la actual ley federal de protección.

El tercer capítulo realiza una revisión del marco normativo mexicano en los distintos estados de la república que han expedido leyes que crean Mecanismos Estatales de protección; decretos y leyes que crean a nivel Estatal Unidades de Enlace; así como las iniciativas de ley en curso.

Por último, se realizó una serie de conclusiones y recomendaciones, dirigidas a generar un sistema nacional de protección, que posibilite la debida coordinación y distribución de competencias en los tres niveles de gobierno, así como con las tres ramas de poder público, encaminadas a la creación de un Sistema Nacional de Protección.

Esperamos este análisis, aporte los elementos técnicos, para que funcionarios y organismos de toma de decisiones aborden este tema desde una mirada amplia y global, desde un enfoque de garantías en el ejercicio de los derechos humanos.

soydefensor

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