🖥El intento de la UE de regular las grandes tecnologías: Lo que aporta y lo que falta💻

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A finales de 2020, la Comisión Europea propuso dos piezas de legislación digital muy esperadas, la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales, que son tan importantes que algunos las han calificado de “nueva constitución” para Internet. A pesar de una serie de buenas disposiciones, también hay importantes deficiencias que deben ser abordadas para garantizar la protección de los derechos digitales.

La primera propuesta, denominada Ley de Servicios Digitales (DSA), pretende crear un reglamento acerca de cómo plataformas tipo Facebook y YouTube deben tratar los contenidos que se les han señalado como ilegales. La segunda propuesta, denominada Ley de Mercados Digitales (DMA), quiere facultar a las autoridades europeas para prevenir mejor el comportamiento anticompetitivo de los llamados gatekeepers digitales. Según la DMA, los gatekeepers son proveedores de plataformas dominantes con un “impacto significativo en el mercado interior” que sirven de “importante puerta de entrada para que las empresas lleguen a los usuarios finales“, como los motores de búsqueda, los servicios de redes sociales, ciertos servicios de mensajería, los sistemas operativos y los servicios de intermediación en línea.

DSA: Primero borrar, después pensar

Como legislación horizontal, la DSA intenta hacer frente a los contenidos ilegales y regular las prácticas de moderación de contenidos de las plataformas de medios sociales, en respuesta a la legítima preocupación de que Internet no siempre es un lugar seguro para todos.

Tras los desastres legislativos de la Directiva sobre derechos de autor y el Reglamento sobre contenidos terroristas en línea, la Comisión parece ser ahora más consciente de los riesgos que conlleva la regulación de la libertad de expresión. Así, la propuesta de la DSA mantiene la norma actual según la cual las empresas que alojan contenidos digitales ajenos no son responsables de esos contenidos a menos que sepan realmente que son ilegales.

Sin embargo, por desgracia, la Comisión parece haber creado una excepción de gran alcance a esa regla: En el momento en que cualquier persona en Internet señale un contenido como potencialmente ilegal, la responsabilidad se dispara y exigiría a la empresa de alojamiento que retire o deshabilite “rápidamente” el acceso al contenido en cuestión. Por lo tanto, eliminar o desactivar los contenidos marcados se convierte en la acción más razonable desde el punto de vista comercial para las empresas, con el fin de evitar el riesgo de responsabilidad legal que conlleva una evaluación de la legalidad real. Este enfoque de mano dura crearía un sistema de control de contenidos privatizado con normas arbitrarias que escapan al control judicial y democrático. Trabajaremos estrechamente con el Parlamento Europeo y el Consejo para introducir las salvaguardias necesarias para proteger mejor los derechos humanos.

La propuesta de la DSA sigue el principio de “primero borrar, después pensar”.

Celebramos que la Comisión haya recogido nuestra idea de exigir a las plataformas en línea que trabajen con organismos independientes y certificados de resolución de conflictos a los que los usuarios puedan presentar quejas cuando crean que sus contenidos han sido eliminados de forma indebida. Sin embargo, no es aceptable que los usuarios tengan que pasar por los procedimientos internos de reclamación de las plataformas -conocidos por su opacidad y parcialidad- antes de tener derecho a recurrir a un organismo independiente de resolución de conflictos. Los co-legisladores deben garantizar que los ciudadanos tengan acceso inmediato a una reparación independiente real.

La moderación efectiva de los contenidos dañinos en línea está intrínsecamente ligada a la forma en que se amplifican los contenidos. Aunque la propuesta de la DSA contiene una serie de buenas disposiciones sobre la transparencia en torno a la publicidad en línea, no aborda en absoluto los problemas inherentes al negocio de la tecnología publicitaria tóxica. Sin ninguna limitación a la manipulación en línea microdirigida a través de la tecnología publicitaria (y con un fuerte Reglamento de privacidad electrónica que no se ve por ninguna parte) la vigilancia constante de las personas a través de Internet con el propósito de la publicidad en línea sigue siendo la norma. Contamos con que el Parlamento Europeo cumpla con su propia exigencia de eliminar la publicidad de vigilancia hiperinvasiva en Europa.

DMA: abrir las puertas

Nos gusta que la Comisión haya introducido una lista inequívoca de prácticas prohibidas para los gatekeepers. Ya es hora de que la ley impida que empresas tecnológicas ya dominantes como Apple, Facebook y Google abusen de sus recursos prácticamente ilimitados y de su poder de control para aplastar (o comprar) a sus competidores.

La prohibición de que los guardianes se autopreferencien en sus propias ofertas (por ejemplo, que la búsqueda de Google incluya a Gmail en primer lugar cuando se busque un proveedor de correo electrónico) o que reutilicen los datos personales de los usuarios en otros productos (por ejemplo, que Facebook copie tu libreta de direcciones de WhatsApp en Facebook) son pasos cruciales para frenar el poder de las grandes plataformas sobre nosotros.

Sin embargo, es decepcionante que la lista de conductas prohibidas esté redactada para satisfacer únicamente las necesidades de los “usuarios empresariales”, ignorando los derechos y necesidades de la gente corriente. Esto también podría explicar por qué la Comisión incluyó en cierto modo la recomendación de EDRi y otros expertos de abrir algunos de los servicios principales de los guardianes a las empresas de la competencia, pero sólo en casos muy restringidos. Esta disposición no permitirá a los usuarios de las redes sociales que respetan la privacidad, por ejemplo, ponerse en contacto con sus amigos en Facebook sin tener una cuenta propia de Facebook.

“La propuesta de la DMA es un paso importante, pero no ayudará a las personas a liberarse de la economía de plataforma centralizada que domina sus experiencias en línea hoy en día. Será necesario trabajar más para lograr cambios sistémicos y que las personas tengan el control de su vida en el mundo digital”.

Unos sólidos requisitos de interoperabilidad que tengan en cuenta las necesidades de las personas deberían permitir a los usuarios conectarse entre servicios en lugar de quedar atrapados en las jaulas de BigTech. Por suerte, el Parlamento Europeo y el Consejo pueden solucionar fácilmente esta omisión y convertir la DMA en una verdadera ley para los ciudadanos.

EDRi espera trabajar con los colegisladores de la UE para solucionar estas lagunas y cumplir una promesa que satisfaga las necesidades de las personas y las democracias.

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