Adalberto Santana
Parecería que, en la actualidad, las expresiones de las derechas en América Latina y el Caribe han repuntado. Esta afirmación podría inferirse por los más recientes acontecimientos que se han registrado en algunos países de la región a inicio del 2023, tal como aconteció en Brasil con el fallido golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o en las protestas violentas de las derechas bolivianas en Santa Cruz contra el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS). Pero sin duda donde han tenido un triunfo parcial es en Perú con la imposición de Dina Boluarte como presidenta de esa nación andina y su consecuente represión generalizada contra las protestas populares.
Desde el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 contra el presidente democráticamente electo, Pedro Castillo Terrones, las derechas peruanas se han afianzado en el gobierno con la represión. El golpismo se generó en Perú por la decisión de los sectores reales del poder, ubicando en la primera magistratura a la vicepresidente Dina Boluarte, nueva mandataria que en menos de dos meses ha generado una alianza con los sectores tradicionales de esas derechas peruanas que habían perdido la presidencia en las elecciones de junio de 2021. Han ejercido el poder generando un dura represión que suma 49 fallecidos hasta mediados de enero de 2023, en los enfrentamientos que la policía y las fuerzas armadas han desplegado contra las protestas que han realizado amplios sectores de campesinos, indígenas, estudiantes, mineros, comerciantes informales y diversos grupos populares de la formación social peruana.
La protestas de amplios sectores populares que se han generalizado en casi todo el territorio peruano, han tenido como demandas fundamentales: la renuncia de la misma Dina Boluarte y el cierre del Congreso dominado mayoritariamente por los partidos y por los grupos de poder de las derechas tradicionales. Pero también se ha reivindicado la demanda de una nueva constitución para derribar el orden constitucional que estableció el expresidente Alberto Fujimori. Pero un punto fundamental de las diversas marchas y cierres de carreteras por pobladores de diversos comunidades andinas ha sido la liberación del presidente Pedro Castillo, mandatario que sin duda ha contado con el respaldo popular y no del 27 por ciento que según el índice de aprobación daba la encuesta de IPSOS en el mes de noviembre pasado. Incluso a nivel latinoamericano, otros gobiernos de la región han manifestado su condena al golpismo peruano como han sido los presidentes de Andrés Manuel López Obrador de 
México, Gustavo Petro de Colombia, Luis Arce Catacora de Bolivia y Alberto Fernández de Argentina, como también se han sumado los de Honduras, Cuba, Venezuela y Nicaragua entre otros. Condena por la que la misma Dina Boluarte y el propio Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, en el comunicado oficial (15/12/2022) señaló: “En la fecha, la Cancillería ha dispuesto el llamado a Lima en consultas de nuestros Embajadores en la Argentina, Bolivia, Colombia y México, en reacción a la intromisión en los asuntos internos del Perú por parte de las más altas autoridades de los aludidos países, cuyas declaraciones cuestionan la sucesión presidencial realizada”. Recordemos que incluso el mismo gobierno de Boluarte declaró persona non grata al embajador mexicano Pablo Monroy Conesa, al cual le dio un plazo de 72 horas para abandonar su territorio en virtud de las declaraciones del presidente mexicano, que según otro comunicado oficial de la misma Cancillería peruana (20/12/2022) resultaron: “especialmente graves en circunstancias en las que el país enfrenta una situación de violencia incompatible con el ejercicio del legítimo derecho que asiste a toda persona de manifestarse pacíficamente.” Pensemos que lo que más irritó a los golpistas peruanos, fue la protección y el asilo que el Gobierno mexicano otorgó a la familia del presidente Castillo.
En esa misma lógica del gobierno golpista, fue la prohibición de que Evo Morales así como otros dirigentes del MAS de Bolivia, pudieran ingresar a territorio peruano, coyuntura en la que el mismo expresidente boliviano manifestó a través de Twitter: “La crisis política que afecta al hermano pueblo peruano, al Perú profundo especialmente, fue provocada por la conspiración permanente de la derecha fujimorista y medios derechistas contra un gobierno elegido en las urnas cuyo ‘delito imperdonable’ fue representar a los más pobres”.
Sin duda, la situación represiva del golpismo peruano ha sido condenada mundial y nacionalmente, incluso la propia Fiscalía del Perú inició una investigación contra la presidente de facto e incluso contra el primer ministro, Alberto Otárola y otros funcionarios del gobierno involucrados en la represión por “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”. Todo ello en el marco de la brutal represión contra diversos opositores en todo el territorio nacional. Incluso la Comisión Internacional de Derecho Humanos (CIDH) ha manifestado su condena por la violencia generada por las fuerzas de seguridad como también por aquellos sectores que han protestado contra esa misma represión estatal.
Según denuncia penal, el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte promueve una “política sistemática de represión desbordada en contra de la población”.
Un grupo de abogados de Arequipa presentaron una denuncia penal contra la presidenta Dina Boluarte, el jefe del gabinete Alberto Otárola, el ministro José Tello (Justicia y Derechos Humanos) y los exministros Pedro Angulo (PCM), César Cervantes y Víctor Rojas (Interior), por la presunta comisión de crímenes de genocidio y lesa humanidad durante las protestas en regiones, que exigen la renuncia de la mandataria, el cierre del Congreso, el adelanto inmediato de elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente.
Según la denuncia, las autoridades, vía la declaración de estado de emergencia nacional, “vienen ordenando y ejecutando una política sistemática de represión desbordada en contra de la población civil, generando un contexto en el cual se ha producido la muerte de más de medio centenar de personas y miles de heridos”.
La cacería terrorista es racializada
Hay un trasfondo de racialización en los métodos de criminalización de la protesta cuando no se manifiesta en Lima, lo que reafirman las recientes masacres en las localidades de mayorías indígenas, o cuando se trata de personas de otras provincias, perseguidas durante su viaje, estigmatizadas como violentistas desde antes de ejercer su derecho a la protesta, casi prohibidas de ingresar a la ciudad. Ninguna de las 60 víctimas en menos de dos meses de Boluarte en el poder, 45 asesinadas por balas de militares y policías, se registró en la capital.
Varias de las detenidas denunciaron agresiones físicas y psicológicas, negación de asistencia médica a personas con enfermedades, insultos racistas y calificativos de terroristas por parte de uniformados. No les devolvieron sus documentos de identidad, les quitaron sus celulares, dinero e incautaron la alimentación reunida para su estadía.
“Nos han lanzado bombas lacrimógenas, como a terroristas nos trataron, nos apuntaron con sus armas, nos han arrastrado, enmarrocado en el suelo”, contó una mujer puneña. “Nos han golpeado, maltratado, no somos delincuentes, nos han tenido en calabozos, nos acusan de daños materiales que nunca hemos hecho a la universidad”, denunció una víctima de la redada masiva que llegó desde Huancavelica. (El régimen dictatorial persigue la protesta indígena en Lima – Radio Zapatista)
“Los manifestantes se han declarado en justo levantamiento —sin armas—, realizando la toma de carreteras, minas, aeropuertos, locales, universidades, etc., exigiendo la renuncia de la presidenta, una asamblea constituyente que elabore una nueva Carta Magna, el cierre del Congreso, adelanto de elecciones generales, entre otros”, se lee en el documento al que accedió La República.
Lo real de la actual coyuntura peruana, es que la oligarquía de la nación andina ha retomado el control del poder estatal y ha reforzado con los medios de comunicación una intensa campaña contra los sectores populares que han generado una gran protesta social. Coyuntura de descontento que no había alcanzado tal nivel de respuesta en más de 20 años en la vida política de ese país sudamericano. En tal situación parece que las derechas peruanas tienen que poner sus barbas a remojar. Tal como como es la tendencia, si la situación se revierte como aconteció en el caso boliviano, las masas indígenas, campesinas, trabajadoras, estudiantiles y movimientos sociales y populares podrán lograr cambiar la correlación de fuerzas para que de nueva cuenta a corto y mediano plazo retomen mayores espacios del poder político en el Perú.
(El texto fundamental es el de la cabecera al que se le han añadido textos de otros artículos de nodal, ANred, la ya mencionada Radio Zapatista y otras.)
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