🇵🇾El verdugo en el estrado y la víctima en el banquillo⛓

Paraguay: Operativo Cóndor:

Luis Agüero Wagner

18 de marzo de 2023

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artín Almada es uno de esos incansables combatientes por la justicia que Bertold Brecht llamaba imprescindibles; aquellos que luchan toda la vida.  Enérgico, animoso, atrevido, resuelto y emprendedor, es uno de los responsables de haber globalizado la justicia para quienes sólo supieron globalizar el terror.

Cuando el dictador Augusto Pinochet fue detenido en Londres,  Baltasar Garzón tenía en sus manos documentos rescatados por Martín Almada de los Archivos del Terror.  La participación norteamericana en la siniestra conjura contra la democracia y la vida de la tenebrosa logia de dictadores sudamericanos fue documentada y convertida en parte de una historia irrebatible gracias a él, quien también fue víctima de aquella infame internacional de la muerte que costó la vida a unos 100.000 dirigentes sindicales, políticos, universitarios e intelectuales latinoamericanos.

Tuve el honor de conocer a este paladín de la justicia cuando junto al doctor Joel Filártiga, tomó en sus manos el caso de la contaminación perpetrada con basura tóxica en una ignota localidad suburbana de las campiñas paraguayas por la poderosa transnacional Monsanto, un engendro capitalista con botas de siete suelas.  Quienes nos unimos asqueados por el abuso de esa empresa a una comisión coordinada por Almada en busca de justicia para los indefensos pobladores de aquel olvidado paraje, Rincón-í (en lengua guaraní “pequeño rincón”), vimos asombrados cómo merced a la intervención de este  insigne luchador por los derechos humanos se materializaba lo que parecía imposible. La todopoderosa multinacional se vio pronto obligada a responder en un juicio ético que acaparó la atención de los medios paraguayos en tanto se levantaba una nueva escuela en un lugar más seguro.  Personeros de la empresa se vieron obligados, ante el asedio legal de Almada, a huir del país. Creían  que así escapaban al justiciero globalizado,  pero la causa ya había llegado a tribunales norteamericanos y atraía la atención de la prensa internacional.

Resulta ocioso citar estas pequeñas anécdotas al hablar de un hombre que ha recibido galardones como el Premio Nóbel alternativo, el premio Tomás Moro a los Derechos Humanos o la “Orden de Mayo al mérito en el grado de Comendador” de manos del gobierno argentino.

Desgraciadamente, como se sabe, nadie es profeta en su tierra.  En Paraguay, es el asedio de los verdugos el que persigue permanente a las víctimas, sobre todo por el gatopardismo que ha sido el sello constante en toda su interminable transición democrática.

Almada no sólo ha sido querellado por el informante del comisario Alberto Cantero que hoy está al frente del proceso democrático paraguayo, el delator Juan Manuel Morales, sino por el mismo encargado de prensa del Tiranosaurio Stroessner.  Mientras escribo estas líneas al correr de la indignación, el héroe que proveyó de documentos a tantas víctimas del terrorismo de Estado en América Latina y el mundo, el que radiografío con papeles la cruel internacional de la muerte que marcó una época, debe estar preparando sus argumentos para una audiencia de conciliación con el represor Juan José Benítez Rickman.  Se trata del mismo que causó estragos como delegado de gobierno en Boquerón cuando fue nombrado en dicho cargo por el Tiranosaurio Stroessner, luego de graduarse en la escuela de represores que en Paraguay se conoce como “Escuela Superior de Guerra”, antes de ser nombrado subsecretario de informaciones y cultura de la presidencia de la república por el dictador.

Rickman también es recordado por la anécdota de haberse presentado con una escopeta en mano para defender a Stroessner cuando ya lo cercaban los tanques de su consuegro con la finalidad de proveerle pasaportes al dorado exilio, el 2 de febrero de 1989. No hace falta aclarar que en esos momentos poco le servía  al dictador un jefe de prensa armado con escopeta.

La querella que hoy sufre Almada se originó a raíz de que en Setiembre de 2007, en una conferencia organizada por el Centro de Estudiantes de Filosofía de la Universidad Católica, relató que el 6 de abril de 1976 el Escribano Juan José Benítez Rickman intervino “manu militari” la Biblioteca del  Seminario Católico Mayor del Paraguay,  con el Asesor Jurídico de Pastor  Coronel, el Dr.Angel Mario Ali y el torturador especializado en la Argentina, Victorino Oviedo  ante la  presencia del  Rector del Seminario, Jorge Adolfo Carlos Vivieres. Luego de un “exhaustivo análisis” literario de las obras de la biblioteca,  secuestró todos  los libros de supuesta “orientación marxista”. En su ponencia el luchador por los derechos humanos se refirió al caso y propuso la necesidad de recuperar  los libros “subversivos” confiscados por el Escribano Benítez Rickman. La iniciativa tal vez no haya prosperado en un ambiente reconocidamente abúlico como el paraguayo, pero sí prosperó la demanda de Rickman, que herido en su fina susceptibilidad de represor reclamó a la justicia que Almada le pague la suma de 100.000 dólares.

Aunque pueda ser sorprendente, estos casos son frecuentes en un país donde se presentan como los principales referentes de la lucha contra la dictadura  los principales propagandistas y panegiristas de Stroessner. Y así parece seguirá discurriendo la vida en este bucólico paraje tercermundista, cuyas autoridades reconocieron el talento literario de Augusto Roa Bastos desterrándolo por más de cuatro décadas y sólo le permitieron volver para morir en un bochornoso episodio de negligencia, cuando cayó del balcón de su apartamento, donde le habían encerrado con llave y bajo altas dosis de sedante su asistente y su médico personal.  Pero esa es otra historia.

🇫🇷🇪🇸¿Es más grave la Reforma de las Pensiones francesa, que la reforma de pensiones del Estado español?

🇺🇸»Si todo sale mal, EEUU simplemente se retirará dejando atrás el caos provocado» — Paul Keating

 Profesor Arkadio:La Linterna de Diogene : Industrialismo y colectivización en la URSS

🧕🏼Afganistán. Un centro para mujeres, gestionado por mujeres⛑

na exposición de la fotógrafa Laura Salvinelli, en la sede de Emergency en Giudecca, cuenta la historia del Centro de Maternidad de Anabah, en Panjshir, el único especializado y gratuito de la zona. Aquí, además de atención ginecológica, obstétrica y neonatal, se ofrecen servicios de planificación familiar y anticoncepción.

Del 15 de marzo al 14 de abril se podrá visitar en la sede de Emergency en Giudecca la exposición AFGHANA, Reportaje desde el Centro de Maternidad de Anabah, en el Valle de Panjshir, de Laura Salvinelli.

Han pasado exactamente 19 meses desde aquel 15 de agosto de 2021 (apenas dos días después de la muerte de Gino Strada) en que los talibanes recuperaron el poder en Afganistán. Tras cuarenta años de guerra, el repentino abandono de los ejércitos de Estados Unidos y sus aliados, la huida del gobierno entonces en el poder, la sequía y el embargo internacional, la situación económica del país es muy grave y la vida de las mujeres está plagada de mil prohibiciones, las más graves de las cuales son las de asistir a la escuela secundaria y trabajar.

Sin embargo, hay una isla que podría calificarse de feliz: el Centro de Maternidad de Anabah, en Panjshir, que lleva abierto desde 2003, junto con el Centro Quirúrgico que funciona desde 1999. En 2016 fue totalmente renovado, tanto en espacio como en organización: 104 camas, cuatro paritorios, dos quirófanos, una unidad de cuidados intensivos, un departamento de neonatología y una clínica de obstetricia. Es el único centro especializado y gratuito de la zona y en él, además de atención ginecológica, obstétrica y neonatal, se ofrecen servicios de planificación familiar y anticoncepción. Un centro para mujeres, dirigido por mujeres. El hospital es también un centro de formación de personal afgano, reconocido por los Ministerios de Sanidad y Educación. Hay cientos de enfermeras, matronas y médicos formados por Emergencias y 176 personas, casi todas mujeres, trabajan aquí.

La formación y el trabajo son las palancas sobre las que actuar para sacar a las mujeres del cono de sombra, miedo y opresión en el que se encuentran en Afganistán.

Gracias también a una red de dieciséis puntos sanitarios de primeros auxilios, repartidos por los distintos distritos de Panjshir, las mujeres afganas pueden ser madres sin arriesgar su vida y la de sus hijos, y también pueden convertirse en médicas o enfermeras. En el Centro de Maternidad han nacido más de 76.000 niños y se han realizado más de 487.000 reconocimientos médicos. Todo ello en un país donde la mortalidad materna es 99 veces superior a la de Italia y la mortalidad infantil 47 veces superior.

Las fotografías de Laura Salvinelli nos lo cuentan todo: historias de mujeres y sus hijos; mujeres afganas que se han convertido en ginecólogas, comadronas, enfermeras; mujeres que han dado a luz en el Centro de Maternidad de Anabah, mujeres del personal de Emergency que son médicas y profesoras al mismo tiempo.

«Trabajé en un mundo en el que fotografiar a mujeres es tabú y asumí el papel del elefante en una cristalería. Luché por mostrar fotos de partos en nuestro mundo, que violan otro tabú, el de la sangre de la vida y los cuerpos reales de las mujeres. Me he planteado continuamente la pregunta de todos los fotógrafos: si es correcto entrar en la intimidad de los demás. Creo que la respuesta, siempre diferente, depende de por qué y cómo lo hagas; lo importante es que esa pregunta siempre funciona en nuestro interior«, dice Laura Salvinelli.

Convertirse en sujetos activos de la sociedad. Esta es la revolución silenciosa de las mujeres afganas. A través de la concreción de nuestro trabajo diario, estamos apoyando esta gran batalla. Hoy, las mujeres que trabajan con nosotros ya no son simples «excepciones toleradas», sino que se están convirtiendo rápidamente en miembros respetados de sus comunidades, promotoras del cambio y ejemplos de superación de los modelos tradicionales, recuerda Rossella Miccio, presidenta de Emergency.

Además de la belleza y profundidad de las fotografías y textos, hay un motivo más para alegrarse de presentar esta exposición aquí, en la Giudecca: el Centro de Maternidad Panjshir está dedicado a la veneciana Valeria Solesin, víctima del atentado terrorista del Btaclan, que dedicó sus estudios e investigaciones al tema del papel de la mujer en la sociedad, dividido entre la familia y el trabajo.

La exposición estará abierta hasta el 14 de abril, los miércoles, jueves y viernes, de 11.00 a 16.00 horas, o en otros días y horarios, escribiendo a infovenice@emergency.it.

👮🏼- Identifican a una agente de policía infiltrada en los movimientos sociales de Madrid –

🏳️Propuesta Antimilitarista en el Parlamento Español. 1997.

🇲🇽Tercera Llamada Encuentro Internacional ¡El Sur Resiste 2023!👥

“Capitalismo corporativo mundial, Patriarcado planetario, Autonomías en rebeldía” 6 y 7 de mayo 2023 CIDECI/CARACOL JACINTO JANEK, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MEXICO

A los pueblos en resistencia y rebeldía del Sur-Sureste de México A los pueblos en resistencia y rebeldía del Sur Global

A las organizaciones de lucha abajo a la izquierda nacionales e internacionales A las organizaciones de derechos humanos del mundo

A los medios de comunicación libres, alternativos o como se llamen:

olo faltan dos meses para el inicio de la caravana “El Sur resiste 2023” que recorrerá el Sur/Sureste mexicano por los territorios afectados por el megaproyecto interconectado “Tren Maya / Corredor Interoceánico” articulando los pueblos, comunidades, colonias, barrios y organizaciones indígenas, campesinas, feministas, sindicales, populares y de la sociedad civil que están en lucha y resistencia ante distintas formas de despojo del Estado y el capital mundial y patriarcal.

Para el final de esta gira que se realizará del 25 de abril al 5 de mayo, estamos convocando este encuentro internacional para compartir los dolores, esperanzas y estrategias de articulación trazadas, para aprender de las luchas de otras geografías y seguir tejiendo redes solidarias de resistencias y rebeldías planetarias.

Llamamos a todas, todos, todes, a las resistencias de barrio, a los pueblos que luchan, a las colectivas urbanas y de las periferias, a quienes construyen autonomías y rebeldías en todos los rincones del Sur Global, a hermanarnos, a que nos volvamos a encontrar para conocernos, intercambiar saberes y sentires, articular luchas globales, acordar acciones conjuntas para nombrar, señalar y reclamar el derecho a la vida digna de los pueblos y la naturaleza.

Es momento de que nos escuchemos y que señalemos directamente a quienes están detrás de las causas del despojo que vivimos en nuestros territorios, a ese 1% de la población mundial cuyas decisiones y formas de vida han provocado la actual crisis climática que nos obliga a ser desplazados como pueblos, que reconfigura nuestros territorios y nos enfrenta a la explotación, al extractivismo, a la guerra. Porque sabemos que las luchas no están solamente aquí en México, están en muchos lugares del mundo donde compañeras, compañeros y compañeroas del Sur global están poniendo el cuerpo para defender sus territorios de los corredores, trenes y proyectos de muerte del capitalismo corporativo mundial. Y sabemos que en los rincones de lo que se llama el norte global hay personas resistiendo, que también forman parte del Sur Global, y les hacemos este llamado a que unan sus voces a esta lucha. Somos ese 99% que resiste a los embates de los que nos destruyen y pretenden dominarnos.

Les invitamos a registrarse, antes del 15 de abril en el correo elsurresiste@riseup.net, colocando en asunto “encuentro internacional”, proporcionando información de contacto: nombre y apellidos, organización, estado y/o país de proveniencia y precisar si desean presentar una experiencia concreta de lucha, resistencia y/o construcción de autonomías y su formato de presentación (video, powerpoint, etc), considerando un tiempo breve de presentación, que se ajustará una vez terminado el registro.

Como parte del programa, habrá un momento de compartición de las luchas diversas; sin embargo, probablemente, no alcanzara el tiempo para todes, y por ello, les invitaremos a instalar “stands” informativos en los cuales podrán, durante los ratos de receso, compartir su experiencia con las personas que lo deseen. Invitamos a redactar un escrito de no más de 2 cuartillas, que ilustre los aspectos más importantes de su proceso de lucha para integrarlo a la memoria final.

Para el hospedaje, se facilitará información de espacios seguros a bajo costo donde hospedarse en San Cristóbal de las Casas. Por la situación de inseguridad que se vive actualmente en la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, se recomienda no andar en los barrios periféricos a más de las 9 de la noche y resguardar colectivamente la seguridad del Encuentro Internacional entre todas, todes y todos l@s asistentes, recordando que no se permite el consumo de alcohol y drogas ni se tolera ningún tipo de acoso o violencia.

Desde diversos rincones del Sur-Sureste Mexicano:

Comisión de coordinación y organización EL SUR RESISTE 2023 Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno

¡NUESTRA LUCHA ES POR LA VIDA!

¡QUE VIVA EL FLORECIMIENTO DE LOS PUEBLOS!

¡EL SUR RESISTE!

🐻‍❄️Pedir lo imposible

⛓Los CRÍMENES del franquismo en Cazalla de la Sierra

🇺🇸🇬🇧🇪🇺🇮🇱Las sanciones matan en Siria🇮🇶

Cuba, Venezuela y China envían ayuda a Siria, afectada por un terremoto. EE.UU. ni siquiera puede retirar las sanciones

l Departamento del Tesoro de EE.UU. ha emitido una exención de 180 días sobre ciertas sanciones impuestas a Siria para permitir la ayuda humanitaria, las labores de rescate y recuperación del país tras el terremoto. La medida se produce tras la creciente indignación internacional y los llamamientos públicos, incluidos los del gobierno sirio y países como Venezuela y China, para que se eliminen las brutales e ilegales sanciones que Estados Unidos ha impuesto a Damasco. Sin embargo, Estados Unidos y sus aliados aún no han ofrecido nada significativo a Siria, a pesar de que Venezuela, China, Palestina y otros países han enviado donaciones y especialistas.

Al menos 21.719 personas han muerto -hasta el 10 de febrero- tras el terremoto de magnitud 7,8 que el 6 de febrero devastó amplias zonas del sur y el centro de Turquía, así como el norte y el oeste de Siria. Más de 79.000 personas han resultado heridas y más de 3,7 millones han sido desplazadas desde entonces, con operaciones de rescate aún en marcha en busca de supervivientes en medio de réplicas.

En una conferencia de prensa conjunta celebrada en la sede de las Naciones Unidas el 7 de febrero, el Representante Permanente de Siria ante la ONU, Bassam al-Sabbagh, explicó cómo las sanciones estaban impidiendo la ayuda humanitaria y el acceso a la misma: “Muchos aviones de carga se niegan a aterrizar en los aeropuertos sirios debido a las sanciones estadounidenses y europeas. Así que, incluso los países que quieren enviar ayuda humanitaria, no pueden utilizar los aviones de carga debido a las sanciones”.

El jefe de la Media Luna Roja Siria, Khaled Hboubati, declaró durante una rueda de prensa el martes que “no hay combustible ni siquiera para enviar convoyes [de ayuda y rescate], y esto es debido al bloqueo y las sanciones”.

En su declaración del 9 de febrero, el gobierno estadounidense reiteró que sus sanciones no se dirigen a la “ayuda humanitaria legítima”, una afirmación que ha sido demostrada como falsa en otros países que también han sido objeto de sanciones estadounidenses. El riesgo de obstrucción de la ayuda humanitaria también aumenta debido al posible excesivo cumplimiento, y en particular en el caso de Siria debido a los “poderes de emergencia sin restricciones” y al “alcance extraterritorial” otorgados en virtud de la Ley César de Estados Unidos.

Estados Unidos afirma que la GSL 23 “amplía” las “amplias autorizaciones humanitarias ya vigentes en virtud de la SySR para ONGs, organizaciones internacionales (OI) y el gobierno estadounidense”.

Sin embargo, en la última semana, personas en redes sociales han informado de que la empresa estadounidense de recaudación de fondos GoFundMe estaba suspendiendo cuentas que intentaban recaudar dinero para Siria.

Los países envían ayuda a Siria y Turquía

Mientras que Estados Unidos y sus aliados se apresuraron a movilizar y enviar equipos de rescate y suministros a Turquía, han tardado en proporcionar la ayuda mínima a Siria al negarse a levantar de forma significativa las sanciones para permitir que la ayuda llegue al país. A pesar de ello, hay países de todo el mundo que han estado proporcionando ayuda crítica sobre el terreno tanto a Siria como a Turquía.

El jueves, 25 especialistas de la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar llegaron de Venezuela a Damasco acompañados de 12 toneladas de medicamentos, agua potable y alimentos. Un día antes, el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro había enviado 52 especialistas a Turquía y Siria para ayudar en las labores de socorro.

También ha llegado a Turquía un equipo de médicos cubanos de la Brigada Internacional Henry Reeve. El miércoles, el embajador de Siria en Cuba, Ghassan Obeid, confirmó que 27 médicos de Cuba también llegarán pronto a Siria para ayudar a las poblaciones afectadas y a las autoridades locales.

China anunció que proporcionará a Turquía el primer tramo de 5,9 millones de dólares en ayuda de emergencia. Pekín también envió un equipo de rescate de 82 miembros que llegó al aeropuerto turco de Adana el martes, trayendo consigo 20 toneladas de ayuda médica y suministros de rescate.

El jueves, el embajador chino en Siria, Shi Hongwei, declaró a CGTN que el primer equipo de rescate chino había llegado a Damasco, acompañado de un primer lote de suministros médicos. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino había anunciado el miércoles que China ofrecerá 4,4 millones de dólares estadounidenses en ayuda de emergencia a Siria.

Un equipo de 73 socorristas, entre ellos miembros de la Media Luna Roja Palestina y de la Defensa Civil Palestina, dirigidos por la Agencia Palestina de Cooperación Internacional (AIPC), partió el jueves hacia Jordania desde Cisjordania ocupada, desde donde se dividirán en dos equipos: uno se dirigirá al sur de Turquía y otro al noroeste de Siria.

Rusia había enviado el lunes cuatro aviones con más de 100 especialistas en respuesta de emergencia, incluidos médicos, para ayudar en las operaciones de búsqueda y rescate en Turquía y Siria. Argelia también envió más de 100 toneladas de suministros médicos, alimentos y tiendas de campaña, así como un equipo de Protección Civil que llegó a Alepo a principios de esta semana. India también ha enviado ayuda a Siria, así como equipos de rescate a Turquía.

Países como Irak, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán y Túnez también han proporcionado ayuda de emergencia y suministros, al tiempo que otros países han expresado mensajes de solidaridad.

La ONU ha subrayado que las sanciones no deben impedir la entrega de ayuda al pueblo sirio. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 14 camiones de ayuda humanitaria habían entrado en el noroeste de Siria el viernes, con destino a Idlib, controlada por rebeldes.

Desde Irán, se informó de que el sexto avión que transportaba ayuda humanitaria, incluidos fórmula para lactantes y alimentos, había aterrizado en Siria a primera hora del viernes. El ejército iraní y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC por sus siglas en inglés) también han enviado a Turquía equipos para un hospital móvil de 50 camas, junto con 70 miembros del personal médico y de socorro. El primer avión iraní aterrizó en Damasco el martes, cargado con 45 toneladas de alimentos y suministros médicos. Irán tamcompromiso de apoyar al pueblo sirio en su actual crisis sísmicabién ha enviado aviones con ayuda a Latakia y Alepo.

Mientras tanto, Israel ya ha amenazado con un ataque militar, citando un oficial militar anónimo “información” que “indicaba” que Irán podría “aprovecharse” de la situación y enviar armas junto con la ayuda humanitaria a Siria.

Israel ha seguido llevando a cabo actos de agresión ilegales y unilaterales contra Siria, incluidos ataques aéreos que han matado a numerosos civiles y causado daños a infraestructuras críticas. Según Al Mayadeen, el aeropuerto de Damasco, que ha sido blanco de repetidos ataques de este tipo, aún está siendo reparado tras haber sido alcanzado por un ataque aéreo israelí en enero.

Sanciones contra Siria 

La urgente necesidad de eliminar las sanciones ilegales impuestas a Siria no se limita a los esfuerzos inmediatos de recuperación tras el terremoto. La realidad es que las sanciones occidentales ya habían precipitado a Siria a un colapso económico y de infraestructuras mucho antes de que se produjera el terremoto.

En noviembre de 2022, tras una visita al país, la relatora especial de la ONU Alena Douhan describió el impacto de las “escandalosas” y “prolongadas” sanciones unilaterales que están “asfixiando” a millones de sirios. Douhan afirmó que el 90% de la población siria vive por debajo del umbral de la pobreza, y el acceso a alimentos, agua, electricidad, combustible, refugio, transporte y atención sanitaria es limitado. Añadió que más de la mitad de las infraestructuras vitales del país habían quedado completamente destruidas o gravemente dañadas.

Al mismo tiempo, las sanciones unilaterales impuestas a sectores claves como el petróleo, el gas, la electricidad y el comercio habían “anulado” la renta nacional y socavado los esfuerzos de recuperación económica y reconstrucción.

“Mantener las sanciones unilaterales en medio de la actual situación catastrófica y aún en deterioro en Siria puede equivaler a crímenes de lesa humanidad contra todos los sirios”, había advertido Douhan.

Las amenazas para la salud pública y la seguridad alimentaria han aumentado debido a la falta de disponibilidad de equipos y piezas de repuesto para reparar los sistemas de distribución de agua y de riego. Hay graves interrupciones en el acceso a la electricidad, que también han afectado al funcionamiento de los equipos médicos de los hospitales.

Mientras EE.UU. se jacta de su “compromiso de apoyar al pueblo sirio en su actual crisis sísmica”, surge la pregunta: ¿qué se consigue realmente con una exención de 180 días en las transacciones de ayuda por el terremoto ante este nivel de destrucción?

Mientras Siria mira hacia la reconstrucción y la recuperación a largo plazo, cualquier compromiso de apoyo o ayuda carece de sentido si no se levantan totalmente las sanciones ilegales e inhumanas que siguen asfixiando al país.

🚑Protesta en Granada por la apertura a la privatización de la atención primaria de salud en Andalucía

🇩🇪Alemania es una república vasalla

🇺🇸Mujeres nativas desaparecidas o asesinadas🇨🇦

Vestirse de memoria y justicia

“Luchamos contra un enemigo invisible porque, desgraciadamente, desconocemos a los autores de esta epidemia de feminicidios”. Lily Mendoza nació y se crio en la reserva Cheyenne River, y conoce de cerca la realidad intramuros. Actualmente vive fuera de sus límites, cree que desde una distancia prudencial es como mejor puede desempeñar su labor voluntaria presidiendo la asociación. “Resulta difícil vivir dentro y no verte atrapada en esa espiral de violencia, adicciones y desesperanza”. Entre otras cosas, cuestiona el reparto de competencias para buscar la justicia: “Muchas investigaciones se diluyen en ese toma y daca entre policías y autoridades tribales, locales y federales, sin que ninguna aborde los casos con determinación. Esta situación atrae a los agresores y acentúa su sensación de impunidad, porque saben que las investigaciones relacionadas con mujeres pertenecientes a comunidades indígenas son mucho más lentas, menos rigurosas, atraviesan muchas fases… por lo que a menudo las familias desisten y los casos se archivan para siempre”.

¿A quién corresponde? 

Una de las cuestiones que en ocasiones agrava este embrollo jurisdiccional es la propia definición de ‘identidad nativa’ que cada Tribu o Gobierno Tribal reconoce según criterios específicos de porcentaje sanguíneo. En el caso de los Lakota, por ejemplo, un 25 por ciento de sangre nativa es suficiente para obtener tal reconocimiento. Según la Oficina de Censo de Estados Unidos, las personas indígenas (5,2 millones) representan el 1,7 por ciento del total de la población. ¿A quién corresponde esclarecer y juzgar el asesinato de una mujer lakota que residía fuera de una reserva, pero cuyo cuerpo ha aparecido dentro de los límites y todos los indicios apuntan a que el homicida es un hombre también lakota? ¿Y si la mujer vivía en la reserva pero su cuerpo ha sido hallado en la ciudad, cerca de un casino frecuentado por hombres blancos? ¿Y si la chica mestiza vivía en la reserva, si vivía la reserva con todas sus consecuencias, pero no figuraba en el censo como nativa? ¿Y si ni siquiera hay cuerpo? ¿El FBI? ¿La Tribe Police? No existe un protocolo que se aplique de manera sistemática.

“Parece mentira que semejantes frivolidades, ¡el porcentaje de sangre nativa de la víctima y de su agresor!, pueda obstaculizar la investigación de un homicidio o una desaparición, ¿verdad? Los Gobiernos Tribales siguen reclamando mayores competencias y recursos, y lo están consiguiendo, incluso para perseguir a agresores no nativos, pero el cambio no parece revertir como debiera. Venid, mirad…”.

Lily Mendoza nos conduce a un cuarto que ellas llaman Centro para la curación, la oración y el recuerdo. Numerosos vestidos rojos colocados en perchas cuelgan de las cuatro paredes. Fotos de niñas y jóvenes desaparecidas y sus nombres llenan el espacio. También hay cuadros al óleo, atrapasueños, reproducciones de la estrella de ocho puntas, y ramilletes de hierbas aromáticas ardiendo sobre conchas para purificar el alma. “Este pequeño rincón que veis es el único lugar de recuerdo colectivo para las Missing and Murdered Indigenous Women and Girls (MMIWG; mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas) en Estados Unidos”. No existe en todo el país una sola placa, un solo espacio dedicado de manera oficial a la memoria de estas personas.

La vulnerabilidad como legado colonial 

“Cuando llegaron los colonos blancos y arrasaron nuestros asentamientos, se hicieron con las mujeres como botín de guerra y las violaron en presencia de sus familiares. Con la humillación pública comenzó la reciente historia de degradación y opresión de las mujeres nativas y la inversión de su rol en nuestras sociedades. ¡Apenas han pasado 150 años!”, cuenta Mendoza.

El trauma histórico es la clave que explica muchos de los males que afectan a los pueblos originarios de Norteamérica y que las diferentes organizaciones y activistas se esmeran en explicar porque, aseguran, “es la raíz de todo lo que nos está ocurriendo”. Ese contexto histórico es esencial para comprender, por ejemplo, por qué en Pine Ridge, la reserva más cercana a Rapid City y la más deprimida de todas, la esperanza de vida al nacer es de 51 años, la tasa de paro alcanza el 89 por ciento, el alcoholismo y la drogodependencia afectan al 85 por ciento de las familias, y solo el cinco por ciento de la juventud completa sus estudios de secundaria. Otra cifra más: la tasa de suicidio entre adolescentes es un 150 por ciento más alta que la media estadounidense, según datos del Gobierno Tribal (Oglala Sioux Tribe).

“Como no pudieron matarnos en la batalla, decidieron hacerlo lentamente. Los conquistadores exterminaron a los millones de búfalos que pastaban en estas praderas para así despojarnos de nuestro estilo de vida. Sin carne para alimentarnos ni pieles para vestirnos y construir nuestros tipis, los jefes no tuvieron otra alternativa mas que acceder a que nuestra gente fuera desplazada a las reservas donde a cada familia le fue asignado un acre de tierra que no sabía labrar”, explica nuestra guía. Con las mantas que les fueron entregadas para sobrellevar los fríos inviernos, introdujeron enfermedades que los mataron por miles. A través del denominado Code of Indian Offenses de 1883, toda expresión cultural originaria quedó prohibida. También la promesa de una educación gratuita y de calidad resultó ser una trampa: “Las llamadas Indian Boarding Schools –continúa explicando Lily Mendoza– eran internados religiosos diseñados para la asimilación. Desde 1879 hasta 1973, miles de criaturas nativas fueron reconvertidas, desde los cinco años hasta los 18, al odio, al miedo y a la violencia; fueron tratadas como seres inferiores, estúpidas salvajes a las que gritaban, pegaban, insultaban, humillaban e incluso mataban si trataban de escapar. Al tiempo hemos sabido de numerosos casos de abusos sexuales que, seguro, fueron muchos más que los que han transcendido”. Como resultado, generaciones de juventudes vacías, privadas de identidad propia y sin un modo de vida o ni siquiera una actividad a la que aferrarse, regresaron a sus lugares de origen que, como cabía esperar, sintiéndose extraños.

“Los colonos blancos trajeron el dinero, el alcohol y las drogas a las que nuestra gente se abrazó para evadirse. Esto pronto se tradujo en una espiral de violencia generalizada que ha llegado hasta nuestros días, porque generación tras generación hemos crecido padeciéndola, o conviviendo con ella, siendo testigos, y transmitiéndola sin encontrar la manera de romper este círculo vicioso”, continúa. La metanfetamina hoy es más barata que la cerveza dentro de la reserva, y su consumo está generalizado.

Todas las fuentes entrevistadas durante nuestra estancia en la reserva testificaron innumerables casos de acoso, violaciones, incestos, progenitores que obligan a sus criaturas a traficar con droga o las prostituyen… Un escenario especialmente terrorífico para las mujeres: en Pine Ridge, en el 90 por ciento de los hogares las mujeres sufren violencia machista, pero no hay una sola casa de acogida en la reserva.

“Los agresores saben que, para la gran mayoría, la vida dentro de la reserva es un infierno. Los hombres que las abordan saben que muchas no dudarán en aceptar que les lleven en coche, o no vacilarán ante una falsa invitación. En otros muchos casos, suponemos que simplemente las asaltan antes de violarlas. Luego se deshacen de los cuerpos”. Lily Mendoza y su compañeras sospechan que las redes de trata con fines de explotación sexual y tráfico de órganos también tienen mucho que ver en esto: “Sabemos que una niña indígena virgen cuesta 5.000 dólares”.

Las activistas de la Red Ribbon Skirt Society y otros colectivos ven una clara relación entre el emplazamiento de los denominados Man Camps, los casinos y algunas cifras particularmente altas de mujeres nativas desaparecidas. Los Man Camps son asentamientos acondicionados para decenas de hombres que trabajan durante meses en la construcción de macroproyectos, como oleoductos. Desde que en 2017 el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera luz verde a dos proyectos congelados durante la era Obama, los Man Camps han proliferado de manera preocupante.

La construcción del oleoducto Dakota Acces provocó movilizaciones sin precedentes en Standing Rock para proteger sus tierras sagradas y las aguas del río Missouri. Recientemente, una sentencia federal ha ordenado la revisión de las consecuencias medioambientales del trazado actual. Otro proyecto, el Keystone XL, servirá para transportar 830.000 barriles de petróleo diarios desde la provincia canadiense de Alberta a distintos lugares de Estados Unidos, y supondrá el establecimiento de decenas de Man Camps sobre territorio nativo.

Del total de casos de violación y asesinato de mujeres indígenas que se esclarecen, el 70 por ciento son perpetrados por hombres no nativos, según datos de la Bureau of Justice Statistics. La cifra, aunque significativa, no es suficientemente representativa porque diversos organismos estiman que más de la mitad de las desapariciones, violaciones y asesinatos no se denuncian, especialmente aquellos que puedan implicar a familiares, vecinos o miembros de la misma tribu.

Visibilizar lo invisible

En las calles de Rapid City puede observarse la foto de Larissa Lone Hill, una joven lakota desparecida en octubre de 2016, cuya familia ofrece 5.000 dólares a cambio de información. “Larissa fue Miss Indian World, por eso su caso ha sido mediático… y también porque su familia tiene dinero para financiar esta campaña”, explica Mary Black Bonnet, quien sobrevivió a una violación. “Acudí a una comisaría de policía federal donde, tras declarar, me dijeron que no podían hacer nada por tratarse de un indigente nativo. Perdí el oído como consecuencia de los golpes que me propinó. Cogí a mi hija y nos vinimos Pine Ridge, de donde era mi familia”. Junto a las integrantes de la Red Ribbon Skirt Society está completando su propio proceso de curación.

Más allá de los núcleos urbanos adyacentes a las reservas, todo lo concerniente a los pueblos originarios es prácticamente invisible en Estados Unidos. No tienen presencia en la prensa general ni en la televisión y si lo hacen es a través de personajes estereotipados; tampoco en el ámbito de la publicidad, a excepción de los disfraces para Halloween de ‘indios’ e ‘indias’ altamente sexualizadas; no tienen lugar en el sector cultural y artístico… su presencia es mínima, incluso en comparación a los colectivos afroamericano y latino.

“Mediante marchas y otras formas de protesta, sacamos el problema a las calles y ejercemos presión sobre los medios de comunicación para que informen a cerca de este drama”, cuenta Black Bonnet. “Estamos en contacto con asociaciones amigas de Canadá, vamos creando una red interesante”. Entre sus demandas, una dirigida directamente a las autoridades competentes: “La falta de confianza absoluta en la justicia, la ineficacia policial y la sensación de desamparo son la principal razón por la que las familias no denuncian. Porque los prejuicios y estereotipos en torno a las comunidades indígenas afectan de manera negativa en la manera en que las autoridades abordan y persiguen estos crímenes”.

La vergüenza, la culpa, el complejo, el miedo, el aislamiento… también parecen pesar como factores disuasorios. Por eso es tan importante la labor ‘hacia dentro’ de las organizaciones: “Asesorando a las familias en sus procesos, logramos que otras tantas tomen la determinación de acabar con el silencio. Todas las semanas recibimos llamadas que nos hablan de hijas, sobrinas, primas… que perdieron hace incluso 30 años”. Black Bonnet explica que las diferentes formas de violencia sistemática ejercida sobre los pueblos originarios, y contra las mujeres nativas en particular, han acabado por percibirse como algo casi intrínseco a su identidad. “Pero, en Pine Ridge, los hombres han puesto en marcha más de una iniciativa para repensar sus roles y su modelo relacional para con las mujeres. Los más ancianos tratan de hacer recordar, a través de nuestra tradición oral, cómo era la vida en el seno de nuestras comunidades antes de la llegada de los colonos. Y las mujeres, poco a poco, empiezan a tomar conciencia de que las agresiones sexuales no son algo de lo que deban sentirse culpables, avergonzadas o deshonradas. Comienzan a hacerse preguntas, y eso supone un paso muy significativo”.

Este trabajo directo con las comunidades permite además crear una base de datos cada vez más sólida para determinar el número exacto de MMIWG, unas 5.500 en Estados Unidos. En Canadá, la iniciativa Walk 4 Justice de la Native Women’s Association of Canada las cifra en aproximadamente 4.500. Amnistía Internacional Canadá recoge en su informe ‘No More Stolen Sisters’ que la probabilidad de que una mujer nativa norteamericana de entre 25 y 44 años muera asesinada es cinco veces mayor que para el resto de mujeres.

Igone Mariezkurrena

fuente: https://www.pikaramagazine.com/2023/02/vestirse-de-memoria-y-justicia/

también editado en /publicar.argentina.indymedia.org/?p=11572

🇮🇶Siria: muerte tras escapar de la muerte. Ser sirio significa huir de la muerte en la cárcel y por bombardeos, para chocar con la muerte en los terremotos.

🇧🇷Entrevista a Fiammetta Bonfigli: “La normalidad en Brasil ya no existe. La normalidad era cruel y no querría volver a ella, pero sí quiero dejar atrás el terror constante”

🇵🇪Perú. Derechas peruanas contra las masas insurrectas⛓

Adalberto Santana

Parecería que, en la actualidad, las expresiones de las derechas en América Latina y el Caribe han repuntado. Esta afirmación podría inferirse por los más recientes acontecimientos que se han registrado en algunos países de la región a inicio del 2023, tal como aconteció en Brasil con el fallido golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o en las protestas violentas de las derechas bolivianas en Santa Cruz contra el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS). Pero sin duda donde han tenido un triunfo parcial es en Perú con la imposición de Dina Boluarte como presidenta de esa nación andina y su consecuente represión generalizada contra las protestas populares.

Desde el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 contra el presidente democráticamente electo, Pedro Castillo Terrones, las derechas peruanas se han afianzado en el gobierno con la represión. El golpismo se generó en Perú por la decisión de los sectores reales del poder, ubicando en la primera magistratura a la vicepresidente Dina Boluarte, nueva mandataria que en menos de dos meses ha generado una alianza con los sectores tradicionales de esas derechas peruanas que habían perdido la presidencia en las elecciones de junio de 2021. Han ejercido el poder generando un dura represión que suma 49 fallecidos hasta mediados de enero de 2023, en los enfrentamientos que la policía y las fuerzas armadas han desplegado contra las protestas que han realizado amplios sectores de campesinos, indígenas, estudiantes, mineros, comerciantes informales y diversos grupos populares de la formación social peruana.

La protestas de amplios sectores populares que se han generalizado en casi todo el territorio peruano, han tenido como demandas fundamentales: la renuncia de la misma Dina Boluarte y el cierre del Congreso dominado mayoritariamente por los partidos y por los grupos de poder de las derechas tradicionales. Pero también se ha reivindicado la demanda de una nueva constitución para derribar el orden constitucional que estableció el expresidente Alberto Fujimori. Pero un punto fundamental de las diversas marchas y cierres de carreteras por pobladores de diversos comunidades andinas ha sido la liberación del presidente Pedro Castillo, mandatario que sin duda ha contado con el respaldo popular y no del 27 por ciento que según el índice de aprobación daba la encuesta de IPSOS en el mes de noviembre pasado. Incluso a nivel latinoamericano, otros gobiernos de la región han manifestado su condena al golpismo peruano como han sido los presidentes de Andrés Manuel López Obrador de México, Gustavo Petro de Colombia, Luis Arce Catacora de Bolivia y Alberto Fernández de Argentina, como también se han sumado los de Honduras, Cuba, Venezuela y Nicaragua entre otros. Condena por la que la misma Dina Boluarte y el propio Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, en el comunicado oficial (15/12/2022) señaló: “En la fecha, la Cancillería ha dispuesto el llamado a Lima en consultas de nuestros Embajadores en la Argentina, Bolivia, Colombia y México, en reacción a la intromisión en los asuntos internos del Perú por parte de las más altas autoridades de los aludidos países, cuyas declaraciones cuestionan la sucesión presidencial realizada”. Recordemos que incluso el mismo gobierno de Boluarte declaró persona non grata al embajador mexicano Pablo Monroy Conesa, al cual le dio un plazo de 72 horas para abandonar su territorio en virtud de las declaraciones del presidente mexicano, que según otro comunicado oficial de la misma Cancillería peruana (20/12/2022) resultaron: “especialmente graves en circunstancias en las que el país enfrenta una situación de violencia incompatible con el ejercicio del legítimo derecho que asiste a toda persona de manifestarse pacíficamente.” Pensemos que lo que más irritó a los golpistas peruanos, fue la protección y el asilo que el Gobierno mexicano otorgó a la familia del presidente Castillo.

En esa misma lógica del gobierno golpista, fue la prohibición de que Evo Morales así como otros dirigentes del MAS de Bolivia, pudieran ingresar a territorio peruano, coyuntura en la que el mismo expresidente boliviano manifestó a través de Twitter: “La crisis política que afecta al hermano pueblo peruano, al Perú profundo especialmente, fue provocada por la conspiración permanente de la derecha fujimorista y medios derechistas contra un gobierno elegido en las urnas cuyo ‘delito imperdonable’ fue representar a los más pobres”.

Sin duda, la situación represiva del golpismo peruano ha sido condenada mundial y nacionalmente, incluso la propia Fiscalía del Perú inició una investigación contra la presidente de facto e incluso contra el primer ministro, Alberto Otárola y otros funcionarios del gobierno involucrados en la represión por “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”. Todo ello en el marco de la brutal represión contra diversos opositores en todo el territorio nacional. Incluso la Comisión Internacional de Derecho Humanos (CIDH) ha manifestado su condena por la violencia generada por las fuerzas de seguridad como también por aquellos sectores que han protestado contra esa misma represión estatal.

Según denuncia penal, el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte promueve una “política sistemática de represión desbordada en contra de la población”.

Un grupo de abogados de Arequipa presentaron una denuncia penal contra la presidenta Dina Boluarte, el jefe del gabinete Alberto Otárola, el ministro José Tello (Justicia y Derechos Humanos) y los exministros Pedro Angulo (PCM), César Cervantes y Víctor Rojas (Interior), por la presunta comisión de crímenes de genocidio y lesa humanidad durante las protestas en regiones, que exigen la renuncia de la mandataria, el cierre del Congreso, el adelanto inmediato de elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente.

Según la denuncia, las autoridades, vía la declaración de estado de emergencia nacional, “vienen ordenando y ejecutando una política sistemática de represión desbordada en contra de la población civil, generando un contexto en el cual se ha producido la muerte de más de medio centenar de personas y miles de heridos”.

La cacería terrorista es racializada

Hay un trasfondo de racialización en los métodos de criminalización de la protesta cuando no se manifiesta en Lima, lo que reafirman las recientes masacres en las localidades de mayorías indígenas, o cuando se trata de personas de otras provincias, perseguidas durante su viaje, estigmatizadas como violentistas desde antes de ejercer su derecho a la protesta, casi prohibidas de ingresar a la ciudad. Ninguna de las 60 víctimas en menos de dos meses de Boluarte en el poder, 45 asesinadas por balas de militares y policías, se registró en la capital.

Varias de las detenidas denunciaron agresiones físicas y psicológicas, negación de asistencia médica a personas con enfermedades, insultos racistas y calificativos de terroristas por parte de uniformados. No les devolvieron sus documentos de identidad, les quitaron sus celulares, dinero e incautaron la alimentación reunida para su estadía.

“Nos han lanzado bombas lacrimógenas, como a terroristas nos trataron, nos apuntaron con sus armas, nos han arrastrado, enmarrocado en el suelo”, contó una mujer puneña. “Nos han golpeado, maltratado, no somos delincuentes, nos han tenido en calabozos, nos acusan de daños materiales que nunca hemos hecho a la universidad”, denunció una víctima de la redada masiva que llegó desde Huancavelica.  (El régimen dictatorial persigue la protesta indígena en Lima – Radio Zapatista)

“Los manifestantes se han declarado en justo levantamiento —sin armas—, realizando la toma de carreteras, minas, aeropuertos, locales, universidades, etc., exigiendo la renuncia de la presidenta, una asamblea constituyente que elabore una nueva Carta Magna, el cierre del Congreso, adelanto de elecciones generales, entre otros”, se lee en el documento al que accedió La República.

Lo real de la actual coyuntura peruana, es que la oligarquía de la nación andina ha retomado el control del poder estatal y ha reforzado con los medios de comunicación una intensa campaña contra los sectores populares que han generado una gran protesta social. Coyuntura de descontento que no había alcanzado tal nivel de respuesta en más de 20 años en la vida política de ese país sudamericano. En tal situación parece que las derechas peruanas tienen que poner sus barbas a remojar. Tal como como es la tendencia, si la situación se revierte como aconteció en el caso boliviano, las masas indígenas, campesinas, trabajadoras, estudiantiles y movimientos sociales y populares podrán lograr cambiar la correlación de fuerzas para que de nueva cuenta a corto y mediano plazo retomen mayores espacios del poder político en el Perú.

(El texto fundamental es el de la cabecera al que se le han añadido textos de otros artículos de nodal, ANred, la ya mencionada Radio Zapatista y otras.)

La otra guerra que también recordamos (y denunciamos) este mes: Yemen

🌍 Noam Chomsky: “¡No debemos aceptar la conclusión de que todo está perdido!”

🕵🏻‍♂️Que pague + quien + tiene🕵🏻‍♂️

a subida de precios y costes de la vida, los efectos de la COVID-19 y la crisis climática están impactando en la vida de las personas de todo el mundo. La pobreza está aumentando por primera vez en 25 años.

Sin embargo, hay quien saca provecho de estas crisis: los ultra ricos. Ellos han visto crecer su riqueza, y los beneficios empresariales han alcanzado niveles récord, disparando la desigualdad, hasta el punto de que un 92,5% del aumento de los precios en España se explica por sus márgenes de beneficio.

Está claro que el sistema fiscal beneficia a las grandes empresas, reciben un tratamiento ventajoso. ¡Muchos prácticamente no pagan impuestos! Resulta tan injusto… Hay milmillonarios más ricos que tributan a menos del 1 % del total de su riqueza, mientras que Aber Christine, una de las mujeres con las que Oxfam colabora en Uganda y que se gana la vida comerciando en el mercado, paga en impuestos el 40 % de lo que logra vender.

La crisis de precios impacta en todas las personas, pero de manera desigual. Los hogares con menores recursos son los más afectados.

Es urgente contar con un sistema fiscal justo que recaude entre los que más tienen y destinar lo recaudado a salud, educación y medidas de protección social.

El actual sistema fiscal no es sano. Entre otras, estas son señales de relaciones socioeconómicas tóxicas que no nos podemos permitir. Los ultra ricos:

• se aprovechan de las crisis para aumentar su riqueza.
• venden y contaminan aquí pero declaran en un paraíso fiscal.
• aumentan sus beneficios pero no suben los salarios
• facturan millones pero apenas pagan impuestos.

España continúa siendo uno de los países más desiguales de su entorno.  A pesar de las medidas puestas en marcha durante la pandemia. Tan sólo Bulgaria, Letonia, Lituania y Rumanía presentan niveles de desigualdad superiores. La capacidad redistributiva es muy limitada debido al menor nivel de presión fiscal.   La desigualdad en España empeora durante las crisis económicas y no se corrige en momentos de crecimiento.

Acabamos de lanzar el informe global La ley del más rico y Sobra mucho mes al final del sueldo que aborda la nueva estructura de la desigualdad en España. Elaboramos estos y otros informes que incluyen propuestas concretas para tener impacto en medios de comunicación, presentarlas a nivel político y conseguir cambios.

Además, trabajamos en alianza con más de 60 organizaciones que defienden los derechos de la población migrante y de las mujeres trabajadoras del hogar y los cuidados, impulsamos el Ingreso Mínimo Vital en su puesta en marcha y en su mejora en la implementación, visibilizamos y hacemos propuestas ante la situación de precariedad laboral que enfrentan la mayoría de las y loss jóvenes e impulsamos el debate social y político sobre la necesidad de avanzar hacia un sistema fiscal más progresivo.  

La desigualdad es resultado de decisiones políticas y económicas y puede revertirse. Entre otras medidas, proponemos:

• Un sistema fiscal justo, que fomente relaciones socioeconómicas sanas, donde paguen más quienes más tienen y logremos recaudar ingresos públicos para invertir en salud, educación o medidas de protección social. 

• Medidas para aumentar los salarios. Los actores sociales y el Gobierno deben alcanzar un pacto de rentas que equilibre los márgenes empresariales y los salarios.

Iremos informando de todos los avances que hagamos para conseguir romper con la ley del más rico. Solo así podemos acabar con la desigualdad.

⛩China insta a EEUU a dejar de saquear recursos petroleros sirios: Cancillería

💂🏻Isabel II: el oscuro legado de la reina de Inglaterra. Monográfico de Historia con Puto Mikel y Herstóricas

 

🏴“Hasta mi último suspiro”🏴

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha emitido un comunicado en el que expresa su solidaridad con el anarquista italiano Alfredo Cóspito, en huelga de hambre desde el 20 de octubre.

La organización anarcosindicalista ha recordado en este comunicado que el anarquista italiano cumple dos meses de huelga de hambre en protesta contra el sistema penitenciario del Estado italiano que le mantiene desde hace 10 años en módulos de alta seguridad, y contra el “41 bis”, el régimen carcelario italiano más duro, instaurado en 1992 por el Estado para forzar la confesión de los detenidos y evitar su comunicación con el exterior. CGT ha explicado que este sistema produce graves trastornos psíquicos y físicos en las personas presas, además de ser esta una manera de condenar a la muerte política y social a la persona que se encuentra aislada.

Alfredo Cóspito, indican en el comunicado de los y las anarcosindicalistas, es un compañero que lleva en primera línea de lucha anarquista desde los años 80. Sus convicciones han sido la excusa en varias ocasiones para que el Estado italiano, que no ha dudado en proteger en otros momentos a verdaderos criminales, como grupos de fascistas implicados en grandes matanzas, le haya detenido, condenado a cadena perpetua y le haya negado la posibilidad de que esta pueda ser revisada.

Las acciones de Cóspito, aseguran desde la CGT, no han provocado víctimas, por ello consideran que detrás de este montaje político-judicial solo está la persecución y la criminalización del Movimiento Libertario y de las ideas anarquistas.

La CGT, a través de su secretario de Relaciones Internacionales David Blanco, ha exigido la puesta en libertad de Alfredo Cóspito y la abolición de este régimen carcelario por practicar las violaciones de los derechos humanos de las personas presas, llegando incluso hasta el acoso y el hostigamiento en muchísimos casos.

n el momento de escribir estas líneas, Alfredo Cospito cumple 80 días en huelga de hambre, iniciada el 19 de octubre de 2022, en protesta por su situación en prisión.

Alfredo es un anarquista insurreccionalista de Torino (norte de Italia), con décadas de militancia a sus espaldas, lo que le ha ocasionado sufrir la represión del Estado italiano desde muy joven, pasando por prisión en los ochenta cuando estuvo preso por declararse insumiso al servicio militar.

En el año 2012, participó en el atentado contra Roberto Adinolfi, un directivo de la empresa nuclear y armamentística Ansaldo Nucleare quien recibió un disparo en la pierna reivindicado por Federación Anarquista Informal, por lo que en 2014 fue condenado a 11 años de prisión.

En 2016, el Estado italiano llevó a cabo la operación Scripta Manent, deteniendo a 32 anarquistas por distintos atentados reivindicados por la FAI, que concluyó con condenas de cárcel y cierres de publicaciones y webs, como la de la histórica Cruz Negra Anarquista. En esta operación, Alfredo fue condenado a 20 años de prisión por un ataque explosivo contra una Escuela de Cadetes de los Carabineros en Turín, acción que fue realizada por la noche, por lo que no hubo ningún herido.

En julio de 2022, la Corte Suprema de Casación, equivalente al Tribunal Supremo español, recalificó el delito como masacre contra la seguridad del Estado, delito que tiene prevista como pena la cadena perpetua o ergastolo ostativo aunque no haya habido daños personales.

Desde el año 2014, Alfredo ha cumplido su condena en regímenes de Alta Seguridad, pero en mayo de 2022, fue trasladado al régimen 41 bis. Este régimen, sufrido en estos momentos por unos 750 presos y similar al régimen FIES de las cárceles españolas, es conocido como carcere duro y fue creado en los años de plomo para aislar a los presos de grupos armados anticapitalistas y, posteriormente, se ha aplicado a miembros de las mafias. La inclusión en el 41 bis supone el aislamiento, la ausencia de sociabilidad y de cualquier actividad para los internos y una sola hora de visita por mes con cristal integral y telefonillo que es grabada por los carceleros. A los presos les está prohibido recibir periódicos y libros, gran parte del correo es intervenido y bloqueado a causa de su contenido, está prohibido comprar periódicos y hay una fuerte limitación de los objetos que se puedan poseer al interior de la celda (libros, ropa, comida, papel y bolígrafo, etc).

Es la cárcel dentro de la cárcel, como se ha calificado aquí al régimen FIES, y del que solo se puede salir mediante el arrepentimiento y la colaboración con la Policía y la Justicia.

Más de 80 días de huelga de hambre

Ante este ataque del Estado italiano, Alfredo se ha dispuesto a plantar cara hasta las últimas consecuencias y el 19 de octubre de 2022 inició una huelga de hambre que a 8 de enero aún continúa y que proseguirá porque según sus palabras “Estoy condenado a un limbo sin fin, esperando el final de mis días. No lo tolero y no me rendiré. Continuaré mi huelga de hambre por la abolición del 41 bis y la cadena perpetua hasta mi último suspiro«.

En estos momentos, la salud de Alfredo es crítica. Ha perdido 32 kilos y tiene muy bajos los niveles de potasio, lo que afecta a las contracciones del corazón. Su médica de confianza puede visitarle una vez a la semana y comunica que está fuerte y con la moral alta.

En el exterior, la solidaridad es constante y de múltiples formas: desde concentraciones, pintadas y pancartas, hasta ataques explosivos contra intereses italianos pasando por declaraciones en el Parlamento italiano y manifiestos de juristas. A su vez, distintos presos han iniciado huelgas de hambre y otras formas de protesta en su apoyo.

⛓Derogar la sedición a cambio de criminalizar la protesta👎🏽

l pasado 11 de noviembre, los grupos parlamentarios del PSOE y UP presentaron su una Proposición de Ley Orgánica para reformar varios artículos del Código Penal, entre los cuales se encuentran el de sedición y el de desórdenes públicos.

A principios del mes de diciembre una holgada mayoría parlamentaria rechazó las enmiendas a la totalidad que propusieron los partidos de la derecha españolista (Vox, por ejemplo, proponía tipificar la “traición a la patria”) y la CUP (que propuso derogar la sedición y la Ley Mordaza, sin modificar otros delitos) y el próximo día 9 del mismo mes se tramitarán las enmiendas parciales que, previsiblemente, presentarán algunas formaciones de izquierdas.

Pese a los cambios de última hora que pueda haber, parece que ya está bastante claro en qué sentido se reformará el Código Penal en lo relativo a la sedición y a los desórdenes públicos, que debería entrar en vigor en algún momento del año 2023. Analizaremos a continuación las implicaciones que tendrán para manifestantes y movimientos sociales estos cambios legislativos.

La derogación del delito de sedición

Empecemos por lo positivo. Lo primero que se propone es la derogación del delito de sedición. Es una buena noticia, porque se trata de un delito antiguo, desfasado, que castiga con penas de hasta 15 años de prisión los alzamientos tumultuarios que se produzcan “para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones”.

Tal y como explicamos en un artículo titulado “La Sentencia del Procés, el derecho de protesta y el tsunami represivo”, la Sentencia del Procés, publicada en octubre de 2019, estableció que el delito de sedición se comete cuando se produce una “actitud de oposición a posibilitar la actuación de la policía, incluso mediante fórmulas de resistencia no violenta. Esa negativa, en ese escenario, aunque no se diese un paso más, es por sí sola apta e idónea para colmar las exigencias típicas del delito de sedición”. Es decir, según el Tribunal Supremo, para que exista un delito de sedición, no es necesario que exista violencia, porque “el alzamiento, por tanto, se caracteriza por esas finalidades que connotan una insurrección o una actitud de abierta oposición al normal funcionamiento del sistema jurídico, constituido por la aplicación efectiva de las leyes y la no obstrucción a la efectividad de las decisiones de las instituciones”.

Eso sí, esta desobediencia, para que se considere constitutiva de un delito de sedición, debe llevarse a cabo de una manera masiva, porque el artículo del Código Penal referido a la sedición (el 544) lo define como un alzamiento “tumultuario”. Y, por tumulto, entiende que debe tener una elevada participación y darse en varios sitios a la vez. “Una oposición puntual y singularizada excluiría algunos ingredientes que quizás podrían derivarnos a otras tipicidades. Pero ante ese levantamiento multitudinario, generalizado y proyectado de forma estratégica, no es posible eludir la tipicidad de la sedición”, dice la Sentencia del Procés.

No resultaba demasiado aventurado advertir que esa interpretación extensiva que realiza el Tribunal Supremo del delito de sedición podría criminalizar de forma desproporcionada el ejercicio de la desobediencia civil no violenta. Una obstaculización masiva de la labor policial o administrativa, como la que ocurrió en el 15-M en 2011, podría constituir un delito de sedición. Una paralización masiva de desahucios de forma simultánea, coordinada por el movimiento de vivienda, también.

Los desórdenes públicos multitudinarios

Entonces, ¿qué sustituye a la sedición? La Proposición reforma introduce un nuevo tipo agravado de desórdenes públicos. Castiga con penas de 3 a 5 años de prisión los desórdenes públicos que se “cometan por una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público”.

A priori, se trata de una alternativa preferible a la sedición. Las penas son más bajas y, además, el tipo penal de los desórdenes públicos exige que los hechos se cometan con “actos de violencia o intimidación”. Es decir, una desobediencia civil no violenta, en principio, no se debería ver afectada por este tipo penal.

Sin embargo, como aspecto negativo, hay que tener en cuenta que se sustituye la palabra “tumulto” (que el Supremo lo definió como una movilización masiva, replicándose a lo largo de un territorio amplio) por “multitud”. Se trata de un término indeterminado, que puede dar lugar a diversas interpretaciones. Un juez puede entender que un acto es “multitudinario” porque agrupa a 50 personas, otro puede entender que debe reunir a 500 y otro a 5.000. En cualquier caso, ya no será necesario que la movilización suceda en varios sitios a la vez (como ocurre con la sedición), sino que se puede aplicar a una única manifestación que reúna a un nutrido grupo de personas. Por tanto, su aplicación será mucho más frecuente de lo que jamás podría haber sido la del tipo penal de la sedición.

Por otro lado, esta nueva regulación establece que la multitud debe ser “idónea para afectar gravemente al orden público”. Es decir, no es necesario que el orden público se vea afectado gravemente, basta con que potencialmente pudiera haber ocurrido. Además, el término “grave” es, de nuevo, un término jurídico indeterminado. ¿Cuándo ha sido grave la alteración del orden? Su interpretación, una vez más, queda al arbitrio de los jueces. Algo que, como explicamos hace años en un artículo titulado “Un juez es un juez”, nunca es deseable.

En definitiva, las movilizaciones desobedientes masivas se pueden ver beneficiadas con esta nueva regulación, si se aprueba, ya que sus penas son más bajas y se exige un mínimo de violencia o intimidación. Pero, por otro lado, las movilizaciones que no sean tumultuarias pero sí multitudinarias se pueden ver perjudicadas por una nueva regulación que, castiga con mayor dureza los desórdenes ocurridos con una presencia numerosa de asistentes, aunque el orden público no se vea necesariamente afectado de manera grave.

La ampliación de los desórdenes públicos básicos

Por otro lado, se propone reformar el actual tipo básico de desórdenes públicos (que no requiere que las manifestaciones sean masivas). Si bien la reforma de las manifestaciones multitudinarias podía tener algo que ver con la derogación de la sedición y la creación de un delito nuevo que lo sustituyera, este nuevo cambio no guarda ninguna relación con la sedición. Se añade porque sí, porque quieren.

La nueva regulación que se propone permite que se puedan cometer desórdenes públicos con “intimidación”. Y es que la actual redacción castiga a quienes “alteraren la paz pública ejecutando actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas, o amenazando a otros con llevarlos a cabo”, pero la nueva sustituye el “amenazar a otros con llevarlos a cabo” por el término “intimidación”. Esto abre la puerta a la arbitrariedad y a incriminar conductas de tensión, miradas, expresiones, etc. que hasta ahora eran impunes. En el momento en el que la policía diga que se sintió intimidada por la actitud y estética de un grupo de manifestantes, podrían producirse unos desórdenes públicos.

Más allá de la introducción del concepto “intimidación”, la reforma añade nuevas conductas constitutivas de desórdenes públicos. Y, si se aprueba la reforma, ya no será necesario que se produzcan actos de violencia contra personas o cosas para que haya desórdenes, sino que también se podrán cometer “obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas; o invadiendo instalaciones o edificios”.

Las implicaciones para activistas de esta ampliación de las conductas típicas del delito de desórdenes es evidente. Creo que no tardaremos en ver a ecologistas imputadas por provocar cortes de carreteras cerca de empresas de combustibles fósiles (como hizo Futuro Vegetal este verano), o al movimiento de vivienda encerrándose en una sucursal bancaria (como ha hecho en incontables ocasiones). Por no hablar de protestas como las que tuvieron lugar en Catalunya en octubre de 2019 tras la publicación de la Sentencia del Procés en la que se ocuparon autovías, vías de tren e, incluso, el aeropuerto.

No es de extrañar que las principales críticas a este proyecto provengan del movimiento de vivienda. Tanto el Sindicat de Llogateres como la PAH han publicado entrevistas y comunicados y han organizado concentraciones contra la reforma.

La provocación, conspiración o proposición para cometer desórdenes públicos

Por último, la Proposición deroga el actual delito que castiga “la distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o consignas que inciten a la comisión de delitos de alteración del orden público, o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo”. Sin embargo, lo sustituye por un nuevo artículo que castiga “la provocación, la conspiración y la proposición para” cometer estos delitos.

En otras palabras, se sustituye un delito muy específico (la difusión pública de mensajes que inciten a alterar el orden) por un delito más abierto (la provocación, conspiración o proposición). Es más amplio, porque ya no se requiere que esa provocación sea pública. Puede producirse en el ámbito privado (por ejemplo, en un chat de WhatsApp cerrado). Y, una vez más, puede tener implicaciones negativas para los movimientos sociales.

Conclusiones

Una vez más, nos encontramos con que el Gobierno de coalición cumple una de sus promesas electorales (en este caso, la derogación de la sedición) pero que, cuando acudimos a la letra pequeña, en realidad el cambio no es tal. Ocurrió con la supuesta derogación de la reforma laboral (que no fue más que una operación de maquillaje sin demasiada trascendencia) o la presunta derogación de la Ley Mordaza que se está tramitando (que no es más que una leve modificación).

Con la derogación de la sedición no estamos siquiera ante una venta de humo como en los ejemplos anteriores, sino directamente ante un caso de empeoramiento de la situación actual. La reforma vendrá bien para los escasos casos en los que se pueda producir un delito de sedición (actualmente los líderes del Procés catalán son los únicos condenados por este delito), pero a cambio se retocan los desórdenes públicos, que afectan a miles de activistas y personas de a pie que son acusadas de cometer este delito en movilizaciones sociales. Y se hace por voluntad exclusiva de las promotoras de este reforma, no por una excusa jurídica o una demanda social. Se hace, al fin y al cabo, porque gobierne quien gobierne, al poder no le interesa que podamos ejercer el derecho de protesta, no vaya a ser que podamos cambiar las cosas.

Más información
– “Luces y sombras de la reforma de los delitos de sedición y desórdenes públicos” (Público), del cual se extrae la mayoría de la información de este artículo
– «La sedición «reemplazada» de Pedro Sánchez» (Kaos en la Red)
– “El Sindicat de Llogateres denuncia que la reforma de los desórdenes públicos castiga protestas pacíficas” (El Salto)
– “Los puntos más polémicos de la reforma del delito de desórdenes” (El Salto)
– “Unas 40 entidades catalanas denuncian que la reforma del Código Penal es un retroceso de la democracia” (ElNacional.cat)
– “El movimiento de vivienda pagaría los platos rotos de la reforma de la sedición” (Público)

💻Cómo reparar un disco duro

🌏2022, el planeta en llamas🔥

La crisis de Ucrania: el paraíso de las milicias neonazis

🏳️¿Y si a sus guerras solo fueran ellas y ellos?🏳️

ras el discurso de Zelensky ante el Congreso de EE. UU., los activistas contra la guerra piden la paz. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, se presentó ante el Congreso de los EE. UU. para exigir aún más ayuda militar a pesar de los miles de millones que ha recibido Ucrania desde el comienzo de la guerra.

El miércoles 21 de diciembre, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pronunció su primer discurso en persona ante el Congreso de los Estados Unidos, marcando los 300 días desde el comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania. Zelensky tenía una petición: más armas de los EE. UU. El movimiento contra la guerra de EE. UU. respondió con indignación ante la propuesta de intensificar una guerra que ha matado a cientos de miles y sumido al mundo en hambrunas y diversas crisis del costo de vida.

“Tenemos artillería, sí. Gracias”, dijo Zelensky, refiriéndose a los miles de millones que la administración de Biden ha enviado en ayuda militar a Ucrania. «¿Es suficiente? Honestamente, no realmente. Para garantizar que Bakhmut no sea solo un bastión que frene al ejército ruso, sino que el ejército ruso se retire por completo, se necesitan más cañones y proyectiles”.

Medea Benjamin, fundadora de CODEPINK, una destacada organización estadounidense contra la guerra, tuiteó en respuesta: “No hay nada glorioso en la guerra de Ucrania. Es un perder-perder para todos excepto para los fabricantes de armas. Zelensky debería estar llamando a la paz. Putin también debería hacerlo. y Biden. Y todos los demás«.

El discurso de Zelenskyy marcó un raro momento de unidad bipartidista en el Congreso de los EE. UU., ya que casi todos los congresistas se pusieron de pie para ovacionar antes y después del discurso. El líder de la minoría republicana en el Senado de EE. UU., Mitch McConnell, dijo en un discurso posterior, en un raro momento de acuerdo con el presidente Joe Biden: “Las razones más básicas para continuar ayudando a Ucrania a degradar y derrotar a los invasores rusos son los intereses estadounidenses fríos, duros y prácticos… derrotar La agresión de Rusia ayudará a prevenir más crisis de seguridad en Europa”.

Altos funcionarios de los partidos Republicano y Demócrata están en gran parte unidos en el impulso de más ayuda militar a Ucrania. Se espera que ambas cámaras del Congreso aprueben un proyecto de ley de financiación general antes del 23 de diciembre con apoyo bipartidista. El proyecto de ley incluye un paquete de ayuda de 45.000 millones de dólares para Ucrania.

Soldados británicos y alemanes confraternizando en Ploegsteert, Bélgica, el día de Navidad de 1914. Foto: Wikimedia

• Más de 900 líderes religiosos en EE. UU. exigen tregua navideña en Ucrania.
• Los líderes religiosos invocan el legado de la Tregua de Navidad de 1914 durante la Primera Guerra Mundial, pidiendo paz y negociaciones en Ucrania.

Antes de las vacaciones de fin de año, casi 1000 líderes religiosos de los Estados Unidos han pedido una tregua en Ucrania. Con 14 millones de personas desplazadas y más de 6.700 muertes confirmadas (aunque se estima que el número real de muertos es mayor), la guerra en Ucrania ha resultado ser de una enorme violencia. Los líderes religiosos han invocado el legado de la Tregua de Navidad de 1914 durante la Primera Guerra Mundial al pedir la paz y las negociaciones en Ucrania. Dirigidas desde cero por soldados tanto del lado británico como del alemán, durante la tregua de 1914, las tropas desafiaron a sus oficiales y cesaron las hostilidades durante la Navidad en todo el frente occidental.

Casi 1000 líderes religiosos firmaron una declaración en la que se puede leer: “Siguiendo el espíritu de la tregua que se produjo en 1914 durante la Primera Guerra Mundial, instamos a nuestro gobierno a asumir un papel de liderazgo para poner fin a la guerra en Ucrania apoyando las llamadas a un alto el fuego y un acuerdo negociado, antes de que el conflicto resulte en una guerra nuclear que podría devastar los ecosistemas del mundo y aniquilarlo en su totalidad”.

La declaración fue elaborada por las organizaciones de paz estadounidenses CODEPINK, el Consejo Nacional de Ancianos y Fellowship of Reconciliation–USA (FOR).

Las recientes escaladas en Ucrania, especialmente por parte de los EE. UU., han generado preocupaciones en todo el mundo sobre el potencial de una confrontación nuclear. La Revisión de la Postura Nuclear (NPR) de Biden, publicada el 27 de octubre, abandona la promesa de la campaña 2020 de Biden de apoyar una política de «no ser el primero en usar» las armas nucleares. Pide una reconstrucción del arsenal nuclear estadounidense, citando amenazas de Rusia y China, a pesar de que la inteligencia estadounidense ha admitido que no hay señales de que Rusia se esté preparando para usar armas nucleares. Estados Unidos también ha acelerado el almacenamiento de ojivas nucleares mejoradas en Europa a medida que la guerra continúa en el continente. Como escribió la Unión de Científicos Preocupados en una publicación de blog, “Biden NPR duplica la disuasión nuclear y el enfoque de statu quo de la seguridad que dice que todos debemos estar preparados para morir en menos de una hora. Ese no es un mundo en el que ninguno de nosotros debería querer vivir”.

Mientras Estados Unidos escala, las organizaciones pacifistas piden negociaciones. “La negociación no es un eufemismo para la capitulación, ni es una racionalización de la agresión de Putin”, dice Medea Benjamin, cofundadora de CODEPINK. “Es simplemente un reconocimiento de que el final de esta guerra no se puede lograr con más guerras. Se debe actuar ante cualquier perspectiva de una pausa en las hostilidades”.

El 19 de noviembre, organizaciones de paz como CODEPINK colaboraron en un acto contra la guerra organizado por el Foro de los Pueblos y la Coalición ANSWER, y también pidieron negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania. Hablando de la condena de las voces progresistas por la paz en los Estados Unidos, el director de ANSWER Coalition, Brian Becker, dijo en el acto: “Cada vez que las personas se han organizado, luchado y movilizado por la paz, atraen la ira de los hacedores de guerra… No importa si sus consignas son blandas o suaves, ya sea que hablen de negociaciones o de derrocar al capitalismo, movilizar al pueblo contra la guerra es un gran peligro para los belicistas, porque si el pueblo finalmente dice NO a la guerra, la guerra termina. La clase dominante no puede hacer las guerras sin la gente”.

Peruvians demand a new, participatory political system