🏴Memoria Histórica🏴

Carta abierta de Octavio Alberola a la vicepresidenta primera del Gobierno.

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Octavio Alberola

Sí, señora Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno, es una infamia dividir a las víctimas de la represión franquista en dos clases, como lo hace el artículo 10 de la Ley de Memoria Histórica promulgada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Ley que el PSOE y el actual Gobierno se han propuesto reformar en este comienzo de nueva Legislatura; pero sin abrogar un artículo que introduce tan infamante discriminación entre las víctimas de la represión franquista.

Un artículo, introducido subrepticiamente en esa Ley, poco antes de su aprobación en el Congreso, con la inconfesada intención de favorecer a unas víctimas más que a otras. Lo que se hace al dividirlas a partir de una fecha arbitraria, 1968, y fijar «una indemnización por una cuantía de 135.000 €» para los beneficiarios de quienes perdieron la vida «durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977, en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos». Y ello pese a que en el artículo 7 de esta misma Ley -que es el que aborda lo de los represaliados excluidos de las indemnizaciones en la Ley 4/1990, del 29 de julio de Presupuestos Generales del Estado para el año 1990- se fija solo «una indemnización de 9.616,18 €» para todos los condenados «a pena de muerte efectivamente ejecutada»

Sí, señora vicepresidenta primera, es una infamia mantener ese artículo que discrimina a las víctimas de la represión franquista de antes de 1968. Una discriminación que el redactor del artículo 10 ha pretendido justificar «por las circunstancias excepcionales que concurrieron en su muerte». ¡Cómo si la muerte de Lluis Companys, Juan Peiró, Julián Zugazagoitia, Francisco Cruz Salido, los hermanos Sabater y demás guerrilleros de los años cuarenta y cincuenta, Julián Grimau, Joaquín Delgado, Francisco Granado y de tantos otros más, abatidos o ejecutados por el régimen franquista antes de 1968, no se hubiese producido en las mismas «circunstancias excepcionales» de la represión franquista!

Usted misma, señora vicepresidenta primera, se ha referido ayer, en la sesión de control al Gobierno en el Senado, a otras víctimas de ese periodo de antes de 1968, los «desaparecidos», esos «compatriotas que entregaron la vida para seguir sembrando libertad, derechos y democracia de la que nos beneficiamos». Y ha dicho que «se merecen la verdad, pero también la reparación»?

¿Cómo, pues, aceptar la división discriminadora que ese artículo 10 establece entre ellas de manera tan arbitraria e injusta? Sobre todo cuando siempre se ha hablado y se habla, de «las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura», como un grupo en el que la condición de víctima es la misma para todas y en ningún otro caso se ha considerado posible dividirlas. ¿Por qué sería posible dividirlas en dos clases para las que perdieron la vida cuando no lo ha sido para las que solo sufrieron prisión? ¿Por qué, según el artículo 7, solo hay una categoría de víctimas de la represión franquista y dos, según el artículo 10?

Sí, señora vicepresidenta primera, mantener ese artículo es una infamia. Sus propios socios del Ejecutivo de coalición gubernamental, Unidas Podemos, lo han comprendido y por ello proponen -en la Proposición no de Ley presentada el 29 de junio de 2018 para reformar la Ley de memoria histórica de 2007- un artículo, el 32, que fija una reparación única por «una cuantía de 80.000 euros a las personas beneficiarias de quienes fallecieron o sufrieron lesiones incapacitantes por la represión franquista en su lucha contra la dictadura hasta el 15 de octubre de 1977».

Sí, señora vicepresidenta primera, se les puede reconocer su su afán y urgencia en convertir la temática de Memoria Histórica en política de Estado para homologar a España con otras democracias europeas en esta materia; pero, si mantienen el artículo discriminador en la nueva ley de «Memoria Democrática», el PSOE y el actual Ejecutivo se mantendrán en la infamia.

12 de febrero de 2020

SOBRE EL ACUERDO DE LA COALICIÓN PROGRESISTA PSOE y UP: Un nuevo acuerdo para España

acuerdoMás allá de la retórica “social demócrata” y de las broncas de la clase política más ecofascista, así como la supuesta preocupación de la clase empresarial, representada por la CEOE, las clases asalariadas empleadas, sub-empleadas, precarizadas, activas o pensionistas, deberíamos ser conscientes que nada cambia “sustancialmente” respecto a las reglas de juego que el neoliberalismo constituyó desde los años 80 del siglo pasado y redefinió a peor, a raíz de la “Gran Crisis-Estafa Global desde el 2008”.

LATE MOTIV – Marta Peirano. El enemigo conoce el sistema

CarlosTaibo – Com fem front al col·lapse? ¿Como afrontamos el colapso?

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🏠Sic res familiaris – Cosas de casa🏠

piensa1️⃣ Diputación participa en un proyecto para reactivar el suministro de agua en regiones de Cuba

Es bonito que la Diputación Provincial de Granada participe en tan bonito proyecto solidario. Pero yo, en mi inocencia, me pregunto. ¿No estaría también más o tan bonito que primero intentara arreglar los problemas de luz de su “propia casa”? Aquello de “en casa del herrero cuchara de palo”.

pingu1️⃣.1️⃣ Vecinos se manifiestan ante la casa de una anciana que se quedó sin teleasistencia por un corte de luz

El defensor de la Ciudadanía se ha remitido a este nuevo caso para indicar que en la zona Norte se está produciendo un “atentado contra la salud”

Los políticos locales, como no visitan la zona, como que no se enteran. Es más, una visita al “Polígono” no le gusta a ninguno, ni locales ni No locales. En cambio una visita al trópico… ¡que ilu! ¡oye!

piensa1️⃣.1️⃣.1️⃣ La Comisión Europea apunta a los cultivos de marihuana como causa de los cortes de luz en zona Norte

Asegura que sigue supervisando las medidas nacionales “a fin de garantizar el pleno respeto de los derechos de los usuarios de energía en virtud de la legislación” comunitaria

La Comisión Europea apunta a los cultivos de marihuana como causa de los cortes de luz en la zona norte de Granada

Eso lo sabe todo el mundo. Pero como Sevillana no se atreve a entrar allí a cortar la luz a los huertos, pues lo solucionan cortando la luz a todo el barrio. No sucede los mismo en Haza Grande. Otro barrio con muchas casas-huertos de mariguana. Al estár rodeada de barrios-colonias-urbanizaciones residenciales, no se puede cortar la luz al barrio. La mitad de los políticos de Granada se quedarían sin ella. Sería bonito, que se acercaran por un rato, en su vida, al resto de la ciudadanía.

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2️⃣ Moreno se marca como objetivo revitalizar y convertir la Alpujarra en motor de desarrollo

El presidente de la Junta de Andalucía ha inaugurado este jueves el puente sobre el río Chico, en la carretera A348, a su paso por el municipio granadino de Órgiva

El Sr Moreno, actual Presidente de la Junta de Andalucía, haría mejor fijándose en otras comarcas. Que esa, en concreto, tiene exceso de turistifación y de cultivo. Zona que tendría que respetar la legislación respecto a un territorio “patrimonio de la humanidad” y que se está convirtiendo en un “invernadero plastificado” con abuso de unas aguas que no tienen. Pero claro, las noticias de dicha comarca, “venden”, la Zona Norte (por poner un ejemplo) No. Si quiere conocer los problemas del pueblo, podría hacer una visita a las 3000 viviendas en Sevilla, al Polígono de Cartuja – Almanjáyar en Granada

piensa3️⃣ El ayuntamiento de Granada, no sabe que chorrada inventarse para seguir viviendo del cuento, “vender la moto”, hacer, no hace nada, pero como que hace algo.

Una nueva lanzadera de empleo adaptada a la era digital

Dice el dicho “aunque la mona se vista de seda… mona se queda”, ¿Para que tanta lanzadera? Lo primer sería crear empleo. Claro que lo mismo esa lanzadera es para mandar a las paradas y parados a Marte.

pingu4️⃣ Huétor Vega se opone a instalar un centro de menores en un hotel abandonado

Si fuera un casino o una casa de citas, no habría ninguna oposición, pero como es un centro para recoger los menores que cruzan el estrecho. Todos son inconvenientes.

pingu5️⃣ En la tercera ciudad más contaminada de España y donde apenas si existe industria de ningún tipo.

Granada lidera en Andalucía el uso de calderas de biomasa, que empeoran la calidad del aire

La provincia cuenta con más de 76.000 instalaciones de este tipo para calefacción, la gran mayoría en hogares.

pingu6️⃣  Los de siempre siguen haciendo lo que han hecho siempre, y como les dejan, pues en envalentonan.

Arrancan una placa que señaliza un Lugar de la Memoria y rajan un cuadro de una exposición de La Desbandá

Ataques a símbolos de la Memoria Histórica en la Costa de Granada

La Asociación y Club Senderista La Desbandá, que estos días marcha por la Carretera entre Málaga y Almería para recordar la masacre a la población civil que huía de las tropas franquistas, denuncia que “la intransigencia atenta contra la cultura y la memoria”.

piensa 7️⃣ La Junta trabaja en una Estrategia Andaluza sobre el sinhogarismo

Miedo da esta noticia ¿qué barbaridad pretenderán contra los Sinhogar? Es que no tienen ya bastante.

puaf8️⃣ Pa deprimirse del to, la jilipoyez sin límites:

Granada, ciudad de puretas y ‘trols’

Es la capital española con mayor índice de penetración de su población en Facebook (125%) y Twitter (28%). En Instagram, la red social juvenil, tiene la segunda tasa más alta del país debido a su población estudiantil.

Lo del 125% me parece que no lo entiendo bien. Es más, esos tantos por ciento ¿En base a? ¿En razón de? ¿Tendiendo en cuenta qué?

9️⃣ No es local, pero si es una vergüenza..

pinguEstrasburgo rectifica y avala las ‘devoluciones en caliente ‘de inmigrantes

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos falla por unanimidad a favor de España en el caso de dos inmigrantes expulsados a Marruecos tras entrar ilegalmente en el enclave español en agosto de 2014.

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Insistimos en la ilegalidad de las “devoluciones en caliente”

La sentencia conocida ayer por la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre el caso de dos jóvenes expulsados de Melilla en 2014 no debe tomarse como un espaldarazo legal a las ‘devoluciones en caliente’. CEAR seguirá denunciando la ilegalidad de estas prácticas.

Para CEAR, que intervino como ‘tercera parte’ en la demanda junto a otras entidades, la sentencia es desalentadora. No obstante, no lo entendemos como un respaldo legal general a las expulsiones colectivas, sobre todo teniendo en cuenta que la Gran Sala justifica su decisión en que estas personas podrían haber solicitado asilo en el puesto fronterizo de Melilla, pese a que ninguna persona de origen subsahariano ha podido acceder a este puesto desde su creación.

La organización señala que es de sobra conocido la imposibilidad de solicitar asilo en una embajada para ser trasladado a territorio español. Desde que existe esta posibilidad en la Ley de Asilo solo ha sido aplicada en casos contados y muy excepcionales.“La falta de vías legales respecto a las personas merecedoras de protección internacional pasa en este momento por ponerse en manos de traficantes”, denuncia Paloma Favieres, coodinadora estatal del Servicio Jurídico de CEAR.

Por ello, en CEAR confiamos en que el Tribunal Constitucional no deje en papel mojado la normativa internacional de asilo y establezca la incostitucionalidad de estas práctica

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⚖️Año nuevo “judicial”

En el país de los “hombres libres”⚖️.

manningSegún publica “The Guardian”, periódico nada sospechoso de estar contra el sistema.

Un alto funcionario de la ONU acusa a los EE.UU. de torturar a Chelsea Manning

La ex analista de inteligencia del ejército encarcelado por negarse a testificar contra Wikileaks, supuestamente está siendo sometida a “severas medidas de coerción“. Manning se encuentra actualmente encarcelada en los Estados Unidos por su negativa a testificar contra Wikileaks.

Nils Melzer, el relator especial de la ONU para la tortura, hizo la acusación en una carta enviada en noviembre, pero no fue publicada hasta el martes 31 de diciembre.

En la misiva, Melzer dice que Manning está siendo sometido a “medidas de coerción abierta y progresivamente severas que cumplen con todos los elementos constitutivos de la tortura u otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes“.

Manning, que fue detenido el 16 de mayo por negarse a testificar ante un gran jurado, está actualmente recluido en el centro de detención de Alexandria, en Virginia, hasta que acepte prestar declaración o hasta que el mandato del gran jurado expire en noviembre del año próximo. También se enfrenta a multas que actualmente ascienden a 1.000 dólares diarios.

En la carta, Melzer escribe: “La práctica de la privación coercitiva de la libertad por desacato civil… implica la imposición intencional de sufrimiento mental y emocional progresivamente severo con el propósito de coerción e intimidación por orden de las autoridades judiciales“.

Advirtiendo que “las víctimas de confinamiento coercitivo prolongado han demostrado síntomas postraumáticos y otras consecuencias graves y persistentes para la salud mental y física“, Melzer dijo que la detención de Manning “no es una sanción legal sino una medida coercitiva abierta y progresivamente severa que equivale a la tortura y que debe ser interrumpida y abolida sin demora“.

Los abogados de Mannings han argumentado que su detención “por negarse a cumplir con un gran jurado es inútil, punitiva y cruel” y advirtieron que no es probable que cambie de opinión.

En una carta publicada en marzo, cuando Manning volvió a la cárcel, sus abogados advirtieron: “Chelsea ha declarado claramente su objeción moral al secreto y opresivo proceso del gran jurado. Somos amigos y compañeros de organización de Chelsea, y la conocemos como una persona totalmente comprometida con sus principios“.

Advirtieron a las autoridades estadounidenses que si “creen que someter a Chelsea a más castigos hará que cambie de opinión, están muy equivocados“.

Los fiscales de Virginia están decididos a obligar a Manning a testificar en lo que esperan sea un eventual juicio a Julian Assange, el fundador de WikiLeaks.

Assange ha sido acusado de conspirar con Manning para irrumpir en los ordenadores militares y ayudarle a transmitir una gran cantidad de secretos de estado de los EE.UU. a WikiLeaks que luego publicó, causando un alboroto internacional.

Manning fue posteriormente condenada a 35 años de prisión militar en 2011. Manning pasó siete años tras las rejas antes de que Barack Obama conmutara su sentencia en 2017.

“Aquí me estoy muriendo lentamente”: Assange logra hablar con un amigo desde la prisión Belmarsh

EEUU mata a un poderoso general y hombre fuerte del régimen iraní en medio de la escalada de tensión en la región

 

 

Empresas privadas, software de vigilancia y derechos humanos

Por Eva Galperin y Cindy Cohn

effSon noticias viejas el que los gobiernos de todo el mundo estén haciendo un mal uso de los programas de vigilancia digital, vendidos por empresas privadas que rastrean y atacan a las personas para cometer abusos contra los derechos humanos. Recientemente, Amnistía Internacional informó de que dos destacados defensores marroquíes de los derechos humanos habían sido atacados utilizando el programa informático del Grupo NSO, con sede en Israel. Esta misma semana, WhatsApp demandó al grupo NSO por utilizar software espía, señalando en la demanda legal que el grupo NSO cuenta como clientes al Reino de Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos y México y que WhatsApp había encontrado objetivos con números de teléfono de cada uno de esos países. Gracias a la defensa y a la investigación de EFF, así como a nuestros amigos de Citizen Lab, Amnistía Internacional, Privacy International y otros, ahora hay un conocimiento preciso del problema. Pero las empresas, los activistas y los gobiernos siguen luchando por encontrar soluciones. Mientras tanto, las empresas privadas con sede en el Reino Unido y Alemania (FinFisher), Italia (Hacking Team) e Israel (NSO Group) siguen obteniendo beneficios vendiendo “software de interceptación legal” a los gobiernos y a las organizaciones encargadas de la aplicación de la ley en países con un historial de derechos humanos indudablemente deficiente.

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Algunos, incluyendo Citizen Lab y el Relator Especial de la ONU David Kaye, han sugerido que una moratoria sobre la venta, transferencia y uso de este tipo de software de vigilancia debería entrar en vigor hasta que se establezca una regulación clara que respete los derechos humanos. “Las empresas parecen estar operando sin restricciones“, dice Kaye. “Es fundamental que las propias empresas cumplan con sus responsabilidades en materia de derechos humanos, incluso divulgando sus transferencias, llevando a cabo evaluaciones rigurosas de los efectos en los derechos humanos y evitando las transferencias a Estados que no puedan garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos“.

Logremos o no una moratoria, a largo plazo necesitamos una estrategia para proteger a los defensores de los derechos humanos, periodistas, activistas y gente común de las interceptaciones ilegales y a las violaciones de los derechos humanos, aun cuando las fuerzas del orden realicen interceptaciones legales que cumplan con las leyes de derechos humanos. Especialmente en los países más pequeños, es probable que las empresas privadas sigan ofreciendo herramientas que puedan hacer ambas cosas.

Entonces, ¿cómo debería ser el comportamiento corporativo responsable? El primer paso es redactar documentos políticos sólidos. Esto es esencial y un examen minucioso del documento puede mostrar a menudo si refleja o no un verdadero compromiso con la protección de los derechos humanos.

El segundo paso, y la verdadera medida de una buena política de derechos humanos, es si realmente protege los derechos humanos en la práctica. De lo contrario, la emisión de una política de derechos humanos se convierte en otra maniobra de relaciones públicas. Por lo tanto, aunque exigir políticas fuertes es bueno, y la Fundación de la Frontera Electrónica EFF continúa haciéndolo, si la política funciona sobre el papel y simplemente está ocultando el mal comportamiento, esto se debe de ver en su implementación.

Es por eso que somos muy escépticos sobre la Política de Derechos Humanos recientemente publicada por NSO Group. A primera vista, parece ser exactamente el tipo de documento de política por el que estamos presionando, pero la brecha entre las palabras y las acciones del Grupo NSO ya es grande, y parece haber aumentado con la demanda de WhatsApp.

Pero empecemos con las palabras. La política comienza así: “Como parte del compromiso y la alineación de la OSN con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, la protección de los derechos humanos está presente en todos los aspectos de nuestro trabajo. Nos mantenemos a los más altos estándares de ética en los negocios, tomando todas las medidas razonables para prevenir y mitigar el riesgo de mal uso de nuestros productos“.

Hasta ahora suena bien.

Pero a continuación vemos señales claras de que esta política puede ser el producto de los departamentos de relaciones públicas y marketing, más que una indicación de un cambio real en la política. Comencemos con la poca atención prestada a la transparencia y la rendición de cuentas. Lo más cercano a la supervisión externa es la promesa de que “los procedimientos serán revisados periódicamente por expertos experimentados en el cumplimiento de los derechos humanos y actualizados con base en sus hallazgos y recomendaciones“. ¿Quiénes son estos expertos? No lo sabemos. Por supuesto que el documento en sí no necesita tener los nombres, pero la OSN debería ser transparente en algún lugar sobre quién está haciendo sus revisiones externas de transparencia y hasta ahora, no lo hemos visto.

¿Quién leerá estos hallazgos? ¿Cómo sabremos si se implementan? Aquí hay otro lugar donde el Grupo NSO se da mucho margen de maniobra. Por un lado, la política refuerza el compromiso de la empresa con la transparencia, a través de informes públicos sobre los “principios y la eficacia de nuestra política de derechos humanos“. Pero aquí está el truco: sólo después de “tener en cuenta las restricciones legales, contractuales, de seguridad y comerciales que pueden limitar nuestra libertad de revelar información concreta“. Si bien entendemos que podrían existir algunas limitaciones -podría haber información confidencial legítima en las revisiones de derechos humanos-, este lenguaje, además de nuestra comprensión de cómo la confidencialidad y el secreto forman parte integrante de estos acuerdos de vigilancia del gobierno, nos preocupa que estas “consideraciones” puedan tragarse la promesa de transparencia en su totalidad. Y, por supuesto, el Grupo NSO decide sobre estas “restricciones“, por lo que se ha dejado un vacío legal para publicar informes que no contienen nada de valor. Estaremos muy atentos para ver cómo se desarrolla esto.

Más importante aún, esta nueva política ha sido emitida a la sombra de una tremenda desconexión entre lo que el Grupo NSO dice que va a hacer y su historial, hasta ahora, de abusos de derechos humanos. Esto incluye su participación en México, en Arabia Saudita y su decisión de demandar al periódico The Guardian por informar el (verdadero) hecho de que una parte importante de la compañía es copropiedad del ex director ejecutivo de las famosas Serpentine Galleries de Londres. Y, por supuesto, esto incluye ahora los hechos de la denuncia de WhatsApp de objetivos que incluyen a “abogados, periodistas, activistas de derechos humanos, activistas políticos, defensores de los derechos humanos y defensores de los derechos humanos. disidentes, diplomáticos y otros altos funcionarios de gobiernos extranjeros“.

Aunque el Grupo NSO se encuentra actualmente en el punto de mira, la EFF también destaca la necesidad de asegurar que las empresas no se limiten a emitir promesas en papel sobre derechos humanos en nuestros recientes comentarios a la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de los Estados Unidos. La Oficina publicó recientemente un borrador de guía para la exportación de estas tecnologías que consideramos es un excelente comienzo para las empresas que no quieren ayudar en los abusos de los derechos humanos. El Documento de orientación se ajusta y desarrolla en mayor medida a las ideas contenidas en nuestra propia propuesta, denominada “Conozca a su cliente“. Ambos se basan en los requisitos que las empresas estadounidenses ya tienen que seguir en el contexto del control de las exportaciones y la lucha contra el soborno, añadiendo las preocupaciones de derechos humanos a la lista de pantallas y acciones que las empresas ya emprenden al vender sus productos a gobiernos extranjeros.

Bajo este marco, las empresas que proporcionan tecnologías o servicios técnicos directa o indirectamente a los gobiernos -especialmente los tipos de tecnologías que requieren apoyo y actualizaciones continuas- deben investigar quién está comprando y utilizando sus tecnologías. Deben tratar de construir herramientas que sean resistentes a los abusos o, si no pueden hacerlo, abstenerse de proporcionar o apoyar tecnologías que parezcan apoyar los abusos contra los derechos humanos. Y el proceso debe ser continuo. Las empresas deben llevar a cabo revisiones periódicas, auditorías y actualizaciones de sus procesos, exigir la participación de personal capacitado hasta e incluyendo al equipo ejecutivo, y asegurar la presentación de informes públicos.

El hecho de que el Grupo NSO reconociera que necesitaba proporcionar una política destinada a proteger los derechos humanos demuestra que los que formamos parte de la comunidad de la sociedad civil hemos hecho progresos. Hace apenas unos años, estas empresas pasaron desapercibidas o, peor aún, afirmaron que no tenían ninguna responsabilidad de proteger los derechos humanos en absoluto.

El siguiente paso es claro. Tenemos que hacer que cumplan sus promesas. Todas las empresas que venden herramientas a los gobiernos que pueden ser utilizadas para violar los derechos humanos, ya sea en los Estados Unidos o en todo el mundo, deben ir más allá de las políticas de papel y, de hecho, defender los derechos humanos. En ese sentido, el Grupo NSO todavía tiene un largo, largo camino por recorrer.

No hay más remedio que recordar que:

El lunes 18 de noviembre el INE iniciará un estudio que analizará los movimientos de teléfonos móviles en España para realizar un estudio de movilidad. La primera fase de este estudio tendrá lugar durante cuatro días laborales, del 18 al 21 de este mes, si no deseas que tus datos sean utilizados, en esta infografía a continuación pongo distintas páginas que aconsejan como evitarla, la manera más real me parece una muy simple y sencilla.

NO USES EL MÓVIL LA SEMANA QUE VIENE.

Guía para evitar que el INE recoja datos de tu móvil en el estudio que empieza el lunes

Cómo evitar que mis datos y mi teléfono formen parte del estudio del INE

Cómo evitar que tu operador comparta tu localización con el INE

Facebook quiere tu cara: te pedirá una foto y un vídeo para demostrar tu identidad

España pidió datos de los usuarios de Facebook en 1.700 ocasiones durante la primera mitad del año

Marquesinas y vallas publicitarias que cambian según quién las ve: tus datos personales te van a seguir a la calle

 

Más de 170 organizaciones advierten a la Junta de Andalucía

que emprenderán acciones legales si ceden los datos de personas migrantes en situación irregular

  • Las organizaciones denuncian que el acuerdo vulnera la Ley de Protección de Datos, el Reglamento de la UE de Protección de Datos, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y la Declaración Universal de los Derechos Humanos
  • Numerosas entidades han enviado una carta al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, demandando que dé marcha atrás en el acuerdo alcanzado con Ciudadanos y VOX

 

25 de octubre de 2019. La gravedad de la situación ha provocado que, en menos de 24 horas, un total de 125 organizaciones se hayan puesto de acuerdo para emitir un comunicado y advertir a la Junta de Andalucía que emprenderán “todas las vías administrativas y judiciales a nuestro alcance” si siguen adelante con el acuerdo suscrito entre el Partido Popular, Ciudadanos y la fuerza ultraderechista, VOX, por el que se comprometen a ceder los datos a la Policía y Guardia Civil de las personas migrantes en situación irregular.

Las entidades han remitido al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, una carta en la que recuerdan al Gobierno andaluz que todas las personas, independientemente de su situación administrativa, “tienen derechos fundamentales” y que “el acuerdo anunciado vulnera el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, el Reglamento UE de Protección de Datos de 2016 y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales”, por lo que le requieren a que “dé marcha atrás respecto al acuerdo firmado con VOX” y rechace expresamente la iniciativa.

La propuesta de cesión de datos a partir de ficheros sanitarios y sociales, que permitiría su identificación, localización y posible expulsión del territorio español, se enmarca en el proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2020. El acuerdo, firmado durante el mes de junio de este año, contiene un total de 35 puntos que, tal y como han manifestado las entidades, son “claras concesiones al ideario ultra de VOX”.

Algunas de las organizaciones ya anunciaron que el “acuerdo firmado el pasado verano suponía una criminalización de las personas migrantes”. Ahora, la ratificación de aquel acuerdo, sostienen, “está más cerca de materializarse”. En concreto, el punto 27 del documento recoge una propuesta de “Convenio de colaboración con el Ministerio del Interior en materia de inmigración irregular” que, a ojos de las organizaciones, “supone un flagrante atentado contra los derechos fundamentales de las personas migrantes”.

En cuanto al contenido de dicho acuerdo, “se solicita la creación de una institución de coordinación entre las Administraciones autonómica y estatal” que facilite la información sanitaria y social con “el único propósito de agilizar las expulsiones de personas migrantes”. Según las organizaciones andaluzas, el solo anuncio de esta medida “va a generar un efecto de desaliento en el acceso a los servicios sanitarios y sociales”. Se trata de un efecto que, tal y como informó el Defensor del Pueblo Español (DPE) en julio de este mismo año, se está produciendo cuando las personas migrantes interponen una denuncia ya que, como reconocía, “recibe incesantes quejas de personas extranjeras que al acudir a denunciar haber sido víctimas de delito, salen de las dependencias policiales con un expediente sancionador de la Ley de Extranjería por situación documental”.

Por su parte, el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos ya afirmó en enero de este año que “desde los Colegios de Médicos de Andalucía se piensa solamente en mejorar la sanidad” y que se oponen a “identificar ni a ir en contra de ninguna persona por su color o por su signo político”, en un claro posicionamiento contra esta iniciativa.

 

PARA ADHESIONES DE ORGANIZACIONES/ENTIDADES/COLECTIVOS/PLATAFORMAS, ENVIAR UN EMAIL A adhesiones@apdha.org

 

Las ‘fake news’ del ‘Penja-robes’ y otras manipulaciones de la Guerra Civil en la Cerdaña

Edward Snowden: Vigilancia permanente, o cómo perdemos derechos y libertades

Asesinatos entre los defensores del Medio Ambiente

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Un estudio muestra el alarmante aumento de muertes entre los defensores del medio ambiente

Estos asesinatos “representan la ‘punta del iceberg’ de la violencia que enfrentan los defensores del medio ambiente“.

La defensa del medio ambiente es una tarea cada vez más mortal. Según una nueva investigación, el número de personas en todo el mundo que han muerto tratando de proteger la tierra, el agua, los bosques y otros recursos naturales se ha duplicado en los últimos 15 años.

Entre 2002 y 2017, 1,558 personas en 50 países diferentes fueron asesinadas por proteger el medio ambiente, según un nuevo estudio publicado en la revista Nature Sustainability. Esto es mayor que el número de soldados británicos y australianos muertos en servicio activo en el extranjero en zonas de guerra durante el mismo período. Y es casi la mitad del número de soldados estadounidenses que han muerto en Irak y Afganistán desde 2001.

Los defensores del medio ambiente incluyen personas tales como activistas comunitarios, abogados, periodistas, miembros de organizaciones no gubernamentales, activistas de movimientos sociales y de los pueblos indígenas. El estudio buscó analizar específicamente las muertes relacionadas con personas o comunidades individuales debido a actos de resistencia y / o esfuerzos para proteger los derechos a la tierra o al medio ambiente en lugar de conflictos armados a gran escala enraizados en enfrentamientos por los recursos naturales.

La gente se muere por proteger sus medios de vida, junto con los bosques, las tierras y los ecosistemas que son esenciales para nuestro futuro“, dice el estudio.

Solo en 2017, no menos de 185 personas fueron asesinadas en relación con sus esfuerzos por defender el medio ambiente. Y en 2018, año no incluido en el estudio, 164 personas fueron asesinadas según Global Witness, que monitorea estas muertes y cuyos datos se utilizaron en el estudio.

Pero como señalan los investigadores, estas muertes “representan la “punta del iceberg” de la violencia a que se enfrentan los defensores del medio ambiente“.

Por cada defensor asesinado, miles más enfrentan violencia directa, amenazas e intimidación psicológica, y más violencia cultural y estructural invisible“, señala el estudio.

El alcance variable de los medios de comunicación libres y el seguimiento de los derechos humanos en algunos países también limita la cantidad de datos disponibles; algunas muertes puede que no se registren oficialmente.

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Los indígenas representaron el 40% de las muertes en 2015 y 2016, y el 30% en 2017. La mayoría de estas muertes ocurrieron en Filipinas y Colombia.

América Central es la región más peligrosa, con un 36% de todas las muertes entre 2015 y 2017, seguida de América del Sur (32%) y Asia (31%).

El mayor número de muertes vinculadas al sector agrícola entre 2014 y 2017 tuvo lugar en Brasil y Filipinas. Brasil también es responsable de la mayoría de las muertes relacionadas con la tala. Las muertes en el sector minero y de extracción fueron más altas en Filipinas, Colombia e India, mientras que las muertes relacionadas con la caza furtiva fueron más frecuentes en Vietnam y la República Democrática del Congo.

Según el estudio, un factor importante que contribuye a esta violencia es el “imperio de la ley débil“. Por ejemplo, se estima que en promedio un poco más del 10% de estos asesinatos son condenados en todo el mundo; esto se compara con un promedio del 43% de los homicidios. condenado en todo el mundo según las cifras de 2012 citadas en el estudio.

Además, la violencia a menudo se perpetúa por la corrupción dentro de las políticas locales y las ramas judiciales, lo que lleva a que muchas muertes se investiguen incorrectamente. A veces, es la policía o el gobierno los responsables directos de las muertes o tienen vínculos financieros con los responsables.

Muchas de estas muertes también ocurren en áreas remotas con poca presencia del gobierno o la policía, lo que significa que es mucho más difícil reunir pruebas.

De una forma u otra, esto crea una situación en la que “los asesinos esencialmente saben que no van a ser atrapados“, declara Mary Menton, investigadora sobre justicia ambiental en la Universidad de Sussex en Inglaterra y coautora del nuevo estudio.

El estudio destaca a dos líderes políticos que tienen antecedentes particularmente atroces. Bajo la presidencia de Rodrigo Duterte en Filipinas, ha habido un aumento del 71% en el asesinato de defensores del medio ambiente entre 2016 y 2017.

DmhSaPWVsAAyTQ3Luego de la elección del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, los temores han aumentado de que los pueblos indígenas que defienden su medio ambiente sean cada vez más atacados. Como señala el estudio, Brasil es, sin lugar a dudas, el país con el mayor número de muertes de defensores del medio ambiente, especialmente entre los pueblos indígenas, y Bolsonaro ha prometido relajar las leyes sobre armas y la protección del medio ambiente, así como etiquetar a las ONG y activistas de terroristas.

Si bien no se han producido muertes durante el período estudiado en lugares como los Estados Unidos y el Reino Unido, el estudio advierte que la atmósfera en estos dos países se está volviendo más hostil.

En 2018, tres manifestantes contra el fracking en Gran Bretaña fueron condenados por causar molestias públicas por su acción directa no violenta, la primera vez que activistas medioambientales reciben encarcelamiento por una protesta en el Reino Unido desde 1932.

Mientras tanto, en los Estados Unidos, tras las protestas de Dakota Access Pipeline varios manifestantes fueron hospitalizados después de que las autoridades usaran un cañón de agua a temperaturas bajo cero para dispersar a la multitud. Y cada vez más, bajo el presidente Donald Trump, se proponen nuevas leyes tanto a nivel estatal como federal para tomar medidas enérgicas contra los manifestantes del oleoducto, desde el aumento de las multas y el tiempo en la cárcel hasta el aumento de la gravedad de ciertas acciones, como la invasión o la planificación de una protesta, por un delito menor a delito grave.

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Propuesta Cívica | Frente al Riesgo y al Caos

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RESUMEN EJECUTIVO “FRENTE AL RIESGO Y EL CAOSANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO DE PROTECCIÓN PARA PERSONAS DEFENSORAS Y PERIODISTAS EN MÉXICO 

Las agresiones cometidas contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas (en adelante PDDHyP) en México siguen en aumento, sin que el actual Mecanismo de Protección y las leyes aprobadas a nivel estatal hayan logrado revertir esa situación. En el presente informe Propuesta Cívica A. C., realiza un análisis al conjunto de normatividades e iniciativas de protección en toda la República, pudiendo evidenciar la multiplicidad de leyes existentes con enfoques reactivos y diversos en materia de seguridad y protección. 

Uno de los hallazgos del estudio es la existencia de normatividades estatales de protección en 15 estados de la República (Guerrero, Nayarit, Veracruz, Jalisco, Quintana Roo, Coahuila, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tamaulipas, Guanajuato, Michoacán, Puebla y Durango) y de la presentación de 11 en otros estados (Chihuahua, Tabasco, Baja California Sur, Querétaro, Nuevo León, Sonora, Zacatecas, Sinaloa, Tlaxcala, Oaxaca, Baja California), los cuales una vez analizadas cada una de las leyes e iniciativas en contraste con estándares internacionales se constató la falta de entendimiento en un modelo de protección integral, por su visión limitada y reducida del problema, que no aborda el conjunto de limitaciones que enfrentan PDDHyP en el desarrollo de sus labores.

La aprobación de esas leyes son insuficientes, por su inadecuada formulación, al desconocer la interdependencia e interrelación de las obligaciones que tiene el Estado mexicano en garantizar la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, desconociendo lo que refiere a la prevención, investigación y sanción de los delitos en el ejercicio de sus labores de defensa e información, así como por la ausencia de voluntad política para que sean implementadas, estando solo dos leyes en funcionamiento.

Del análisis normativo se constató que las leyes e iniciativas en materia de protección siguen sin establecer canales de coordinación interinstitucional y Federal, en conjunto con todos los niveles de gobierno y las tres ramas del poder público; ausencia de participación de la sociedad civil y los beneficiarios en la toma de decisiones, así como en la interposición de recursos de inconformidad; carencia de un enfoque diferenciado y de perspectiva de género en las medidas y procedimientos establecidos; falta de transparencia y acceso a la información y de sanciones a funcionarios públicos que no atiendan a su deber de protección, así como la ausencia de medidas políticas y de carácter social a PDDHyP en situación de riesgo por su labor.

Por tal motivo, el planteamiento de Propuesta Cívica a raíz del análisis realizado, es la necesidad de transitar del actual programa de protección descoordinado y reactivo, a la generación de un Sistema Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que atienda a las necesidades específicas para la defensa de los  derechos humanos, a partir de la adopción de un andamiaje político legal de carácter nacional, que establezca atribuciones, procedimientos y obligaciones para cada uno de los entes obligados.

Es de esta manera que se evitarán interpretaciones erradas o reducidas en su implementación, posibilitando a su vez un mayor involucramiento de otros actores, donde el Mecanismo de Protección sea un elemento más dentro de una lógica sistémica.

Para dar tránsito a la discusión y construcción de un modelo más amplio de protección, es necesaria la generación previa de espacios amplios y diversos de participación, que atienda a cada una de las necesidades y que permita dar tránsito a la persona defensora y periodista objeto de protección, a una lógica de sujetos de derechos, a quienes se les deben garantizar y generar las condiciones necesarias para el desarrollo de sus labores.

Al final de la publicación se realiza una serie de conclusiones y recomendaciones, que esperamos sean tenidas en cuenta por funcionarios públicos, legisladores y organizaciones de la sociedad civil, en el marco de la discusión y construcción de un sistema nacional de coordinación amplio y garantista, en donde las PDDHyP no solo sean objetos de protección, sino sujetos de derechos.

El primer capítulo aborda lo relativo a las políticas de protección y los estándares internacionales en lo que respecta a la creación de Mecanismos de Protección, realizando una revisión de los actuales programas creados a nivel regional, en Colombia, Brasil, México, Honduras y Guatemala.

El segundo capítulo se analiza el contexto actual de agresiones y limitaciones que sufren personas defensoras y periodistas, así como las acciones llevadas a cabo por funcionarios públicos y órganos de derechos humanos, y las distintas iniciativas de reforma a la actual ley federal de protección.

El tercer capítulo realiza una revisión del marco normativo mexicano en los distintos estados de la república que han expedido leyes que crean Mecanismos Estatales de protección; decretos y leyes que crean a nivel Estatal Unidades de Enlace; así como las iniciativas de ley en curso.

Por último, se realizó una serie de conclusiones y recomendaciones, dirigidas a generar un sistema nacional de protección, que posibilite la debida coordinación y distribución de competencias en los tres niveles de gobierno, así como con las tres ramas de poder público, encaminadas a la creación de un Sistema Nacional de Protección.

Esperamos este análisis, aporte los elementos técnicos, para que funcionarios y organismos de toma de decisiones aborden este tema desde una mirada amplia y global, desde un enfoque de garantías en el ejercicio de los derechos humanos.

soydefensor

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