¡Ni un paso atrás en Igualdad!

El movimiento feminista andaluz convoca concentraciones y manifestaciones en toda la comunidad este martes 15 de enero. Ni un paso atrás en Igualdad! es el grito unánime como respuesta a la afrenta de la ultraderecha. La principal convocatoria se desarrollará a las 12:00 horas ante el Parlamento andaluz, en Sevilla. Plataformas feministas de todo el país se han sumado ya al llamamiento de las compañeras andaluzas para que la ciudadanía salga a las calles esa misma tarde reclamando Ni un paso atrás en Igualdad!

manifiesto jerez

Las mujeres feministas se plantan en Andalucía ante la pretensión de convertirlas en una moneda de cambio en política y no un sujeto político, por parte del pacto de gobierno que dará entrada a la ultraderecha.  Y por ello el llamamiento es volver a las calles el 15 de enero para oponerse a las políticas machistas, misóginas, racistas, clasistas y xenófobas que se negocian en Andalucía entre la derecha y la derecha más ultra. Es un aviso a navegantes que ha activado la #AlertaFeminista; hoy están en riesgo los derechos de las mujeres en Andalucía y mañana pueden ser los de las mujeres en otros territorios.

Son ya más de 70 colectivos los que están protagonizando esta convocatoria del feminismo andaluz para el 15E; todos ellos, organizados en la Coordinadora feminista andaluza actúan “por un feminismo inclusivo, interseccional, antifascista, antirracista y anticapitalista, que ponga la defensa de la vida en el centro de la economía, de la política y de la cultura, porque somos conscientes de nuestras opresiones, no vamos a permitir ninguna otra”. Nuestros derechos no se negocian. Ni un paso atrás en Igualdad!

15enero💜NUESTROS DERECHOS NO SE NEGOCIAN
💜NI UN PASO ATRÁS EN IGUALDAD

Las mujeres feministas de Andalucía convocamos a la sociedad de nuestra tierra, de nuestro estado, a que nos acompañe en las acciones que vamos a realizar en el día de hoy 1⃣5⃣de enero y en los días venideros, si volviera a ser necesario.

Las mujeres feministas en Andalucía advertimos desde ya que vamos a estar vigilantes y organizadas como oposición civil para denunciar este sistema patriarcal que cada día nos agrede, nos viola y nos asesina.

Para denunciar la justicia patriarcal que sólo nos cree cuando somos asesinadas, para reivindicar que seguimos siendo nosotras las que sostenemos la vida echándonos a nuestras espaldas el peso de los cuidados y las que realizamos los trabajos más precarizados.

Nos movilizamos con motivo del debate de investidura que materializará el vergonzoso pacto de gobierno en Andalucía en que se está negociando con nuestros derechos, usándolos como moneda de cambio y negando la incuestionable realidad de la violencia machista.

La vigente ley de violencia de género es claramente insuficiente y así lo venimos denunciando, hay mucho aún por mejorar, pero las feministas no vamos a permitir que se dé ni un paso atrás. Ningún pacto de gobierno puede suponer deshacer lo que juntas y con tanto esfuerzo hemos conquistado. Siguiendo las bases sentadas en el 8M, nuestra lucha seguirá siendo por un feminismo inclusivo, interseccional, antifascista y anticapitalista, que ponga la defensa de la vida en el centro de la economía, de la política y de la cultura.  Porque somos conscientes de nuestras opresiones, no vamos a permitir ninguna otra.

kaleQue quede claro: en Andalucía nos van a tener enfrente y bien organizadas, sabemos bien lo qué está en juego, la seguridad de vidas humanas, ni muertas ni heroinas, nos queremos vivas y libres, fundamentalmente libres de miedo a convivir libremente por nuestras ciudades o pueblos, por nuestras costas o montes, de noche o de día, asistiendo a ferias, haciendo deporte, trabajando en fábricas, cocinando, sirviendo copas, o haciendo encajes de bolillos, en bibliotecas o en discotecas….

No permitiremos ni un paso atrás en nuestros derechos y libertades, de todas las mujeres, vengan de donde venga. Ahora es Andalucía, pero en unos meses esta amenaza de involución se puede hacer realidad en todo el país.

 

 

 

 

 

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La protesta como derecho

protesta

Un proyecto sobre la fuerza de la protesta

La movilización pública, la protesta social y los derechos humanos están entrelazados. Por un lado, porque las protestas se originan, en general, en el rechazo a diferentes formas de violencia estatal y en la vulneración de derechos: a la tierra, a la alimentación, al trabajo, a la vivienda, a la libertad religiosa, entre muchos otros. Por otro lado, porque el acto de protestar involucra en sí mismo el ejercicio de derechos como la libertad de expresión, el derecho de reunión, de petición, de disenso. Las democracias se enriquecen con la protesta por el carácter expresivo de las manifestaciones, pero también por su tenor deliberativo y confrontativo.

Finalmente, porque  la intervención de los Estados frente a la movilización pública suele resultar violatoria de los derechos a  la integridad, la salud y, en los casos más extremos, a la vida. En muchas situaciones también se arriesga la libertad ya que los manifestantes son detenidos de manera arbitraria y en muchos casos sometidos a procesos penales por conductas que son propias del acto de protestar. En el modo en que los gobiernos amenazan o protegen los derechos de los manifestantes se pone en juego el carácter democrático o autoritario de su respuesta.

Por este conjunto de factores, las protestas sociales son un escenario privilegiado de intervención de las organizaciones nacionales de derechos humanos. El CELS y la red INCLO pensamos conjuntamente con openDemocracy esta alianza editorial –que tiene el apoyo de la American Civil Liberties Union (ACLU) –, para condensar en un espacio la diversidad de facetas y vínculos entre derechos humanos y protesta social. Aportan al proyecto expertos, académicos, activistas y militantes. Nuestra idea es reunir voces que muchas veces no están en contacto, ya sea porque pertenecen a campos de trabajo e intervención diferentes, como por las distancias geográficas continentales, hemisféricas, por la segmentación que a veces atraviesa a los debates del norte y los del sur.

Por todo esto, el proyecto que presentamos conforma una plataforma común para dar a conocer e intercambiar ideas entre un conjunto heterogéneo de actores de todo el mundo. En la alianza de seis meses de duración se abordarán diversos temas surgidos del continente americano y de otras regiones, entre ellos el uso de las armas “menos letales”, el movimiento Black Lives Matter, las protestas de mujeres y de estudiantes, los conflictos rurales y el impacto de la vigilancia digital.

Proyecto conjunto de Opendemocracy junto con las organizaciones de derechos humanos, el CELS y la red INCLO, con el apoyo de la ACLU, sobre la importancia fundamental de la protesta para el ejercicio de los derechos humanos y la democracia.
fascismo

El Gobierno Británico y el Gran Hermano

Si, la distopía China si ES contagiosa.

Según nos cuenta la página web:

bigbrother

el Gobierno Británico reconoce haber otorgado a la policía poderes operativos para utilizar la biometría facial y los sistemas de reconocimiento facial, y lo ha admitido en una carta dirigida al Comité de Ciencia y Tecnología.

Dicho comité ha publicado la carta que les ha enviado la Baronesa Williams en nombre del Gobierno.

En la carta, la baronesa afirma que se ha decidido la política del Gobierno”en lugar de esperar a la publicación de la Estrategia[Biométrica]“.

La “política” de la que hablan es “que el reconocimiento facial juega un papel importante en la detección y prevención del crimen” y que “la decisión de desplegar sistemas de reconocimiento facial es una decisión operativa para la policía“.

Que hayan anunciado esta decisión política, a todos los efectos, en una carta dirigida a un comité restringido en lugar de presentarla en un proyecto de ley o en un debate en el Parlamento demuestra la falta de calidad democrática del actual Gobierno británico (como tantos otros hoy en día), y que parece que le gusta jugar con la muy grave y delicada cuestión del reconocimiento facial.

Sería de desear que el citado Comité buscara más detalles sobre la ampliación de “las competencias del Grupo de Ética en Biometría y Medicina Legal, desde el ADN y las huellas dactilares hasta todos los datos biométricos” que el citado Gobierno ha emprendido con el fin de proporcionar una “supervisión ética independiente del uso de la biometría por parte de la policía“.

Día a día y país por país, vemos como la degradación “democrática” va en aumento y no son ni los partidos nis los gobiernos los que la van a defender, cada día están más en manos de las Multinacionales y de sus intereses.

Es la ciudadanía la que tiene que tomar,  de una vez por todas, las riendas y defenderse de todos los atentados cotidianos que sufrimos.

A continuación, la susodicha carta:

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Mayo junio de 1968 y noviembre diciembre de 2018

Estamos viviendo en Francia un movimiento social de nuevo tipo que está sacudiendo los cimientos del neo liberalismo y de la democracia burguesa: los chalecos amarillos. Se ha visto como mayo junio de 1968 empezó por una represión policial impensable de estudiantes y protestatarios durante la noche del 10 de mayo de 1968 en el Barrio Latino de París.

Ahora desde el 17 de noviembre, a través de convocatorias colgadas por gente desconocida en internet, se generalizó la protesta de decenas de millares de usuarios de autos afectados por el aumento del precio del gasóleo. Aparentemente unos 200.000.

Viven en capitales, ciudades pequeñas y medianas, en zonas rurales y todos deben recorrer diariamente decenas de kilómetros porque los lugares de trabajo están alejados, y las zonas comerciales y los centros médicos; y faltan trenes de cercanías, hay pocas líneas de autobuses. Se van cercenando los hospitales y clínicas, las escuelas, los comercios en comarcas con poblaciones reducidas.

Y se añadieron los problemas de los salarios mínimos insuficientes, las jubilaciones muy exiguas, la disminución de los subsidios a minusválidos, los impuestos que van aumentando para toda la población al contrario del impuesto sobre las grandes fortunas suprimido por el actual presidente, las ayudas estatales a las grandes empresas otorgadas por el mismo presidente.

Y también se cuestiona el aplazamiento de medidas anunciadas por el actual presidente para erradicar la extrema pobreza de los “SDF” (Sin Domicilio Fijo, o sea no sólo los mendigo, sino algunos asalariados que duermen en su coche); la casi nula política de lucha contra la contaminación, el nuclear.

¿Qué clases sociales, capas etarias, géneros? Pues todos empleados y desempleados, pequeños comerciantes y jubilados, ancianos, jóvenes, hombres, mujeres, etc. Lo inimaginable antes del 17 de noviembre de 2018 es el rechazo generalizado de los chalecos amarillos de toda la clase política de derecha, centro e izquierda y de los grupúsculos de activistas de unos y otro.

«¡No nos representan!» «¡Hace 40 años que no sirven!» «¡No queremos representantes
que no se puedan controlar!»

Obviamente los chalecos amarillos exigen la dimisión del Presidente de la República pero van más allá: «¡Se debe reformar la Constitución! »

Muy concretamente la fuente de inspiración ideológica de los chalecos amarillos es acudir a los cuadernos de propuestasCahiers de doléances») de 1789 antes de la caída de la monarquía de los Borbones.

Nadie cita o parece conocer a Marx, Lenin, la Dirección revolucionaria del Partido Proletario o Bakunin, el 1917 de los soviets, la España anarcosindicalista de1936. Un detalle imponente en los sondeos oficiales el 80% de los franceses aprueba la lucha de los chalecos amarillos; sin embargo la televisión estatal más popularizada los presenta como gente violenta, casi terrorista.

Otro detalle: es gracias a la increíble testarudez e incapacidad de respuesta del Presidente de la República cómo pudo expandirse el movimiento de los chalecos amarillos y sigue creciendo con la participación y apoyo diario de nuevos elementos laborales: bomberos, camilleros, ferroviarios…

¿Cómo termina todo eso? O se llevan al Presidente al manicomio, o viene otro, pero los chalecos amarillos salieron a la calle para vencer; les pega la policía desde hace dos sábados para el tercero (de esta semana) cualquier tragedia puede ocurrir.

Los chalecos amarillos, si no quieren representantes, presentan 42 reivindicaciones en los ámbitos de la precariedad, jubilaciones, fiscalidad y Banca, transición ecológica, instituciones, empleo y salario, emigracion, sanidad, otras áreas.

Elijo algunas:

  • Cancelación del alza de carburantes.
  • Salario mínimo de 1.300 euros (siendo pagadas las cargas sociales).
  • Salario máximo de 15.000 euros.
  • Jubilación mínima 1.200 euros.
  • Retiro a los 60 años y para toda la gente que haya trabajado en oficios en que se desgasta el cuerpo (por ejemplo albañiles o deshuesador de carne) el derecho al retiro a partir de los 55 años Jubilaciones solidarias, o sea reguladas a nivel nacional.
  • Favorecer el transporte de mercancías por ferrocarriles.
  • Acabar con las indemnizaciones presidenciales vitalicia.
  • Aislamiento térmico de los inmuebles.
  • Incentivar los pequeños comercios en pueblos y centros urbanos.
  • Mismo sistema de seguridad social para todos.
  • Mayores ayudas a la Justicia, la Policía, el Ejército.
  • Protección para los emigrantes extranjeros.
  • Clases-aulas con un máximo de 25 alumnos/estudiantes desde el parvulario hasta el último año del bachillerato

Frank Mintz 03.12.18

gendarmeria violencia

attac

Sabra y Shatila 1982

Estados Unidos fue el responsable de la masacre palestina de 1982 en Beirut.

Washington había garantizado explícitamente su seguridad, y documentos recientemente desclasificados revelan que los israelíes les dijeron a los diplomáticos lo que ellos y sus aliados le harían a los refugiados.

Di Rashid Khalidi

sabra

En la noche del 16 de septiembre de 1982, mi hermano menor y yo estábamos desconcertados mientras observábamos docenas de bengalas israelíes flotando en completo silencio sobre el sur de Beirut, por lo que pareció una eternidad. Sabíamos que el ejército israelí había ocupado rápidamente la parte occidental de la ciudad dos días antes. Pero las bengalas las usan los ejércitos para iluminar un campo de batalla, y como todos los muyaidines de la OLP que se habían enfrentado al ejército israelí durante el asedio de meses de la ciudad que ya habían sido evacuados de Beirut, nos fuimos a la cama perplejos, preguntándonos qué enemigo le quedaba al ejército invasor por cazar.

Esto sucedía poco más de un mes después del alto el fuego del 12 de agosto que supuestamente había terminado la guerra, y fue seguido por la partida de las fuerzas militares, los cuadros y dirigentes de la OLP de la ciudad. El desencadenante de la ocupación israelí de Beirut occidental fue el asesinato, el 14 de septiembre, del aliado cercano de Israel y del presidente electo libanés Bashir Gemayel, jefe de la milicia del Frente libanés y un alto líder del partido falangista de modelo fascista.

Lo que vimos la noche anterior quedó claro cuando nos encontramos con dos periodistas estadounidenses el 17 de septiembre. Acababan de visitar la escena de las masacres en curso en los campamentos de refugiados de Sabra y Shatila, hogar de decenas de miles de palestinos desplazados y de muchos libaneses. Se llevaron con ellos a los campos a un joven diplomático estadounidense, Ryan Crocker, que fue el primer funcionario del gobierno de EE. UU. en presentar un informe sobre lo que habían visto. Supimos por ellos que el ejército israelí había utilizado bengalas la noche anterior para alumbrar el camino de las milicias libanesas de derecha enviadas por los israelíes a Sabra y Shatila. Del 16 al 18 de septiembre, según la historia autorizada del historiador Bayan al-Hout sobre estos hechos, estos milicianos masacraron a más de 1.300 civiles palestinos y libaneses (para más información sobre estos actos, consulta la edición revisada de 2014 de Under Siege: toma de decisiones de la OLP (Durante la Guerra de 1982).

Documentos recientemente desclasificados de los Archivos del Estado de Israel nos dicen que el gobierno de los EE. UU. Se sentía incómodo con respecto a lo que podrían hacer los israelíes y sus aliados. El enviado especial Morris Draper, instruido para obtener una retirada del ejército israelí de Beirut occidental, se reunió con funcionarios israelíes en Jerusalén el 17 de septiembre. Allí, el ministro de Asuntos Exteriores Yitzhak Shamir afirmó que 2.000 “terroristas” armados permanecieron en Beirut occidental. El ministro de Defensa, Ariel Sharon, infló más el asunto. “Hay miles de terroristas en Beirut“, le dijo al enviado de los EE. UU., Desafiando su demanda de que las fuerzas israelíes se retiraran: “¿Te interesa que se queden allí?”. Según las transcripciones, Draper no pudo contrarrestar la falsa afirmación de Sharon sobre el presencia de miles de “terroristas”, pero cuando discrepó levemente con otra de sus afirmaciones, el ministro de Defensa fue aún más taciturno al decir: “Entonces los mataremos. No los dejen allí. Nadie los vas a salvar. No vas a salvar a estos grupos terroristas internacionales [sic] “. Una vez más, Draper no respondió a estas escalofriantes palabras basadas en una falsedad.

Cuando el exasperado enviado de los EE. UU. finalmente dijo a los funcionarios israelíes reunidos: “Creemos que no debieran haber venido [a Beirut occidental]. Deberían haber permanecido afuera”, el tono de Sharon se hizo aún más imperioso:”No pensasteis o lo pensasteis. Cuando se trata de nuestra seguridad, nunca hemos pedido. Nunca preguntaremos. Cuando se trata de la existencia y la seguridad, es nuestra responsabilidad y nunca se la daremos a nadie para que decida por nosotros“.

En el mismo momento en que se estaba llevando a cabo esta conversación, las milicias libanesas que las fuerzas de Sharon habían enviado a los campos de refugiados, donde, huelga decirlo, no había miles de guerreros veteranos bien armados para proteger a su población civil Estaban ocupados llevando a cabo su trabajo macabro. Sharon no podría haber sido más brutalmente explícito cuando dijo a sus interlocutores estadounidenses sobre los llamados terroristas “los mataremos“. El hecho de que la matanza real de civiles desarmados fue llevada a cabo por representantes israelíes que las fuerzas de Sharon habían armado, entrenado, y enviado para hacer el trabajo (en lugar de soldados israelíes) no cambió demasiado el cálculo moral general con respecto a este crimen. Al año siguiente, una comisión de investigación israelí determinó que Sharon, como ministro de defensa, asumió “responsabilidad personal” por la masacre y recomendó que fuera destituido de su cargo ministerial.

La responsabilidad de Estados Unidos por este y otros resultados de la invasión de Israel al Líbano es más amplia incluso que el hecho de que el Secretario de Estado Alexander Haig proporcionara luz verde para este ataque, como ahora sabemos que fue el caso. Y se relaciona no solo con el suministro de una gran cantidad de sistemas letales de armas estadounidenses que se usaron en manifiesta contravención de los propósitos exclusivamente defensivos establecidos por la ley de los EE. UU. Sharon advirtió explícitamente a los funcionarios estadounidenses que esto sucedería. Según Draper, Sharon le había dicho anteriormente a Haig y a otros estadounidenses que esperaran “que íbamos a ver cómo se arrojarían municiones fabricadas en Estados Unidos sobre el Líbano, y que los civiles serían asesinados“. Teniendo en cuenta todos estos factores, La responsabilidad estadounidense claramente se eleva muy por encima del nivel de mera complicidad, y equivale a colusión.

Esta responsabilidad se extiende aún más a la falta de protección de los más de 1.300 palestinos y libaneses víctimas de la masacre de septiembre en Sabra y Shatila. Los estadounidenses habían dado garantías explícitas para su seguridad, que la OLP había negociado minuciosamente con diplomáticos estadounidenses durante las conversaciones de alto el fuego. La matanza en Sabra y Shatila fue el resultado no solo de las acciones de las milicias libanesas de derecha antipalestinas que la llevaron a cabo, o de las decisiones de Sharon y otros de enviar a esas milicias a los campos de refugiados y brindarles apoyo. A la luz de los compromisos escritos que el gobierno de los EE. UU. hizo a la OLP para asegurar su evacuación de Beirut el mes anterior, estas muertes también fueron responsabilidad directa de la administración Reagan.

El enviado especial presidencial, Philip Habib, hizo estas solemnes promesas en memorandos mecanografiados, que fueron transmitidos a la OLP por el primer ministro libanés Shafik Wazzan. Posteriormente fueron consagrados en un intercambio de notas con el gobierno libanés. El primero de estos memorandos, del 4 de agosto de 1982, señaló “garantías de los Estados Unidos sobre la seguridad de … los campamentos“. El segundo, dos días después, decía: “También reafirmamos las garantías de los Estados Unidos en materia de seguridad y protección … para los campamentos en Beirut “. La nota estadounidense del 18 de agosto dirigida al ministro de Asuntos Exteriores libanés declaraba:

Los no combatientes palestinos respetuosos con la ley que permanecen en Beirut, incluidas las familias de los que han partido, estarán autorizados a vivir en paz y seguridad. Los gobiernos libanés y estadounidense proporcionarán garantías de seguridad adecuadas … sobre la base de las garantías recibidas del gobierno de Israel y de los líderes de ciertos grupos libaneses con los que ha estado en contacto.

Estas garantías demostraron ser completamente inútiles, ya que Washington no había estado dispuesto a proporcionar garantías internacionales multilaterales o el despliegue a largo plazo de fuerzas internacionales, los cuales habían sido exigidos por la OLP y rechazados por Habib, y que habrían sido necesarios para proteger estas personas inocentes.

Poco después de estas masacres, las tropas estadounidenses y francesas regresaron a Beirut con una misión mal definida, y Estados Unidos se vio envuelto en el sangriento conflicto en el Líbano. De esta vorágine creció Hezbollah, que se convirtió en un enemigo mortal de los Estados Unidos e Israel. Vale la pena recordar que muchos de los que fundaron este grupo habían luchado junto a la OLP en 1982, y se habían quedado atrás, solo para ver a sus compatriotas libaneses masacrados junto con los palestinos en Sabra y Shatila. Recordaban estos actos sombríos, incluso si los estadounidenses lo habían olvidado. Así, los muchos miembros del personal que murieron cuando la embajada de Estados Unidos fue destruida en la primavera de 1983, y los infantes de marina que murieron cuando sus cuarteles fueron volados ese año, y los muchos estadounidenses secuestrados o asesinados en Beirut en los años posteriores fueron víctimas de la colusión real y percibida entre los Estados Unidos y el ocupante israelí.

Esto fue solo una parte del inesperado rechazo de las decisiones mal pensadas y moralmente erróneas sobre la guerra de 1982 que fueron hechas por los políticos estadounidenses. Estados Unidos continúa repitiendo errores similares en el Medio Oriente décadas más tarde, con invasiones ilegales, intervenciones y ocupaciones que cuestan cientos de miles de vidas, y a través de su apoyo ciego y armamento de los regímenes más repugnantes de la región.

Rashid Khalidi is the Edward Said Professor of Arab Studies at Columbia University, a former advisor to Palestinian negotiators, and author of Brokers of Deceit: How the U.S. Has Undermined Peace in the Middle East (2013).

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EN DEFENSA DE LULA

Y DE LA DEMOCRACIA EN BRASIL

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El Estado Democrático de Derecho en Brasil viene siendo violado de manera sistemática y permanente a partir del Golpe de Estado aplicado contra la Presidenta Rousseff en 2016 con innegable participación del poder judicial y de los medios. Desde entonces hechos de enorme gravedad amenazan con establecer un régimen antidemocrático y represivo en Brasil, empezando por la politización cada vez más radical del Judiciario que mantiene ciudadanos presos y / o acusados sin culpa formada o cualquier mínima prueba, fundamentando sus decisiones tan sólo en delaciones y en la “convicción” de los magistrados. Estas prisiones han ocurrido antes de que se agotan todas las posibilidades de recursos violando la Constitución Brasileña que en su Artículo 5 garantiza la presunción de inocencia hasta la cosa juzgada. La víctima más reciente de estas arbitrariedades es el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, condenado y preso bajo la alegación de ser propietario de un inmueble que nunca le perteneció y que fue, incluso, objeto de embargo en nombre de otro por la propia justicia. Su prisión es eminentemente política, pues es objetivo del Golpe impedirle de candidatearse nuevamente a la presidencia de la república. No bastara eso, el gobierno golpista que usurpó el poder en Brasil viene adoptando medidas que debilitan la incidencia de la población sobre el Estado brasileño por medio de la extensión de las privatizaciones, incluso de las reservas del Pre-Sal; entrega del patrimonio nacional al capital extranjero, incluidas las tierras; amenazas de retirar al Banco Central del control del Estado; interferir en la autonomía universitaria y extinguir derechos laborales fundamentales; así como violar la libertad sindical. La arbitrariedad instalada viene acompañada de una serie de violaciones de las garantías constitucionales esenciales como los derechos civiles, políticos y sociales en Brasil, así como el recrudecimiento de las violaciones de derechos humanos a través del incremento del exterminio de la población negra en las periferias de nuestras ciudades, las iniciativas del gobierno golpista para anular el combate al trabajo esclavo en el país, la reiterada criminalización de los movimientos sociales y el aumento del número de asesinatos en el campo de trabajadores rurales, indígenas y quilombolas que, sólo en 2017, sumaron al menos a 70 víctimas. La violencia política y la impunidad han crecido conforme demuestran también la ejecución de la concejal de Río de Janeiro, Marielle Franco y su conductor Anderson Gomes, crímenes no elucidados hasta el momento, además de los atentados a tiros contra la caravana de Lula en los estados del sur, y el reciente tiroteo contra el campamento de solidaridad a Lula en Curitiba, donde dos personas resultaron heridas. En esta situación, un grupo de entidades nacionales y personalidades crearon el “Comité de Solidaridad Internacional en Defensa de Lula y de la Democracia en Brasil”, pues entendemos que enfrentar este peligroso marco político requiere también el apoyo de personalidades y organizaciones del medio político y social de otros países. El Comité cuenta con una participación amplia y plural para reforzar las iniciativas ya existentes en Brasil y en el exterior en defensa de la restauración de la democracia en nuestro país, del derecho de Lula a un juicio imparcial y justo, de la celebración de elecciones libres y democráticas y del derecho de la población brasileña elegir a los dirigentes que le interesan. Los instrumentos que disponemos para ello en el momento, además de la formación del propio Comité y del lanzamiento de este sitio, es el incremento de las firmas del Manifiesto:

Firma la propuesta del Premio Nobel de la Paz para Lula:

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iniciada por Adolfo Pérez Esquivel además de replicar la creación de Comités de Solidaridad a Brasil como los ya existentes en otros países.

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A los 94 años murió Chicha Marian

fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo

Donde esté, seguirá buscando a Clara Anahí

Se convirtió en un símbolo de la lucha de la búsqueda de los niños robados por la dictadura. A su nieta la secuestraron cuando tenía tres meses durante un operativo en La Plata. Había sufrido un ACV.
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A los 94 años y tras más de 40 de búsqueda incansable para encontrar a su nieta Clara Anahí, arrebatada por los genocidas de la última dictadura cívico militar, falleció en la ciudad de La Plata la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo María Isabel Chorobik de Mariani. Estaba internada desde hacía diez días tras haber sufrido un ACV. La despiden hoy desde las 7.30, en calle 7 entre 47 y 48.

Hasta el 24 de noviembre de 1976, Chicha, un sobrenombre que llevó desde siempre y que se volvió símbolo de la lucha por la búsqueda de los niños robados durante la dictadura, era docente de secundario. Desde esa noche, su vida cambió para siempre: en un megaoperativo de un centenar de represores del Ejército y la Policía Bonaerense fueron acribillados dentro de una casa ubicada en la calle 30 al 1116 de La Plata Diana Teruggi, la nuera de Chicha; y otros cuatro militantes de Montoneros. De esa casa y tras ese operativo la patota se llevó a Clara Anahí, de tan solo tres meses, con vida. Al padre de Clara Anahí e hijo de Chicha, Daniel Mariani, los genocidas lo encontraron y asesinaron en agosto de 1977.

Para entonces, y después de recorrer instituciones y hospitales, de hacer averiguaciones de manera individual, Chicha comenzó a intentar ponerse en contacto con mujeres que estuvieran en su misma situación: sin saber el paradero de sus hijos ni de sus nietos. Supo de la incipiente existencia de Madres de Plaza de Mayo en donde encontró a Alicia “Licha” de la Cuadra. Junto a ella y diez más fundaron en noviembre de 1977 Abuelas de Plaza de Mayo. El organismo, que la tuvo como presidenta, se forjó al calor de la esperanza de localizar a los más de 400 bebés y niños robados en pleno terrorismo de Estado, objetivo con el que recorrieron el mundo en búsqueda de apoyo.

Dedicó una década a la constitución y fortalecimiento de Abuelas, que llevaban a cabo la búsqueda de los niños robados a pie y a pulmón: recorrían hogares y guarderías, hacían guardias en las casas de los posibles familias de apropiadores. Lideró los caminos que las Abuelas se abrieron hacia la posibilidad de poner la genética al servicio de la búsqueda. En 1989 dejó la institución pero no abandonó la lucha. Creó la Fundación Anahí, desde donde continuó andando con la esperanza siempre puesta en poder hallar a su nieta. Dedicó su vida a esa lucha, en la que estuvo acompañada por otras abuelas, como Elsa Pavón y Licha de la Cuadra, por jóvenes abogadas y abogados y militantes de derechos humanos de La Plata, sobre todo.

Convirtió la casa de la calle 30, cuya fachada continúa agujereada tal cual la dejaron los cazadores de la última dictadura, en museo y su propia casa en el núcleo de todas las actividades que tuvieran como objetivo central encontrar a Clara Anahí. Allí recibía cartas con información, así como correos electrónicos. Una vez anuladas las leyes de impunidad y comenzados los juicios de lesa humanidad no se cansó de exigirle a los genocidas enjuiciados que dijeran lo que sabían del paradero de su nieta. Que aportaran datos. Fue víctima en varias oportunidades de la saña con la que represor de la Bonaerense Miguel Osvaldo Etchecolatz –responsable del operativo en que su nieta fue secuestrada– sostuvo que sabía dónde estaba Clara Anahí, sin aportar un dato. “Tengo esperanzas de que va a aparecer, aunque yo no la vea”, dijo en una de las tantas entrevistas que ofreció a lo largo de su lucha.

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