🗡Responsabilidad del Estado⛓

y de empresas españolas en violaciones de derechos humanos en México.

  • El 20 de febrero se cumple un año del asesinato en México de Samir Flores Soberanes, defensor de derechos humanos, indígena nahua, campesino y comunicador popular de Amilcingo. Samir Flores era un activista en la oposición al Proyecto Integral Morelos y formaba parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala que organiza movilizaciones en contra de este megaproyecto energético que afecta a 80 comunidades y que agravará la emergencia climática.
  • En el Proyecto Integral Morelos participan tres empresas españolas Abengoa, Elecnor, y Enagas. Las dos últimas recibieron financiación pública del Gobierno español a través del Fondo de Internacionalización de la Empresa española (FIEM).
  • Más de 50 organizaciones del Estado español, entre ellas Ecologistas en Acción y CGT, han firmado y enviado la siguiente carta a las autoridades de los gobiernos español y mexicano así como a las tres empresas multinacionales para denunciar la violación de los derechos humanos por el Proyecto Integral Morelos.

El 20 de febrero de 2020 se cumple un año del asesinato en México de Samir Flores Soberanes, defensor de derechos humanos, indígena nahua, campesino, herrero y comunicador popular de Amilcingo. Samir Flores era una persona activa en la oposición al Proyecto Integral Morelos (PIM) y formaba parte del proceso de autonomía de su comunidad originaria Amilcingo, Radio Comunitaria Amiltzinko y Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala que están denunciando los impactos que está causando este proyecto. La construcción de dos centrales termoeléctricas, un acueducto, una línea eléctrica y un gasoducto de 160 km que atraviesa los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos son las infraestructuras que forman parte del PIM y que afectará a más de 80 comunidades. Este es un megaproyecto energético para abastecer de gas fósil al crecimiento urbanístico e industrial de los estados que rodean el sur de la Ciudad de México y que, además, agravará la emergencia climática.

En el Proyecto Integral Morelos participan empresas españolas como Abengoa, Elecnor, y Enagas. Las dos últimas recibieron financiación pública a través del Fondo de Internacionalización de la Empresa española (FIEM) gestionado por la Secretaria de Estado de Comercio. En datos, Elecnor y Enagas recibieron en 2012 un crédito por valor de 39,7 millones de euros. Según el FIEM, exigen a los adjudicatarios de la financiación que certifiquen el cumplimiento “con lo establecido en los acuerdos internacionales suscritos por España en materia de responsabilidad empresarial, derechos laborales y de igualdad de género y, en particular, en los acuerdos relativos a la lucha contra la corrupción y de carácter medioambiental del Grupo de Crédito a la Exportación de la OCDE”. Pero la realidad es que en el desarrollo de la obra se ha venido produciendo la violación de los derechos humanos y se está poniendo en riesgo la vida de muchas personas.

El Proyecto Integral Morelos se inició en 2011 y ha contado desde el principio con una fuerte oposición social. No solo por la pérdida del territorio que supone para las comunidades campesinas e indígenas, sino también porque el gasoducto atraviesa la zona de riesgo del volcán Popocatépetl, uno de los 5 volcanes más activos y peligrosos del mundo, además de la cercanía de la termoeléctrica con la comunidad de Huexca y la pretensión de despojar el agua de riego de 20 ejidos del municipio de Ayala, Morelos para el funcionamiento de las turbinas. La infraestructura está incrementando los riesgos en una zona volcánica con más de 2 millones de habitantes. Quienes han denunciado y se han movilizado para defender el territorio y sus medios de vida, han sufrido amenazas, criminalización, tortura e incluso el asesinato. A tres días de una consulta pública sobre el proyecto muy cuestionada por su inutilidad y opacidad, Samir Flores, fue asesinado. Aún con todo, en el ejido de Amilcingo consiguieron el pasado mes de julio de 2019 que un juez federal decretara la suspensión del funcionamiento del gasoducto por el riesgo que supone y el despojo de tierras.

Queremos señalar la responsabilidad que existe por parte de las empresas españolas que participan en el proyecto, y del Estado español que las financia, en la violación de los derechos humanos y el riesgo que supone el Proyecto Integral Morelos. Hacer efectiva esta responsabilidad demanda la puesta en marcha de las medidas necesarias para frenar y revertir el proyecto, así como para evitar otros casos similares por parte de compañías españolas que tengan algún apoyo del Estado español. Pues la oposición de las comunidades sobre el PIM fue evidente desde el inicio y ni las empresas, ni el Estado Mexicano atendieron debidamente el descontento de la población y por el contrario,lo implementaron por medio de la fuerza y represión, lo que, lejos de acabar con el conflicto, lo ha agudizado.

Las organizaciones firmantes demandamos:

A las empresas Elecnor y Enagas:

  • Su retirada de un proyecto que ha vulnerado los derechos fundamentales de la población afectada y pone en riesgo a 2 millones de personas.
  • Su renuncia a presentar litigios en tribunales de arbitraje internacional en el caso de paralización y reversión del proyecto. Pues son corresponsables de la vulneración de los derechos humanos en su actividad empresarial.
  • La devolución de la financiación por parte de FIEM y la puesta en marcha de los mecanismos para conocer las responsabilidades administrativas, civiles y penales de las empresas en los impactos que han tenido lugar.

Al Gobierno español y los Gobiernos autonómicos:

  • La suspensión de la financiación del Proyecto Integral Morelos a través del FIEM y una investigación exhaustiva sobre las implicaciones del Proyecto Integral Morelos.
  • La puesta en marcha de una auditoría en FIEM, y otras entidades del Estado que financian la internacionalización de las empresas españolas, para saber si cumplen con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos así como para dotarles de presupuesto, órganos y procedimientos eficaces en la prevención, supervisión pública y enjuiciamiento de las empresas que violan derechos humanos en su actividad internacional.
  • La aprobación de una ley para que sea posible exigir responsabilidad administrativa, civil y penal a las empresas transnacionales españolas —filiales, proveedores, contratistas y otros actores que intervienen en su cadena de valor— que incumplan su deber de respetar los derechos humanos en sus actividades internacionales.
  • Que insten a la Fiscalía General para que investigue las responsabilidades administrativas, civiles y penales de las empresas Abengoa, Elecnor, y Enagas y del Gobierno español en los impactos del Proyecto Integral Morelos.

Al Estado Mexicano:

  • Al Presidente de la República, Secretaría de Energía y Comisión Federal de la Electricidad: La paralización definitiva y la reversión del Proyecto Integral de Morelos (gasoducto, acueducto y termoeléctricas).
  • A la Fiscalía General de la República: Atraiga a la jurisdicción federal el caso del asesinato de Samir Flores Soberanes y lo resuelva, garantizando el derecho de acceso a la justicia.
  • A todos los órganos de gobierno involucrados a nivel federal, estatal y municipal: Cese el hostigamiento, difamación, criminalización a los defensores del territorio que se oponen contra el Proyecto Integral Morelos y se garantice su seguridad y condiciones de paz y no agresión para seguir defendiendo los derechos humanos.

Para expresar y detallar estas peticiones emplazamos la celebración de una reunión con la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y de Cooperación, con la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, con la Secretaria de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, así como con los grupos parlamentarios del Congreso que participen en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio, la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados.

Clic y abrirás el archivo con los firmantes:

 

¿Hacia una sociedad vigilada?. Conferencia Marta Peirano

Greta Thunberg contra Rosalía

La artista catalana podría sortear cualquier alusión a etiquetas o géneros y defender que hace divinamente lo que le da la real gana. Sería más exacto, de hecho, pero el negocio no marcharía tan bien

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🏴No al golpe cívico-militar en Bolivia🏴

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Repudiamos la acción golpista que se desarrolla en este momento en Bolivia. Bajo la presión del imperialismo, el ejército boliviano (heredero de la dictadura de Hugo Banzer) y la extrema derecha boliviana, la renuncia de Evo Morales evidenció la articulación golpista formalizada en las manisfestaciones de derecha que ocurrieron luego de los resultados electorales.

El principal articulador de las marchas de la derecha fue el golpista y empresario Luis Fernando Camacho, líder de la llamada Unión Cívica. Camacho es un católico fervoroso y oriundo de una de las regiones más rica de Bolivia.

Audios filtrados demuestran la articulación del imperialismo para realizar el golpe por medio de sus mecanismos de guerra sucia, con el objetivo de garantizar los intereses económicos y políticos en la región. A partir de estos audios, también se sospecha, la participación del gobierno brasileño en la acción golpista.

El imperialismo vuelve a actuar en América Latina para acabar con cualquier ensayo de mínima soberanía nacional en la economía.

Entendemos que de esta manera, no podemos albergar ninguna ilusión a través de la vía institucional, ni ceder a la derecha un solo centímetro de derechos populares. Solo la organización popular de los y las de abajo puede garantizar el mantenimiento y la conquista de los derechos sociales y económicos. Es solo la autoorganización popular y la acción directa lo que puede derrotar a la avanzada imperialista en nuestro continente.

Que el pueblo boliviano derrote a los golpistas en las calles y construya referencias de poder popular para aplastar al imperialismo y la extrema derecha boliviana!

¡No al golpe cívico-militar en Bolivia!

¡Que el destino de los pueblos no lo definan las Fuerzas Armadas, sino la lucha popular!

¡A enfrentar el golpe de las FFAA y la derecha fascista!

¡A defender las conquistas organizados y en la calle!

¡Por la construcción de poder popular!

¡ ¡¡No pasarán!! !

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Coordinación Anarquista Brasilera

 

Federación Anarquista Uruguayafau

ENCABEZADO FARFederación Anarquista de Rosario (Argentina) oac

Organización Anarquista de Córdoba (Argentina)

 

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Golpe de Estado en Bolivia para profundizar el saqueo capitalista

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#DesalojanLaIngo, pero un Madrid Ingobernable es indesalojable

Comunicado de Feministas comunitarias antipatriarcales de Bolivia en relación al golpe de estado

Primero es importante que quede claro que esto es un golpe de Estado y un golpe a las organizaciones sociales, un golpe como ya hemos dicho organizado y encabezado por las organizaciones cívicas del Oriente, un golpe de las organizaciones de terratenientes y de oligarcas, es un golpe fundamentalista que plantea devolver la Biblia al Palacio, poner al país en manos de Dios, es un golpe profundamente racista porque busca identificar a las mujeres y hombres originarios dentro de las organizaciones y los escarmienta, amotinada la policía, esta mañana han terminado de amotinarse todos los regimientos pero además se suman a este golpe cívico y exigen tb la renuncia de Evo Morales. La policía ya no está resguardando las ciudades, la policía ya no está en las calles. Es decir, están tb con con el golpe de los cívicos, empresarios y oligarcas.

Es algo que no se está difundiendo porque internamente en Bolivia los medios son propiedad de los empresarios y los grupos de poder.

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Propuesta Cívica | Frente al Riesgo y al Caos

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RESUMEN EJECUTIVO “FRENTE AL RIESGO Y EL CAOSANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO DE PROTECCIÓN PARA PERSONAS DEFENSORAS Y PERIODISTAS EN MÉXICO 

Las agresiones cometidas contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas (en adelante PDDHyP) en México siguen en aumento, sin que el actual Mecanismo de Protección y las leyes aprobadas a nivel estatal hayan logrado revertir esa situación. En el presente informe Propuesta Cívica A. C., realiza un análisis al conjunto de normatividades e iniciativas de protección en toda la República, pudiendo evidenciar la multiplicidad de leyes existentes con enfoques reactivos y diversos en materia de seguridad y protección. 

Uno de los hallazgos del estudio es la existencia de normatividades estatales de protección en 15 estados de la República (Guerrero, Nayarit, Veracruz, Jalisco, Quintana Roo, Coahuila, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tamaulipas, Guanajuato, Michoacán, Puebla y Durango) y de la presentación de 11 en otros estados (Chihuahua, Tabasco, Baja California Sur, Querétaro, Nuevo León, Sonora, Zacatecas, Sinaloa, Tlaxcala, Oaxaca, Baja California), los cuales una vez analizadas cada una de las leyes e iniciativas en contraste con estándares internacionales se constató la falta de entendimiento en un modelo de protección integral, por su visión limitada y reducida del problema, que no aborda el conjunto de limitaciones que enfrentan PDDHyP en el desarrollo de sus labores.

La aprobación de esas leyes son insuficientes, por su inadecuada formulación, al desconocer la interdependencia e interrelación de las obligaciones que tiene el Estado mexicano en garantizar la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, desconociendo lo que refiere a la prevención, investigación y sanción de los delitos en el ejercicio de sus labores de defensa e información, así como por la ausencia de voluntad política para que sean implementadas, estando solo dos leyes en funcionamiento.

Del análisis normativo se constató que las leyes e iniciativas en materia de protección siguen sin establecer canales de coordinación interinstitucional y Federal, en conjunto con todos los niveles de gobierno y las tres ramas del poder público; ausencia de participación de la sociedad civil y los beneficiarios en la toma de decisiones, así como en la interposición de recursos de inconformidad; carencia de un enfoque diferenciado y de perspectiva de género en las medidas y procedimientos establecidos; falta de transparencia y acceso a la información y de sanciones a funcionarios públicos que no atiendan a su deber de protección, así como la ausencia de medidas políticas y de carácter social a PDDHyP en situación de riesgo por su labor.

Por tal motivo, el planteamiento de Propuesta Cívica a raíz del análisis realizado, es la necesidad de transitar del actual programa de protección descoordinado y reactivo, a la generación de un Sistema Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que atienda a las necesidades específicas para la defensa de los  derechos humanos, a partir de la adopción de un andamiaje político legal de carácter nacional, que establezca atribuciones, procedimientos y obligaciones para cada uno de los entes obligados.

Es de esta manera que se evitarán interpretaciones erradas o reducidas en su implementación, posibilitando a su vez un mayor involucramiento de otros actores, donde el Mecanismo de Protección sea un elemento más dentro de una lógica sistémica.

Para dar tránsito a la discusión y construcción de un modelo más amplio de protección, es necesaria la generación previa de espacios amplios y diversos de participación, que atienda a cada una de las necesidades y que permita dar tránsito a la persona defensora y periodista objeto de protección, a una lógica de sujetos de derechos, a quienes se les deben garantizar y generar las condiciones necesarias para el desarrollo de sus labores.

Al final de la publicación se realiza una serie de conclusiones y recomendaciones, que esperamos sean tenidas en cuenta por funcionarios públicos, legisladores y organizaciones de la sociedad civil, en el marco de la discusión y construcción de un sistema nacional de coordinación amplio y garantista, en donde las PDDHyP no solo sean objetos de protección, sino sujetos de derechos.

El primer capítulo aborda lo relativo a las políticas de protección y los estándares internacionales en lo que respecta a la creación de Mecanismos de Protección, realizando una revisión de los actuales programas creados a nivel regional, en Colombia, Brasil, México, Honduras y Guatemala.

El segundo capítulo se analiza el contexto actual de agresiones y limitaciones que sufren personas defensoras y periodistas, así como las acciones llevadas a cabo por funcionarios públicos y órganos de derechos humanos, y las distintas iniciativas de reforma a la actual ley federal de protección.

El tercer capítulo realiza una revisión del marco normativo mexicano en los distintos estados de la república que han expedido leyes que crean Mecanismos Estatales de protección; decretos y leyes que crean a nivel Estatal Unidades de Enlace; así como las iniciativas de ley en curso.

Por último, se realizó una serie de conclusiones y recomendaciones, dirigidas a generar un sistema nacional de protección, que posibilite la debida coordinación y distribución de competencias en los tres niveles de gobierno, así como con las tres ramas de poder público, encaminadas a la creación de un Sistema Nacional de Protección.

Esperamos este análisis, aporte los elementos técnicos, para que funcionarios y organismos de toma de decisiones aborden este tema desde una mirada amplia y global, desde un enfoque de garantías en el ejercicio de los derechos humanos.

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Comunicado de apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México tras 25 años del levantamiento.

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Hace 25 años, en la fría madrugada del primero de enero de 1994, una voz resonó en las montañas del sureste de México; al grito de ¡Ya Basta!, hombres, mujeres, niños y niñas declararon ser producto de 500 años de lucha y estar dispuestos a enfrentarse a una guerra genocida no declarada en contra de sus pueblos desde hacía muchos años; reclamaban trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz y poco después añadieron información y cultura.

La voz de los que hasta entonces no tenían rostro, no tenían voz, de los que convivían con la muerte, “tan cotidiana, tan nuestra que acabamos por dejar de tenerle miedo”, la de los muertos, “tan mortalmente muertos de muerte “natural”, es decir, de sarampión, tosferina, dengue, cólera, tifoidea, mononucleosis, tétanos, pulmonía, paludismo y otras lindezas gastrointestinales y pulmonares”, saltó fronteras y geografías y se oyó en pueblos y ciudades de todo el Planeta Tierra. Fuimos muchas, muchos los que miramos con asombro a aquellos que, para que los viéramos, tuvieron que taparse la cara y nos descubrían que la palabra dignidad era mucho más que una definición en el diccionario.

Durante estos 25 años, hemos intentado acompañarles y darles nuestro apoyo; hemos visto como han crecido, como los que eran niños y niñas en los días del 94, se fueron convirtiendo en adultos y como quienes entonces aún no habían nacido, son ya jóvenes y jóvenas con cargos en sus comunidades, responsables de salud, de educación, de agroecología… Hemos visto como han trabajado luchado para sacar adelante su autonomía, sus Municipios Autónomos, sus Juntas de Buen Gobierno; cómo han trabajado sus tierras recuperadas, cómo han construido clínicas y escuelas; cómo se han capacitado para mejorar la producción, para construir cooperativas y cómo han emprendido un camino en el que gobernar es un servicio que todas y todos pueden y deben ejercer en un territorio donde el pueblo manda y el gobierno obedece. Pero también hemos visto cómo de difícil ha sido ese camino; cómo han sido permanentemente atacados por paramilitares, por el ejército y por los diferentes gobiernos que, en estos años, han intentado desprestigiarlos, acallarlos e ignorarlos, al ver que no podían acabar con ellos.

No podemos olvidar todo el dolor, el sufrimiento y los muertos que los malos gobiernos han provocado. Desde los asesinatos de Severiano y Hermelindo Santiz López y Sebastián Santiz Gómez, a manos del ejército mexicano el 7 de enero de 1994 en el Ejido Morelia, Altamirano, Chiapas, a la muerte del Maestro Galeano, el 2 de mayo de 2014, a manos de integrantes de la CIOAC-Histórica en La Realidad, Chiapas, pasando por Gilberto Jiménez Hernández, ejecutado a sangre fría por un soldado del ejército, perteneciente a la Fuerza de Tarea “ARCOIRIS”, en 1995 cerca de la comunidad de La Grandeza, en la Cañada de Patihuitz o José Tila, asesinado en 1998 por paramilitares de Paz y Justicia cuando regresaba a de prestar testimonio ante la CIODH, en la zona chol del estado. Son solo seis nombres de una larga lista; y no, nosotros, nosotras, no olvidamos, no perdonamos.

Por todo eso, en estos días de enero de 2019, queremos afirmar que seguimos escuchando en nuestros corazones la palabra de los hombres, mujeres, niños y niñas bases de apoyo, de las autoridades autónomas zapatistas, de los milicianos, milicianas, insurgentes, insurgentas, mandos y Comité Clandestino Revolucionario Indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y les decimos, desde nuestros tiempos y nuestras geografías.

¡NO ESTÁN SOLOS!

 

Por un mundo dónde quepan muchos mundos.

Planeta Tierra a 12 de enero de 2019.

 

FIRMAS ENERO 2019:

 

 

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Noticias de Latinoamérica:

1.- “Si Bolsonaro acaba con Maduro, Colombia lo apoyaría“: Controvertido titular de un medio brasileño.

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Soldados colombianos durante una operación militar en la frontera con Venezuela en Cúcuta, Colombia, el 13 de febrero de 2018.
Publicado: 31 oct 2018 00:50 GMT – RTasistencia médica a migrantes de Venezuela en Ecuador, Honduras, Colombia y Perú
La autora del texto ha defendido la veracidad de la información que le proporcionaron “altos funcionarios brasileños y colombianos“, mientras que ambos países niegan haber hecho tales declaraciones.
Carlos Eduardo Ramirez / Reuters
En una nota escrita desde Nueva York publicada por el diario brasileño Folha de São Paulo, un diplomático colombiano afirma, supuestamente, que su Gobierno apoyaría una eventual intervención militar del recién electo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, contra Venezuela.
El texto, que ha sido desmentido por Bogotá y por la Administración entrante en Brasil, fue difundido el pasado 29 de octubre, un día después de que Bolsonaro, excapitán del ejército brasileño, resultara ganador en la segunda vuelta electoral.
El texto, firmado por la periodista Sylvia Colombo, que ha defendido la veracidad de su trabajo, surge en medio del envío de 5.000 soldados colombianos a la frontera con Venezuela para combatir el narcotráfico y grupos armados, según una nota de AFP citada por La FM; y de las declaraciones previas del mandatario colombiano, Iván Duque, quien ha pedido “acorralar a la dictadura” de su homólogo venezolano Nicolás Maduro.

Bolsonaro también ha hecho público su rechazo al Gobierno del país vecino y ha expresado que algunas autoridades le han pedido ayuda para “solucionar” el “problema” de Venezuela, con referencia a la llamada “crisis migratoria”, que ha sido catalogada por Caracas como una excusa para llevar a cabo una invasión.

¿Qué publicó Folha de Maduro?

Un “alto funcionario del Gobierno de Duque“, que no ha sido identificado en el texto, afirma lo siguiente: “Si Bolsonaro ayuda a acabar con Maduro mediante una intervención militar, tendrá el apoyo de Colombia“.

En el escrito, la fuente anónima asevera que si el mandatario estadounidense Donald Trump o Bolsonaro “fueran los primeros en poner el pie  en Venezuela para derrocar a Maduro, Colombia iría detrás sin vacilar“.

Según el supuesto entrevistado, Duque “confía que estando la operación en curso“, con la participación de Brasil y EE.UU., se anexarían países que no han marcado posición, como Argentina y Chile. “La región no puede soportar el agravamiento de la diáspora venezolana“, afirma la fuente anónima.

Folha es el diario más influyente de Brasil, al que, precisamente, Bolsonaro ha amenazado con quitar el apoyo oficial por la publicación de supuestas noticias falsas en su contra durante la pasada campaña electoral.

Reacción de Colombia

El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, ha emitido una declaración de rechazo a la información difundida por el citado rotativo y ha catalogado como “supuesta e inexistente” la “sugerencia” de ese país suramericano para dar un golpe de Estado contra el mandatario venezolano.

Si bien el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia expresó en su pronunciamiento oficial que Duque “mantiene una tradición no belicista“, aboga por que, a partir de acciones políticas y diplomáticas, “más temprano que tarde, el pueblo de Venezuela pueda vivir en democracia y libertad“.

Brasil niega la invasión

Preguntado por el canal brasileño Récord sobre la eventual intervención militar contra el país con el que comparte más de 2.000 kilómetros de frontera, el sucesor de Michel Temer manifestó que “siempre va a buscar la vía pacífica para resolver los problemas”.

Asimismo, explicó que mantuvo conversaciones con autoridades de otros países en las que “se tocó el tema de Venezuela“, y que aquellas le pidieron que Brasil participara “de una forma u otra en la solución de ese problema” porque “los más pobres están sufriendo”.

Quien asumirá como ministro de la Defensa, el general Augusto Heleno Ribeiro Pereira, desestimó igualmente la información, según una nota de la propia Folha de São Paulo, y dijo que una invasión contradecía los principios de las relaciones exteriores de su país.

La autora del artículo se defiende

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Presidente venezolanos Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela, el 20 de octubre de 2018. / Miraflores Palace / Reuters

La periodista que publicó la nota expresó que habló con el embajador de Colombia en Brasil, Francisco Fuentes, tras la publicación, y que le reiteró que su texto no era una invención como él lo tildó. “Lo escuché de funcionarios colombianos y brasileños“, afirmó, según una entrevista hecha por La FM.

Fuentes negó conocer a Colombo y haberle reclamado por la información. “Son solo suposiciones“. De igual manera reaccionó el representante colombiano ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Alejandro Ordóñez, según recoge otra publicación de La FM.

La llamada de Trump

Otro detalle que reveló Bolsonaro en la entrevista que le hicieron tras imponerse en las urnas fue la conversación “con más demora que con las otras” que sostuvo con su ahora homólogo estadounidense. El mandatario electo adelantó que irá a EE.UU. próximamente y que llevará a su equipo para “profundizar las conversaciones”.
Por su parte, Trump publicó un tuit en el que calificó de “buena” la charla mantenida con su par e informó que trabajarían “en estrecha colaboración sobre temas de comercio y militares“.

Esta comunicación telefónica vino seguida por el intercambio telefónico entre Bolsonaro y el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, en la que “discutieron sobre la colaboración en temas prioritarios de política exterior, incluyendo a Venezuela“, según un comunicado oficial de Washington.

bolsonaoAnalistas de medios de la región han vinculado la información desmentida aparecida en el medio brasileño con unas declaraciones realizadas por Trump el pasado mes de julio pasado en las que afirmó que había considerado invadir militarmente el país suramericano en agosto de 2017.

El jefe de la Casa de Nariño, por otra parte, utilizó el tema venezolano como bandera durante su campaña política, afirmando que se debe “acorralar y arrinconar” a la “dictadura” de Maduro para que “ocurra una transición“, según lo cita El Nuevo Herald.

En una reciente entrevista con Euronews, reiteró que la salida no debía ser militar y que “el dictador quiere crear el demonio de una intervención militar“.

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Presidente colombiano Iván Duque en la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica, el 24 de octubre de 2018. / Eric Vidal / Reuters

Maduro ha catalogado a su par colombiano como un “diablo al servicio de EE.UU.” y ha responsabilizado a su Gobierno de proteger a los autores del atentado fallido en su contra, entre los que se encuentran el exdiputado Julio Borges, presunto autor intelectual, según las investigaciones venezolanas.

Nathali Gómez


2.- Trump habla de que Colombia debe invadir a Venezuela

Por Diego Olivera Evia

18-10-18

LOGO BAROMETRO PAG 3Crisis humanitaria  y los continuos asesinatos de luchadores sociales

Las maniobras de EEUU para tratar de invadir a Venezuela, han fracasado para lograr una acción militar, ahora el presidente bipolar Donald Trump, habla de una acción del gobierno de Iván Duque manifestando que sea un conflicto de vecinos, una burla más de los gringos, que tienen desplazados en esta nación con más de 7 bases militares, con poder bélico. Estas acciones impulsados por el senador y ex presidente Álvaro Uribe, asesino confeso, narcotraficante, que habla de una nueva agresión a Venezuela, como lo intento contra el presidente Hugo Chávez, al afirmar que le faltó tiempo, para una operación ante la fallida, operación con para militares, con uniformes del ejército venezolano, que fueron detenidos y repatriados a Colombia.

Iván Duque, actual presidente electo de Colombia, enfrenta la que quizás sea la encrucijada que le dará su gobierno: siendo leal al ex presidente Álvaro Uribe el popular líder de su partido Centro Democrático y la fuente de buena parte de los votos que lo llevaron a la presidencia.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia, abrió una investigación contra el ex presidente después de que se presentara evidencia que sugiere que Uribe habría intentado manipular testigos, por eso decidió llamarlo formalmente a indagatoria. Tras la noticia, Uribe, con la habilidad de un jugador consumado no es casualidad que sea la figura que ha dominado el escenario político colombiano en los últimos dieciséis años.

Su primera carta fue política. Anunció que renunciaría a su curul de senador para concentrarse en su defensa legal y de inmediato contraatacó a la Corte con la estrategia que ha usado siempre: acusarla infundadamente, vía redes sociales, de perseguirlo por razones políticas y de ser un instrumento de sus enemigos y opositores. Sus abogados, por otro lado, jugaron la carta jurídica al presentar una petición para remplazar, por supuestos impedimentos, a los magistrados que conocen del caso.

Estamos ante un estado forajido, manteniendo los paramilitares y controlando el mercado de drogas, podrá  Duque decide ser autónomo, sus políticas y su estilo de gobierno estarán más cercanos a una centroderecha institucionalista, tendría un gobierno neoliberal en materia económica y social, pero respetuoso de la separación de poderes y los derechos constitucionales. Pero los vínculos del presidente colombiano, con su familia de narcotraficantes, avalan una realidad de mecanismos criminales, logrando superar los Carteles de Cali y Medellín, ahora legalizados por el gobierno de Trump, que acepta los niveles más altos de drogas de cocaína, mariguana y otras yerbas.

La droga es la base del estado forajido

La droga en Colombia es un flagelo, y los nuevos carteles, permitieron de manera “legal” a niveles récord en los cultivos de coca y el potencial de producción de cocaína durante 2017, según lo acaba de revelar un informe de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos (Ondcp, por sus siglas inglés). Situación que el subdirector de la entidad, Jim Carroll, calificó de “inaceptable” y por la que exigió que el gobierno colombiano “debe hacer más”.

Las nuevas cifras apuntan a que las hectáreas cultivadas de hoja de coca aumentaron un 11%, pasando de 188.000 en 2016 a 209.000 en 2017. Y el escenario frente al potencial de producción de cocaína no es más alentador: con un incremento del 19%, el país llegó a las 921 toneladas métricas en 2017 frente a las 772 que se registraron en 2016. Este último indicador es una estimación con base en números de área cultivada con coca, número de cosechas por año y la productividad de los lotes de coca.

“El mensaje del presidente (Donald) Trump a Colombia es claro: el récord de crecimiento en la producción de cocaína debe revertirse”, advirtió Carroll. “A pesar de que los esfuerzos colombianos de erradicación mejoraron en 2017, fueron superados por la aceleración de la producción. El gobierno de Colombia debe hacer algo más para abordar este aumento”

Santos en su gobierno también señaló que “es muy fácil venir a criticar a Colombia, que por que se le aumentaron los cultivos ilícitos”, por eso pidió que se midieran otras circunstancia e indicadores como “la efectividad de las incautaciones, cuántos miembros de las mafias hemos extraditado, el esfuerzo inmenso que hemos hecho y que seguiremos haciendo”.

Por su parte, el Ministerio de Defensa e Colombia publicó en su cuenta de Twitter que en 2017 se ejecutó la erradicación más alta de la historia: 53.000 hectáreas de cultivos ilícitos destruidos. En otro tuit señaló que durante los últimos ocho años de gobierno, tiempo que lleva Santos en el cargo, se destruyeron 25.000 laboratorios de producción de drogas y se incautaron 2.000 toneladas de cocaína, una cifra récord, y porque ha crecido la demanda a EEUU.

Crisis humanitaria  y los continuos asesinatos de luchadores sociales

Los miembros de asociaciones de campesinos, de barequeros, mineros artesanales, campesinos cocaleros, líderes sociales, defensores de derechos humanos, excombatientes de Farc y sus familiares en territorio antioqueño son objeto de una sistemática persecución y víctimas de homicidios por parte de grupos armados al margen de la ley.

Esta comunidad denuncia la grave crisis humanitaria por la que atraviesa y confiesa el temor que la aborda por la falta de garantías y la inseguridad reinante en sus territorios, abandonados totalmente por el Estado, cuya presencia se limita a los patrullajes que realiza el Ejército. La problemática es igual en el Magdalena Medio, en el Bajo Cauca, en Urabá, en el Nordeste y el Norte de Antioquia. En esta última subregión, la red de organizaciones sociales y campesinas del Norte denuncia que se encuentran al alza las continuas violaciones a los Derechos Humanos.

En el año 2017 los grupos armados se asentaron en los municipios de Ituango y Briceño generando más de 20 asesinatos y cientos de desplazados”. “En el mismo año fueron asesinados varios líderes sociales, así como varios excombatientes de las Farc sin que el Estado adoptara las medidas de protección para las comunidades, las organizaciones sociales y sus líderes”.

Durante este 2018 la situación de seguridad ha empeorado significativamente. Solo en Ituango se han presentado 42 muertes violentas, donde junio ha sido el mes más violento desde que inició el proceso de paz”. “En los últimos  días se produjeron los asesinatos de los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de las veredas El Mandarino y Pascuita, además de un feminicidio en la vía que conduce del casco urbano al corregimiento de Santa Rita, hecho que se da presuntamente por sostener relaciones sentimentales con miembros de la Fuerza Pública y el asesinato de un miembro de una organización de pequeños mineros”.

Es alarmante la numerosa presencia de hombres armados circulando en las localidades del Norte de Antioquia, en donde esta singularidad no se registraba hacía más de 15 años y hoy circulan fuertemente armados y sin identificación por caminos, y carreteras de los diferentes municipios del Norte de Antioquia”. “No existe voluntad para dar respuesta sobre los asesinatos de líderes sociales y las amenazas a las organizaciones sociales pues aún no existe ningún señalamiento sobre responsabilidades en los hechos ampliamente narrados”.

Es evidente que seguimos en medio de disputas territoriales armadas de las cuales no podemos huir y que nos ponen en un deplorable estado de indefensión y abandono, ante el silencio complaciente de un Estado ajeno a las realidades territoriales y los dolores de sus habitantes, frente a esta punzante situación nos vemos abocados a preguntarnos: ¿Cuántos muertos más debemos llorar por querer un territorio en paz?, ¿Cuántos funerales más nos costará el deseo de habitar y construir territorios en donde todos podamos trabajar y vivir?”.

Estos índices de violencia de los grupos paramilitares y militares regulares de ejército Colombiano, ha creado un estado forajido, con partidos políticos corruptos y asesinos con Uribe, padre de los narcotraficantes y autor de los paramilitares, para controlar el mercado de las drogas, y tienen la inmoralidad de criticar a Venezuela, de ser un país en crisis y el hambre en Colombia, es más grave usando a los campesinos como productores de drogas, la inmoralidad de los presidentes en Colombia, es parte de una cultura de muerte, con sicarios y paracos.

diegojolivera@gmail.com

3.- Conozca el verdadero objetivo del buque hospital del Comando Sur en Latinoamérica

Publicado: 19 oct 2018 02:37 GMT | Última actualización: 19 oct 2018 02:55 GMT – RT
Autoridades militares de EE.UU. informan que se trata de un operativo médico de solidaridad, mientras que Caracas denuncia un plan oculto para interferir en sus asuntos internos.
barco

El buque hospital USNS Comfort de camino a Puerto Rico luego del Huracán María, el 3 de octubre de 2017.
Christopher Merian/U.S. Air Force / Reuters

Un buque hospital de la armada estadounidense cruzó este miércoles el Canal de Panamá con la supuesta misión de proporcionar “asistencia médica a Ecuador, Perú, Colombia y Honduras“, entre los meses de octubre y diciembre de 2018, dice un comunicado del Comando Sur.
Se trata del buque hospital ‘USNS Comfort‘ (T-AH 20), una nave de 350 metros de eslora que transporta una tripulación de 950 personas, incluido personal médico, como parte de la operación Promesa Duradera.
Será el sexto despliegue que el ‘USNS Comfort’ realiza en la región desde el año 2007. En su comunicado, el Comando Sur asegura que esta gira representa “la promesa permanente de amistad, asociación y solidaridad de Estados Unidos con las Américas“.
No obstante, la embajada de Estados Unidos en Panamá ha revelado en su cuenta Twitter que la misión real del buque consiste en brindar “asistencia médica a migrantes de Venezuela en Ecuador, Honduras, Colombia y Perú“, por un período de dos meses.
La entrada del buque en aguas suramericanas coincide además con la visita del secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, a Panamá y México, encuentros en los que el alto funcionario abordará la situación venezolana.

Objetivo no declarado

El Gobierno venezolano, sancionado y bloqueado financieramente por Washington, ha denunciado que EE.UU. tiene la intención de invadirlo militarmente.

De visita en República Dominicana, el abogado venezolano Larry Devoe, secretario general del Consejo Nacional de Derechos Humanos, denunció que Estados Unidos utiliza como pretexto la existencia de una “supuesta crisis humanitaria” para tratar de intervenir en su país.
Una tesis reforzada por un artículo publicado en The New York Times, según el cual la Administración de Donald Trump habría establecido contacto con militares venezolanos, para planificar un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro.
Estas revelaciones dejarían al descubierto la injerencia del Gobierno estadounidense para derrocar violentamente al mandatario venezolano.

En consecuencia, Caracas desconfía de la misión real de esa embarcación militar estadounidense.

Doble misión

Esta gira no es la primera que el ‘USNS Comfort’ hace por aguas de Suramérica. La periodista e investigadora argentina Telma Luzzani recuerda que la embarcación ha sido la nave insignia de un operativo médico y militar llamado MEDRITE (siglas en inglés de ‘Medical Regional Training Exercises’, en español Ejercicios de capacitación médica regional).

La también autora del libro ‘Territorios vigilados‘, en el que detalla la extensión de las bases militares de EE.UU en la región, opina que “el buque es parte de un dispositivo de doble función“.
El Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, antes de salir a Panamá y México. 18 de octubre de 2018. / Brendan Smialowski/Pool / Reuters

Por un lado“, señala Luzzani, “cumple objetivos médicos y por otro, misiones de vigilancia, recolección de información, control y espionaje, para futuras operaciones“.

El punto es que alrededor de estos “operativos médicos” existe una parte “opaca“, que no se declara oficialmente, y eso constituye “lo más peligroso“, desde la óptica de la escritora argentina.

El argumento de los DDHH

Arlenín Aguillón, experto en análisis del discurso, apunta que el arribo del buque militar estadounidense sigue la linea argumentativa de Washington, relativa a la supuesta crisis migratoria generada por el éxodo venezolano.

El tema migratorio es el relato establecido desde hace más de un año para imponer un marco no probado de violación de los derechos humanos en Venezuela“, explica el analista.
Los derechos humanos, agrega, son “utilizados por EE.UU.” como la herramienta que les ha abierto la posibilidad de invadir otros países. “Esto hay que repetirlo mucho, porque es la verdad“.

Oficiales de migración colombianos revisan documentos a las personas que intentan entrar a Colombia desde Venezuela. 25 de agosto de 2018. / Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Aguillón asegura que ningún país o fuerza extranjera puede intervenir en los asuntos internos de Venezuela, y esa es la razón por la que “Estados Unidos dejó de lado el tema del ‘gobierno fallido’, y se concentró en condenar la existencia de un supuesto Estado forajido, violador de los derechos humanos“.

¿Nueva guerra fría?

El experto en análisis del discurso estima que la política exterior de la Casa Blanca en América Latina rememora la época de la guerra fría.

Las inmensas reservas petroleras venezolanas, implícitamente, están en juego. No se trata solo del buque militar estadounidense que estará dos meses en la región, sino que EE.UU. mantiene frente a la frontera norte de Venezuela a la Cuarta Flota, y una serie de bases militares operativas en Colombia y otros países vecinos“, alerta Arlenín Aguillón.
Ernesto J. Navarro
candidata

EN DEFENSA DE LULA

Y DE LA DEMOCRACIA EN BRASIL

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El Estado Democrático de Derecho en Brasil viene siendo violado de manera sistemática y permanente a partir del Golpe de Estado aplicado contra la Presidenta Rousseff en 2016 con innegable participación del poder judicial y de los medios. Desde entonces hechos de enorme gravedad amenazan con establecer un régimen antidemocrático y represivo en Brasil, empezando por la politización cada vez más radical del Judiciario que mantiene ciudadanos presos y / o acusados sin culpa formada o cualquier mínima prueba, fundamentando sus decisiones tan sólo en delaciones y en la “convicción” de los magistrados. Estas prisiones han ocurrido antes de que se agotan todas las posibilidades de recursos violando la Constitución Brasileña que en su Artículo 5 garantiza la presunción de inocencia hasta la cosa juzgada. La víctima más reciente de estas arbitrariedades es el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, condenado y preso bajo la alegación de ser propietario de un inmueble que nunca le perteneció y que fue, incluso, objeto de embargo en nombre de otro por la propia justicia. Su prisión es eminentemente política, pues es objetivo del Golpe impedirle de candidatearse nuevamente a la presidencia de la república. No bastara eso, el gobierno golpista que usurpó el poder en Brasil viene adoptando medidas que debilitan la incidencia de la población sobre el Estado brasileño por medio de la extensión de las privatizaciones, incluso de las reservas del Pre-Sal; entrega del patrimonio nacional al capital extranjero, incluidas las tierras; amenazas de retirar al Banco Central del control del Estado; interferir en la autonomía universitaria y extinguir derechos laborales fundamentales; así como violar la libertad sindical. La arbitrariedad instalada viene acompañada de una serie de violaciones de las garantías constitucionales esenciales como los derechos civiles, políticos y sociales en Brasil, así como el recrudecimiento de las violaciones de derechos humanos a través del incremento del exterminio de la población negra en las periferias de nuestras ciudades, las iniciativas del gobierno golpista para anular el combate al trabajo esclavo en el país, la reiterada criminalización de los movimientos sociales y el aumento del número de asesinatos en el campo de trabajadores rurales, indígenas y quilombolas que, sólo en 2017, sumaron al menos a 70 víctimas. La violencia política y la impunidad han crecido conforme demuestran también la ejecución de la concejal de Río de Janeiro, Marielle Franco y su conductor Anderson Gomes, crímenes no elucidados hasta el momento, además de los atentados a tiros contra la caravana de Lula en los estados del sur, y el reciente tiroteo contra el campamento de solidaridad a Lula en Curitiba, donde dos personas resultaron heridas. En esta situación, un grupo de entidades nacionales y personalidades crearon el “Comité de Solidaridad Internacional en Defensa de Lula y de la Democracia en Brasil”, pues entendemos que enfrentar este peligroso marco político requiere también el apoyo de personalidades y organizaciones del medio político y social de otros países. El Comité cuenta con una participación amplia y plural para reforzar las iniciativas ya existentes en Brasil y en el exterior en defensa de la restauración de la democracia en nuestro país, del derecho de Lula a un juicio imparcial y justo, de la celebración de elecciones libres y democráticas y del derecho de la población brasileña elegir a los dirigentes que le interesan. Los instrumentos que disponemos para ello en el momento, además de la formación del propio Comité y del lanzamiento de este sitio, es el incremento de las firmas del Manifiesto:

Firma la propuesta del Premio Nobel de la Paz para Lula:

esquivel

iniciada por Adolfo Pérez Esquivel además de replicar la creación de Comités de Solidaridad a Brasil como los ya existentes en otros países.

internet

Entrevista a Lula da Silva

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“No fui acusado por corrupción, fui acusado por una mentira en una investigación judicial”

Entrevista exclusiva al ex presidente de Brasil Luiz Inácio “Lula” da Silva, realizada semanas antes de que fuera encarcelado. Lula, ex-dirigente sindicalista de gran popularidad, fue condenado a 12 años de cárcel en una polémica causa por corrupción. En el momento de la entrevista se perfilaba como el político con mayor aprobación en las encuestas para las elecciones presidenciales de 2018, pero su encarcelación lo descalifica como posible candidato. La causa está ligada a la cada vez más extensa investigación conocida como Operación “Lava Jato” (lavado de autos). Se le acusa de aceptar un apartamento en la playa por parte de una empresa de ingeniería a cambio de obtener contratos con la empresa petrolera del Estado brasilero, Petrobras. Muchos de los que apoyan a Lula afirma que su condena tuvo motivaciones políticas.

AMY GOODMAN: Seguimos en Democracy Now! democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz. Continuamos con nuestra entrevista exclusiva con el ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. El portal periodístico The Intercept señaló en un reciente informe: “La acusación contra Lula está llena de irregularidades. El título del apartamento nunca fue transferido a Lula ni a sus socios; él y su esposa nunca usaron la propiedad; la fiscalía no pudo identificar ninguna compensación o beneficio concreto recibido por Lula en relación con Petrobras; no hay ningún documento oficial ni interno que vincule a Lula con dicho apartamento; y el juicio se sostiene casi por completo en el testimonio del funcionario de la empresa que esperaba obtener clemencia judicial por su cooperación”. Durante nuestra entrevista, el presidente Lula se refirió al juicio y a la sentencia en su contra.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA: Yo no fui acusado por corrupción. Fui acusado por una mentira en una investigación policial, una mentira en la acusación del Ministerio Público y en la sentencia del juez Moro. Porque sólo hay una prueba en todo este proceso, que es la prueba de mi inocencia, que mis abogados defensores explicaron de manera magistral. Estamos esperando que los acusadores muestren al menos alguna evidencia que indique que cometí algún crimen durante mi mandato como presidente. Porque lo que está detrás de esto es la intención de criminalizar a mi partido político. Lo que está detrás de esto es el interés de parte de la élite política de Brasil y de un sector de la prensa, reforzado por la intervención del Poder Judicial, de evitar que Lula sea candidato en las elecciones presidenciales del 2018. Y sigo desafiando a la policía federal, sigo desafiando al Ministerio Público, sigo desafiando al juez Moro y al tribunal de segunda instancia a que muestren al mundo y a Brasil una sola evidencia de algún crimen cometido por mi. El comportamiento del poder judicial en este momento tiene motivaciones políticas.

AMY: Sr. Presidente, el año pasado la derrocada presidenta Dilma Rousseff dijo: “El primer capítulo del golpe fue mi destitución. Pero hay un segundo capítulo, que es impedir que el presidente Lula sea candidato en las próximas elecciones”. ¿Usted también lo ve así, como el capítulo final del golpe? Si su condena queda ratificada, ¿se le impedirá presentarse a las elecciones de octubre?

LULA: En 12 años en el gobierno el Partido de los Trabajadores logró hacer muchas cosas que no se habían logrado en todo el siglo XX. En nuestro país, en 12 años, 40 millones de personas pudieron acceder a una calidad de vida de clase media. Sacamos a 36 millones de personas de la indigencia. Mientras que en Europa se perdieron 62 millones de puestos de trabajo desde 2008, nosotros hemos creado 20 millones de empleos formales en nuestro país. Durante 12 años, todos los trabajadores brasileños tuvieron aumentos de sueldo por encima de la inflación. Ha sido el momento de mayor crecimiento económico en la historia de Brasil. El período de mayor aumento de la distribución de ingresos en la historia de Brasil. Para darte una idea, en 12 años, 70 millones de personas que nunca habían entrado a un banco comenzaron a usar el sistema bancario. Obviamente que después de sacar a Dilma no iban a querer que Lula regresara. Porque ellos saben que la relación que tiene Lula con la sociedad brasileña es más fuerte que la de cualquier otro presidente en la historia de Brasil. Y aún más importante, Amy, ellos saben que estoy absolutamente convencido de que la mejor manera de recuperar la economía de Brasil es fortaleciendo el ascenso del pueblo pobre y trabajador. Y saben que yo sé cómo hacerlo. Cuando el pueblo pobre tenga trabajo, cuando reciba salarios justos, cuando puedan estudiar y estén comiendo mejor, cuando tengan mejores viviendas y puedan vestirse mejor; la economía volverá a crecer, volveremos a ser el país más optimista del mundo y el pueblo más alegre del mundo. Por eso, Amy, quiero ser candidato a la presidencia de Brasil. Para demostrar que un tornero mecánico que no tiene título universitario sabe cuidar al pueblo brasileño mucho mejor que la élite brasileña, que nunca cuidó del pueblo brasileño.

AMY: Presidente Lula, ¿por qué tomo la decisión de postularse de nuevo a la presidencia?

LULA: Pues la verdad es que todavía no lo he decidido. Quien está decidiendo es el pueblo brasileño. Verás, en todas las encuestas de opinión que se hacen en Brasil, mes a mes, que son muchas, yo aparezco en el primer lugar. Yo aparezco como el candidato con menos rechazo y más posibilidades de ganar las elecciones en la primera vuelta. Y esto es lo que molesta a mis adversarios. Estoy convencido que la Corte Suprema o el Supremo Tribunal de Justicia me va a absolver y voy a poder ser candidato a la presidencia de la República, y voy a ganar las elecciones y lograr que Brasil vuelva a ser protagonista de la política internacional. Voy a lograr que la economía vuelva a crecer, voy a generar empleos y mejorar la calidad de vida del pueblo. Esto es algo que sé hacer muy bien. voy a generar empleos y mejorar la calidad de vida del pueblo. Esto es algo que sé hacer muy bien.

AMY: Si su caso no va bien en la Corte Suprema, ¿consideraría ponerse a un lado?

LULA: Antes que nada Amy, yo soy muy optimista, muy optimista. Ahora, si sucediera que no puedo ser candidato, si mi nombre no pudiera estar en las listas de candidatos —porque tiene que estar el nombre y la fotografía del candidato en la lista electrónica aquí en Brasil—, en ese caso, el partido convocaría una convención para discutir qué hacer. Yo voy a luchar hasta el fin, confiando en que se hará justicia. Ahora, si mi inocencia se prueba, considero que el juez Moro debería ser retirado de su cargo. Porque no podemos tener un juez que mienta en una sentencia y condene a alguien que sabe que es inocente. Él sabe que ese apartamento no es mío. Él sabe que no lo compré. Sabe que no lo pagué. Sabe que nunca estuve allí. Sabe que no he recibido dinero de Petrobras. Lo que sucede es que él se subordinó a los medios de comunicación… le dije, en mi primera audiencia con él: “Tú no estás en condiciones de absolverme porque la mentira ya ha ido demasiado lejos”. Es la desgracia de quien miente una vez y luego se pasa la vida entera mintiendo para justificar la primera mentira. Ellos están mintiendo con respecto a mí. Y voy a demostrar que ellos están mintiendo.

AMY: Bueno, usted plantea dos cuestiones, presidente Lula: la acusación de los medios de comunicación y la acusación del juez. ¿Puede profundizar sobre ambas? Comience con la primera.

LULA: Bueno, Amy, sería importante que vinieras a Brasil para conocer lo que está pasando con la prensa brasileña. Fui presidente durante ocho años. Dilma fue presidenta durante cuatro años. Durante 12 años, la prensa no hizo otra que cosa más que tratar de destruir tanto mi imagen como la imagen de Dilma, y la imagen de mi partido. El principal noticiero de Brasil ha presentado más noticias negativas sobre mí que sobre cualquier otro presidente de la historia del país. En otras palabras, intentan a diario masacrarme, contar mentiras sobre Lula, sobre la familia de Lula. Y la única arma que tengo es confrontarlos. Y les molesta que aunque me hayan atacado durante cuatro años, cualquier encuesta de opinión, de la consultoría de opinión pública que sea, igual da a Lula como ganador en las elecciones de Brasil. En segundo lugar, está el Ministerio Público y la operación “Lava Jato”. Respeto mucho al Ministerio Público como institución. Como miembro de la asamblea constituyente ayudé a fortalecer el papel del Ministerio Público. Pero el Ministerio Público creó un grupo de trabajo, coordinado por un fiscal que fue a la televisión y mostró una presentación que decía que el PT fue creado para ser una organización criminal y que por el hecho de ser la persona más importante del PT, Lula era el jefe de esa organización criminal. Y al final de su acusación simplemente dijo lo siguiente: “No me pidan pruebas. No me pidan pruebas. Lo que tengo es convicción”. Yo no quiero ser juzgado por la convicción de un fiscal. Que se guarde sus convicciones para sí mismo. Si él me está procesando, quiero que haga su presentación en el juicio, que le diga al pueblo brasileño qué crimen cometí. Lo único que realmente quiero es que se evalúe la validez del proceso en mi contra. Quiero que el fiscal lo evalúe. Que lea el informe de la acusación y el informe de la defensa. Y que a partir de ahí tome una decisión. Lo que realmente quiero en este momento es que se haga justicia en este país.

AMY: El candidato que aparece segundo en las encuestas de Brasil es un congresista de extrema derecha y ex soldado llamado Jair Bolsonaro. Se le ha llamado el “Trump brasileño”. ¿Puede contarnos quién es o qué representa? ¿Sabe si existe comunicación entre él y el gobierno de los Estados Unidos?

LULA: Amy, yo no puedo emitir acusaciones contra un adversario. Lo único que me gustaría es tener el derecho de participar en las elecciones aquí en Brasil, para ganar las elecciones y recuperar el derecho del pueblo brasileño a vivir bien. No puedo emitir un juicio sobre el presidente estadounidense, así como no puedo emitir un juicio sobre el presidente de Uruguay, y mucho menos puedo emitir un juicio sobre mis adversarios.

AMY: ¿Pero podría explicar lo que él representa y cuáles son las diferencias que hay entre ustedes?

LULA: Él es un diputado federal. Fue capitán del ejército brasileño. La información que tenemos es que fue expulsado del ejército. Y él es un hombre que tiene un comportamiento de extrema derecha, fascista. Tiene mucho prejuicio contra las mujeres, contra la gente negra, contra la gente indígena, o sea, contra los derechos humanos. Cree que todo se puede resolver con violencia. Entonces, pienso que él no tiene futuro en la política brasileña. Tiene el derecho a presentarse como candidato. Él habla, proyecta una imagen para atraer a una parte de la sociedad que es de extrema derecha. Pero no creo que el pueblo brasileño tengan interés en elegir a alguien con estas características para servir como presidente de la república.

AMY: ¿Cree que él se puso contento con la muerte de Marielle?

LULA: Creo que sí, porque predica la violencia todos los días. Él considera que quien defiende los derechos humanos está perjudicando la democracia. Considera que quien defiende los derechos de las mujeres está perjudicando la democracia, que quien defiende los derechos de la gente negra perjudica la democracia. Él está en contra de todo lo que yo apoyo en materia de derechos humanos.

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