Categoría: represión

🇺🇦Protestas en Ucrania e Irán🇮🇷

Anarchist Communist Group

🇺🇦Primera protesta social masiva en Ucrania en 2023

Lo que siguei está tomado de un informe del grupo anarquista ucraniano Asamblea. Aparecido por primera vez en libcom.

letter e - AHDJn lamañana del  22 de abril, la Plaza de la Liberación en Kryvyi Rih, o Krivoy Rog, la ciudad natal de Zelensky, se inundó de esposas y madres de soldados que gritaban «¡Vergüenza!» y exigiendo que el comandante de la unidad, Yuri Sinkovsky, se presentara. Sus familiares de la 129ª Brigada de Defensa Territorial Separada están luchando en el frente en la región de Donetsk. Los escuadrones de defensa territorial se crearon inicialmente de forma voluntaria para realizar tareas auxiliares, como patrullar las calles y prestar servicio en los puestos de control, pero el verano pasado comenzaron a lanzarse a los puntos más calientes de Donbass. Esto inmediatamente comenzó a causar varios conflictos con su mando.

Durante el mes, familiares del personal denunciaron en redes sociales la falta de apoyo a la brigada allí. En particular, según las esposas, los combatientes estan en la línea del frente sin agua, comida, municiones, incluso compraron chalecos antibalas por su propia cuenta y condujeron sus propios automóviles en lugar de vehículos blindados. También quisieron saber por qué no se está evacuando a los heridos y muertos, hablando del mal e inoportuno trato a los heridos.

Cientos de manifestantes bloquearon el tráfico rodado. Victoria Tretyak, representante del Consejo de Defensa de la Ciudad, sugirió que los manifestantes se presenten ante la oficina del fiscal militar con una declaración colectiva de que la propiedad transferida del Consejo no llegó a los militares. Ni ella ni otro subjefe del Consejo de Defensa, Alexander Piskun, pudieron responder una sola pregunta. Así como el representante del comandante de brigada que llegó al mitin.

Los manifestantes decidieron preparar una lista de preguntas para que el comando de la brigada 129 y el Consejo de Defensa respondieran en línea.

insumisionEste es solo el ejemplo mayor de acciones ese tipo en Ucrania desde el mes pasado. Entonces, a principios de abril, las esposas y madres de los soldados enviados al frente se reunieron frente al centro de alistamiento en Ivano-Frankivsk. Intentaron llamar a la jefatura de la unidad militar 1241 de la Guardia Nacional para averiguar por qué los comandantes enviaron a los soldados al frente sin armas, apoyo, equipo. Según sus palabras, solo 25 de 300 personas permanecieron en dos días. Sin embargo, la dirección de la unidad no quiso contestar y colgó. Los soldados afirmaron que no querían ir a una muerte segura y que existe la intención de juzgar a los supervivientes por ello. En Odessa, especialmente conocida por la brutalidad de los oficiales de alistamiento que agarran a los muchachos en la calle y los encierran en centros de reclutamiento, donde se someten a un examen médico simbólico e inmediatamente van a entrenarse, hubo una protesta contra la retención forzosa de reclutas en la oficina de alistamiento del distrito de Suvorovsky. Las mujeres que acudieron por sus maridos llamaron a la policía, quienes llegaron al establecimiento y aceptaron declaraciones sobre el secuestro. La intervención permitió detener la detención. Es especialmente interesante que en este caso los policías se pusieron del lado de la gente, aunque por lo general, por el contrario, ayudan a cargar a los muchachos en el carro de alistamiento por la fuerza. ¿Quizás esto es solo el comienzo de los grandes procesos que se avecinan?

Además, le invitamos a aprender de este material reciente cómo la movilización general fortalece continuamente el control social y la competencia entre los trabajadores de Ucrania.

Original libcom article appears here 👇🏽:

💩La guerra que viene. Es hora de alzar la voz

👎🏼“No hay necesidad de un golpe aparatoso para instalar una dictadura”

🇮🇷Irán: la revuelta se intensifica

Blue Letter E | Words, Letters, Calligraphy, Scripting, Typography, I…l año comenzó en Irán con las ejecuciones de dos jóvenes tras unos simulacros de juicios por estar involucrados en el levantamiento contra el régimen teocrático. Hubo bastantes manifestaciones en muchos barrios de Teherán. A esto siguió la ejecución de otros dos jóvenes. Hubo una manifestación frente a la prisión donde fueron asesinados en Karaj, cerca de Teherán.

Tras estas cuatro ejecuciones estallaron manifestaciones en otras ciudades. Algunas de las consignas coreadas en estas manifestaciones incluyeron “Por cada persona muerta, hay otras mil detrás de él”, “Muerte a Khameini”, (el líder supremo de Irán), “No queremos un gobierno que mate niños”, y “Muerte a los Basij”, la fuerza de guardias represivos que actúan como perros de presa del régimen. Las manifestaciones pedían el fin de las ejecuciones. Los asesinados por el régimen fueron Mohammad Ghobadlou (22), Mohammad Boroughani (19), Mohammad Mahdi Karami y Seyed Mohammad Hosseini (ambos de 23).

Iran revoltEl régimen clerical recurrió a estas ejecuciones tras el asesinato en septiembre de una joven kurda, Mahsa Amini, a manos de la policía de la moralidad, que hace cumplir las normas de comportamiento y vestimenta de los ayatolás, en particular contra las mujeres. Esto desencadenó grandes manifestaciones en todo Irán. Estos fueron etiquetados como “disturbios” por el régimen, que se apresuró a difundir la mentira de que estaban instigados por los Estados Unidos, Israel y la Gran Bretaña. Además de los ejecutados, otros 17 han sido condenados a muerte. Además de esto, al menos 519 manifestantes han sido asesinados, incluidos 71 niños, y en respuesta a la violencia estatal, 68 miembros del personal de seguridad fueron asesinados por la multitud. Otros 12.290 manifestantes han sido arrestados y 111 se enfrentan a sentencias de muerte.

Además de los asesinatos y arrestos, el régimen se ha basado en la tortura de prisioneros para intentar sofocar los disturbios. Se ha vuelto contra diversas celebridades, periodistas, cineastas y abogados que han apoyado las protestas. Al menos 84 periodistas han sido arrestados.

El régimen está aterrorizado de que los disturbios desencadenen protestas aún más amplias. Existe un descontento generalizado por la brutalidad y represión de las fuerzas de seguridad, el desempleo masivo, la inflación que sube al 50% anual, la crisis del agua, el impago de salarios, los contratos laborales precarios y la corrupción de los funcionarios del régimen. Incluso según las estadísticas del régimen, el 50% de la población iraní está por debajo del umbral de la pobreza.

Junto con las protestas callejeras ha habido huelgas de maestros, trabajadores del acero y trabajadores del petróleo. Sin embargo, las protestas callejeras en su mayoría estaban compuestas por jóvenes y estudiantes.

Una indicación de la pérdida de apoyo para el régimen fue que no logró reunir a un gran número de personas para las manifestaciones progubernamentales a fines del año pasado.

Khameini amenazó con más sentencias de muerte y nombró al brutal matón Ahmad Reza Raden como jefe de policía. Este cabrón se destaca por su determinación en obligar a las mujeres a usar el hiyab, el tocado en el que insiste el régimen.

Sin embargo, esto no ha disuadido a las mujeres de seguir desafiando al régimen. En muchas ciudades, algunas mujeres se niegan a usar el hiyab. El Año Nuevo iraní comenzó el 20 de marzo con los residentes de la ciudad de Ekbatan cantando “Muerte al dictador” desde sus balcones. El régimen respondió trayendo nuevas leyes sobre el hiyab, coincidiendo con el mes de Ramadán.

El 9 de abril, las fuerzas de seguridad se pararon en las entradas de las estaciones de metro de Teherán, impidiendo el acceso a los trenes a las mujeres que llevaban hiyab “incorrectamente” o no. Radan advirtió que a partir del 15 de abril, las mujeres que no cumplan con las reglas del hiyab serán procesadas. El comandante de la policía de tráfico de Teherán respaldó esto diciendo que las cámaras de tráfico se usarían para identificar a quienes no obedecieran las reglas del hiyab.

Cuando las escuelas y universidades reabrieron después del Año Nuevo iraní, los responsables de educación y ciencia advirtieron al personal y a las estudiantes que obedecieran las reglas del hiyab o serían expulsadas ​​​​de los establecimientos educativos. A pesar de esto, ha habido muchas burlas a estas regulaciones.

Más recientemente ha habido una repetición de envenenamiento masivo mediante ataques químicos y con gas sobre estudiantas en Shahriar, Bandar Ganaveh, Ashnoye, Amol, Shahin Shahr y Tabriz. También hubo un envenenamiento en la Universidad de Teherán. Quienes sufrían estos ataques se quejaban de extraños olores químicos.

Unas 7.000 alumnas pueden haber sido envenenadas y 500 de ellas hospitalizadas. Los ataques pueden ser obra de islamistas de línea dura, que se oponen a que las niñas y mujeres jóvenes reciban educación. En respuesta, muchos padres salieron a las calles a protestar por la lenta respuesta de las autoridades a los envenenamientos. En algunos casos, estas manifestaciones fueron atacadas por las fuerzas de seguridad con el uso de gases lacrimógenos. Los envenenamientos continúan, el último hace apenas un par de días.

Khameini ha pedido la pena de muerte para los responsables de los envenenamientos. Se han realizado cien arrestos con las autoridades buscando culpar a potencias extranjeras y a los Muyahidines del Pueblo, un grupo guerrillero de izquierda. Es casi seguro que estos arrestos son un intento del régimen de desviar la atención de su propia falta de acción.

A medida que la situación económica sigue deteriorándose, Khamenei pide ahora un aumento de las privatizaciones. Esto corre el riesgo de causar más descontento entre la clase trabajadora, derramándose en las calles para unirse a los movimientos de protesta en curso.

Esperamos con ansias el fin del inmundo régimen en Irán, un régimen basado en la represión y la misoginia, un régimen que protege los intereses de la clase dominante.

Los arrestos de republicanos y activistas climáticos en la coronación de Carlos III cuestionan el derecho a la protesta

🖌La carta de Julian Assange al rey Carlos III describe las brutales condiciones de la prisión de Belmarsh

🇷🇺Rupresión⛓

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Llamamiento de ABC Irkutsk en Libcom.org

Siberia Oriental es una región dura e inhóspita, que fue lugar de encarcelamiento y exilio para socialistas y anarquistas bajo el régimen zarista. Como se puede ver, la historia se repite.

Así resume el colectivo el año de su trabajo. En realidad coincidió con el aniversario de la invasión a gran escala de Ucrania:

Hace casi un año que hemos reanudado nuestra actividad. Como esperábamos, este año ha traído decenas de personas a las listas de presos políticos. No hay apoyo suficiente para todos, por lo que estamos ampliando la lista de casos de los que nos haremos cargo.

No todas las personas actualmente encarceladas por actos de resistencia son anarquistas, pero todas caen en la rueda de molino del sistema represivo del Estado. Los que expresan abiertamente una posición antibelicista en forma de sabotaje en el ferrocarril o de incendio de un centro de reclutamiento militar contribuyen a la destrucción del régimen y no deberían quedarse sin la atención y el apoyo de los que siguen fuera. Ahora nos ocuparemos también de esos casos.

Por desgracia, nuestros recursos son muy limitados, pero haremos todo lo posible para apoyar a los que están en prisión.

Puedes apoyarnos de cualquier forma: informativa, material o de otro tipo. En cuanto al apoyo material, puedes enviarnos fondos utilizando los detalles de la criptomoneda (por favor, ponte en contacto con nosotros antes de enviar fondos).»

ABC Irkutsk apoya actualmente a Alexander Snezhkov y Lyubov Lizunova acusados en el llamado caso Chita. Como escribimos anteriormente, se les acusa en virtud de tres artículos del Código Penal ruso: 205.2 (llamamientos públicos a realizar actividades terroristas), 214.2 (vandalismo) por las pintadas «¡Muerte al régimen!», y 280.1 (llamamientos públicos a realizar acciones dirigidas a violar la integridad territorial de la Federación Rusa). Llamó la atención de los represores un post en el canal Telegram que resumía los resultados de las actividades partisanas desde el comienzo de la guerra hasta la movilización en Rusia, donde se mencionaban positivamente los incendios provocados de oficinas de alistamiento, el sabotaje ferroviario y las acciones de la Organización de Combate de Anarco-Comunistas (BOAK). Los activistas suponen que fueron seguidos durante mucho tiempo. Tras quedar en libertad condicional bajo fianza, volvieron a ser arrestados a mediados de enero bajo el pretexto de violación  de la  condicional: una chica fue detenida en Irkutsk, un chico en Omsk. Ahora Lyubov está bajo arresto domiciliario, Alexander se encuentra en el 1er centro de detención preventiva de Chita. Ya se ha pagado con aportacioes todo el periodo de asistencia jurídica previa al juicio de Alexander.

ABC Irkutsk también apoya a Daniil Ivanov e Ilya Vinogradov acusados de robo (Art. 162 parte 3 del Código Penal ruso) en el llamado caso Krasnoyarsk. Durante la sesión anterior la corte llamó a declarar a la presunta víctima, pero no logró proporcionar un testimonio completo y detallado. También se invitó a declarar a testigos de la defensa y de la fiscalía.

Contrariamente a la información aparecida en muchos recursos, el caso se abrió no sobre la base de una denuncia de robo, sino como resultado de escuchar y leer correspondencia en la red social Vkontakte (según un mensaje del abogado de Daniil). Los familiares de los detenidos sugieren que las cuentas los acusado fueron monitoreadas durante mucho tiempo. También se sabe que la persona a quien se acusa de denunciar no tiene quejas contra los acusados, y todos los testimonios indican que no hubo robo. Así que hasta ahora, no hay caso que abrir de «desacreditación» de las Fuerzas Armadas de RF, terrorismo y cualquier otro cargo, excepto robo, por lo tanto, no se han presentado cargos, sin embargo, teniendo en cuenta todas las demás medidas tomadas, podemos hablar de la politización de este caso.

Por el momento, tanto Ilya como Daniil se han declarado culpables de robo por recomendación de los abogados. Ilya aceptó cooperar con el defensor del Estado, Daniil está representado por un abogado no estatal. Según la madre de Daniil, no se ejerció violencia física contra él, pero la violencia psicológica está presente de forma continuada.

Ahora Ilya y Daniil se enfrentan a penas entree 7 y 12 años de prisión, pero hay razones para pensar que esto es sólo el primer paso y después de la decisión final del tribunal sobre el robo, se dará una segunda vuelta, donde se juzgarán más cosas graves para el estado, como preparar el incendio de la oficina de alistamiento (comisaría militar).

🇹🇩En la Francia democrática mientras tanto…

  • 26 de marzo, regreso de Poitou

Esta es la traducción de una denuncia anónima que describe la protesta que tuvo lugar en Sainte-Soline contra la construcción de los megacuencas y la privatización del agua el 25 de marzo.

  • Comunicado del padre y madre de Serge (S.) el 29 de marzo de 2023

Esta es la traducción  de un comunicado del padre y de la madre de un activista que lleva en coma después de la violencia policial en Sainte-Soline.

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📹Descifrando el Tratado de la ONU contra la Ciberdelincuencia👎🏽

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CtheFestival.com - C venues at the Edinburgh Festival Fringe - Con motivo de la celebración esta semana en Viena de la quinta sesión de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Ciberdelincuencia, la EFF ha acudido a la cita para expresar su preocupación por la falta de compromisos firmes con los derechos humanos y de condiciones y salvaguardias detalladas en el documento, necesarias para proteger los derechos de las personas y organizaciones de todo el mundo.

La EFF y sus socios también organizaron una sesión informativa híbrida para los medios de comunicación el jueves 13 de abril a las 10:00 am hora del Pacífico (1:00 pm hora del Este, 7 pm CEST) para informar a los periodistas sobre la grave amenaza a los derechos humanos que supone el actual Tratado de la ONU sobre la Ciberdelincuencia.

Las negociaciones para una propuesta de Tratado de las Naciones Unidas sobre la Ciberdelincuencia comenzaron en 2017 pero  empezaron  a  tomar  forma en 2022, y hay mucho en juego. El proyecto de tratado tiene el potencial de reescribir las leyes penales en todo el mundo, posiblemente añadiendo más de 30 delitos penales y nuevos poderes policiales extensivos a las investigaciones penales nacionales e internacionales.

Dado que las leyes vigentes sobre ciberdelincuencia, como declaró la Asamblea General de la ONU, «en algunos casos se utilizan indebidamente para atacar a los defensores de los derechos humanos» y «ponen en peligro su seguridad de manera contraria al derecho internacional«, la ampliación de estos parámetros amplifica las posibles implicaciones para miles de millones de personas, en particular la represión de la libertad de expresión, el aumento de la vigilancia gubernamental y la expansión de las técnicas de investigación estatales.

Restricciones a la libertad de expresión

En lugar de centrarse en delitos cibernéticos básicos como la intrusión en la red y la interferencia en los sistemas informáticos, el énfasis del proyecto de tratado en los delitos relacionados con el contenido podría dar lugar a leyes demasiado amplias y de fácil abuso que repriman la libertad de expresión y los asociación derechos de  de personas de todo el mundo.

Por ejemplo, el proyecto de Tratado de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia incluye disposiciones que podrían tipificar como delito la humillación de una persona y un grupo, o el insulto a una religión utilizando un ordenador. Esto podría convertir en delito el envío o la publicación de contenidos legítimos protegidos por el derecho internacional.

Los gobiernos habitualmente abusan de las leyes sobre ciberdelincuencia  para criminalizar la expresión, alegando que combaten la desinformación, el «odio religioso, étnico o sectario«, el «terrorismo«, «la distribución de información falsa» y muchos otros perjuicios. Pero en la práctica, estas leyes se utilizan para sofocar las críticas, reprimir las protestas y la disidencia, y tomar medidas drásticas contra la libertad de expresión y asociación. Y ello a pesar de que el derecho a la libertad de expresión -incluido el derecho a insultar y ofender- está protegido por la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), del que forman parte los Estados miembros de la ONU que negocian el nuevo tratado.

Los gobiernos sólo pueden limitar estos derechos en circunstancias muy restringidas. Pero el proyecto de Tratado de la ONU sobre Ciberdelincuencia ignora estas limitaciones permisibles, lo que puede llevar a la criminalización de usos legítimos de la tecnología que promueven el acceso a la información y la libertad de expresión. La Asamblea General de la ONU también ha dejado  claro que los Estados deben abstenerse de imponer restricciones a las discusiones sobre políticas gubernamentales y al debate político; a la participación en campañas electorales; a las manifestaciones pacíficas; a la expresión de opiniones y disensiones; y a la asociación con determinadas religiones o creencias, incluso por parte de personas pertenecientes a minorías o grupos vulnerables.

Amenazas a la intimidad y al derecho a un juicio justo

Los controles y equilibrios en el uso gubernamental de las leyes de vigilancia son esenciales para evitar abusos de poder y de derechos humanos como la libertad de expresión y de asociación. Vimos cómo la pandemia de COVID-19 incentivó a las autoridades a instituir formas intrusivas de vigilancia sin los controles adecuados, así como el uso de tecnología  de vigilancia para rastrear a las personas en público y monitorear las comunicaciones privadas, todo ello sin autorización ni supervisión legal. Y estas leyes restringen desproporcionadamente los derechos de quienes ya están marginados y son objeto de ataques en la sociedad, con datos personales sobre creencias religiosas, afiliaciones políticas y otra información delicada recopilada en masa sin protección contra los abusos.

La transparencia es vital para garantizar el respeto a los derechos humanos en la vigilancia de las comunicaciones, y las personas deben poder saber si sus datos han sido entregados a las autoridades gubernamentales. Sin embargo, el proyecto de tratado permite a las autoridades imponer órdenes de silencio incluso cuando su divulgación no suponga una amenaza demostrable para las investigaciones en curso.

Las circunstancias en las que la policía se permite  acceder a datos personales durante investigaciones penales siempre deben  estar sujetas a sólidas protecciones de los derechos humanos  y supervisadas por un mecanismo de control imparcial e independiente que garantice que los derechos humanos de las personas no corren peligro y evite el abuso de poder policial.

Sin embargo, el proyecto de Tratado de la ONU contra la Ciberdelincuencia introduce disposiciones vagas que obligarán a los Estados a aprobar leyes que autoricen el uso de poderes de espionaje excesivamente amplios sin estas salvaguardias, exponiendo a las personas a un mayor riesgo de sufrir daños y recortando las libertades civiles y los derechos de los acusados a un juicio justo. Peor aún, durante las negociaciones del borrador del tratado, países como India, Rusia, China, Irán, Siria y Tonga propusieron enmiendas para eliminar el artículo 5, una cláusula general que hace hincapié en el respeto de los derechos humanos y hace referencia a las obligaciones internacionales en dicha materia. Para echar sal en la herida, Egipto, Singapur, Malasia, Pakistán, Omán, Irán y Rusia pidieron que se suprimieran incluso las limitaciones más modestas a las facultades de espionaje de los gobiernos, el artículo 42, sobre condiciones y salvaguardias.

Otros países querían mantener el artículo 42, pero propusieron eliminar las referencias a los «principios de proporcionalidad, necesidad y legalidad» y a la «protección de la intimidad y los datos personales«. Estos países argumentaron que la protección de la privacidad ya estaba cubierta por la referencia general a los derechos humanos del artículo 5. Otros países, entre ellos Estados Unidos, argumentaron que la protección de los datos personales no está reconocida como derecho en el ámbito de la ONU.

Ampliación de los poderes de vigilancia

Además de los intentos de los gobiernos de mantener fuera del proyecto de tratado las salvaguardias de los derechos humanos, los negociadores han propuesto una serie de disposiciones amplias y vagas que amplían los poderes de vigilancia a través de las fronteras, así como dentro de cada país. La EFF pide que se excluyan las disposiciones que obligan a los gobiernos a adoptar leyes nacionales que autorizan poderes de vigilancia muy intrusivos. Dichos poderes deben definirse de forma clara y precisa y deben estar sujetos a fuertes salvaguardas de los derechos humanos, algo que no hace el lenguaje actual del tratado. Hemos propuesto excluir las disposiciones que abordan la interceptación de contenidos, la recopilación de datos en tiempo real, la admisión de pruebas digitales, la «información espontánea» y las «técnicas especiales de investigación«.

Algunos de los poderes de vigilancia de mayor alcance mencionados anteriormente -recopilación de datos de tráfico en tiempo real, interceptación de contenidos y admisión de pruebas digitales- han sido lo suficientemente controvertidos entre los negociadores como para que actualmente se dejen de lado en las «consultas informales«. Este paso se debe probablemente a la falta de consenso sobre las salvaguardias y puede deberse a las preocupaciones sobre el estado de derecho, la democracia y la falta de imparcialidad e independencia del poder judicial que afectan a muchos posibles firmantes del tratado. Esperamos que estos artículos permanezcan fuera del tratado principal a menos que se les apliquen salvaguardias significativas y exhaustivas en materia de derechos humanos, y hasta que exista un mecanismo eficaz de cumplimiento que supervise las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos.

Pero muchos otros poderes siguen formando parte del borrador del tratado. La expansión general de los poderes de vigilancia en el borrador incluye un lenguaje poco preciso que las fuerzas de seguridad podrían utilizar para argumentar que autorizan el pirateo de nuestros dispositivos sin más debate público. Ese lenguaje debe aclararse para eliminar ambigüedades sobre qué poderes se pretenden.

El borrador del tratado también se refiere extrañamente a permitir que las autoridades utilicen «técnicas especiales de investigación«, de nuevo sin definir en ningún momento qué son. El lenguaje actual, de hecho, podría permitir cualquier tipo de tecnología de vigilancia -desde malware a IMSI catchers, predicción de machine learning y otras herramientas de vigilancia masiva- así como cualquier herramienta o técnica que pueda existir en el futuro.  El uso de nuevas tecnologías de vigilancia debe estar siempre sujeto al debate público; no debemos dar a las fuerzas del orden un cheque en blanco permanente para espiar a la gente con métodos que ni siquiera se han inventado todavía.

Los gobiernos necesitan algo más que un capricho para compartir información personal con otros Estados

También pedimos la retirada de la disposición sobre «información espontánea«, que supone un riesgo importante para los derechos individuales. Establece que los gobiernos pueden compartir voluntariamente los productos de su vigilancia electrónica con otros gobiernos, siempre que la legislación nacional lo permita. Aunque ya existe una divulgación voluntaria similar entre gobiernos, añadir esta opción al proyecto de Tratado ampliaría y haría más común la aplicación de esta práctica voluntaria incluso con países con un historial deficiente en materia de derechos humanos.

Además, mientras luchamos por garantizar que el tratado propuesto imponga sólidas salvaguardias de los derechos humanos, la «información espontánea» ignora cualquier salvaguardia que exista en el resto del proyecto de tratado siempre que las autoridades policiales consideren que les gustaría que otro país tuviera acceso a determinadas pruebas.

La mayoría de las salvaguardias del proyecto de tratado, en el contexto de la cooperación transfronteriza, se basan en el supuesto de solicitudes formales de información, que deben evaluarse con arreglo a criterios jurídicos, incluidas las normas de derechos humanos. Deberíamos aspirar a unas normas jurídicas claras para compartir información, en lugar de simplemente dejar que las fuerzas de seguridad decidan hacerlo unilateralmente. Esto es especialmente preocupante cuando la información obtenida del país A puede entregarse voluntariamente al país B sin las debidas salvaguardias de los derechos humanos, por ejemplo, con el fin de revelar la identidad para procesar a periodistas, defensores de los derechos humanos, activistas prodemocráticos y otros.

La seguridad ya es bastante difícil: Los mandatos abiertos de asistencia técnica pueden perjudicar la seguridad

Otra disposición sobre vigilancia del proyecto actual exige a los gobiernos que tomen ciertas medidas. Deben adoptar leyes que faculten a las autoridades para ordenar a cualquier persona familiarizada con las funciones y características de seguridad de un sistema informático que coopere. Esto incluye proporcionar la información necesaria para que las autoridades puedan hacerse con la información privada de los usuarios del sistema.

Esto puede parecerse mucho a los controvertidos esfuerzos por obligar a las empresas tecnológicas y a los desarrolladores de software a ayudar a burlar las medidas de seguridad que han creado. Podría argumentarse que la «información necesaria para permitir» el acceso a ordenadores y datos protegidos incluye la ayuda para romper el cifrado u otras medidas de seguridad. También podría interpretarse que incluye las exigencias gubernamentales de revelación de vulnerabilidades (que deben hacerse confidencialmente a las autoridades gubernamentales) o incluso de revelación de claves privadas o emisión de certificados digitales falsos.

La medida no parece ir tan lejos como exigir explícitamente a los desarrolladores de tecnología que creen puertas traseras en sus sistemas de seguridad, pero debería definir con precisión los límites de la asistencia técnica y dejar claro que no está autorizando la creación de puertas traseras ni el debilitamiento del cifrado u otras medidas de seguridad.

Próximos pasos

La ciberdelincuencia no es un fenómeno nuevo, y ya hemos sido testigos de demasiados  ejemplos de leyes contra la ciberdelincuencia que se utilizan para perseguir a las personas, coartar los derechos humanos y presentar cargos falsos y desproporcionados contra las comunidades LGBTQ, periodistas, activistas y denunciantes.

Aunque no creemos que el Tratado de la ONU contra la Ciberdelincuencia sea necesario, hemos seguido de cerca el proceso y hemos aportado un análisis constructivo. Hemos dejado  claro que los derechos humanos deben estar presentes en el tratado propuesto para que no se convierta en una herramienta que reprima reprima  la libertad  de  expresión, viole la privacidad y la protección de datos, o ponga en peligro a personas y comunidades vulnerables.

Únete a nosotros en nuestra lucha por proteger la libertad de expresión y la privacidad de todos.

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🇲🇽Pablo Gónzalez Casanova: impulsor de la democracia y defensor de los pueblos originarios

👎🏽Israel admite incremento de ataques aéreos contra Siria

👎🏽Enterrar al anarquista Alfredo Cospito en prisión⛓

M clipart letter, M letter Transparent FREE for download on ...uchos recuerdan la muerte de Bobby Sand por su huelga de hambre en 1981. En Italia, hace más de 106 días que Alfredo Cospito, anarquista en la cárcel desde hace muchos años, no come para protestar contra el 41 bis, una forma de encarcelamiento diseñada para los jefes de la mafia y que ha sido repetidamente objeto de investigación, incluso a nivel internacional, porque vulnera los derechos del detenido. Una lucha de coraje y dignidad donde Cospito arriesga su propia vida para denunciar un régimen penitenciario duro y violento.

Un método de detención que es criticado por muchos, no sólo compas. Entre los últimos en tomar posición están los representantes de las Cámaras Penales de Italia. “Los abogados penalistas italianos siempre expresaron y expresan, con denuncias puntuales y documentadas, esta página indigna de nuestra vida civil. El Estado ciertamente tiene el derecho y el deber de diferenciar los regímenes penitenciarios en función de la gravedad de los delitos cometidos por el reo, y de la retención, habiendo comprobado su peligrosidad. Pero este elemental principio de seguridad nada tiene que ver con las normas odiosas, violentas, muchas veces irracionalmente sádicas, que caracterizan al régimen del 41 bis. Prohibir a esos internos poder abrazar físicamente a sus familiares, aún con la debida supervisión; no poder elegir libremente los libros a leer; no poder cocinar en la celda; tener durante toda la duración de la detención sólo una hora de aire fresco al día; no poder colgar cuadros en las paredes, y otras medidas sádicas, estúpidas y violentas de este tipo, humillan tanto la dignidad del preso como la credibilidad democrática y constitucional del Estado”.

Sin embargo, este tema es válido para todos los presos bajo el 41 bis, aunque hay que reconocer el mérito de Alfredo Cospito por su sensacional y valiente acción noviolenta. “Nos complace que hoy muchos se movilicen en torno a este tema, sin haberlo hecho nunca antes, siempre y cuando no pretendan hacer distinciones bizarras entre los destinatarios de ese desfavorable régimen penitenciario”.

La lucha de Cospito no es contra su encarcelamiento total, sino contra el régimen de detención. Un régimen carcelario diseñado para la lucha contra el crimen organizado pero luego utilizado también contra activistas políticos y contra quienes han convertido la lucha política en lucha armada. Cospito no pidió indulto ni que lo sacaran de prisión. Poniendo en juego su cuerpo y su vida, pide que la cárcel sea también un lugar digno, donde se respete la ley, que debe ser algo intrínseco a la concepción del Estado, los derechos humanos y la dignidad de los presos. Es precisamente por eso que aún quienes no aprueban las acciones realizadas por Cospito cuando estaba en libertad, no dudan en apoyar y solidarizarse con Alfredo en esta lucha, lucha que la soberbia del Estado y los impulsos de quienes piensan que la «justicia» es una forma de venganza y no de derecho corre el riesgo de terminar con la muerte de Cospito en prisión.

Era el 16 de marzo. Era 2003. Estamos en Milán, en el barrio Ticinese. Manos fascistas volvieron a matar después de 25 años, tras el asesinato en Via Mancinelli de Fausto e Iaio, jóvenes frecuentadores del Centro Social Leoncavallo. Davide Cesare conocido como Dax fue apuñalado 13 veces y cayó ensangrentado frente al Tipota, un bar de barrio. Las ambulancias llegaron bastante rápido, junto con los coches de policía. Llegaron otras ambulancias, porque los heridos eran más, ademásde Dax, que fueron bloqueadas por vehículos policiales.

Luego, en el hospital San Paolo, los amigos y compañeros de Dax sufrieron la brutal y violenta represión de los agentes. Muchos vestidos de civil, armados con bates de béisbol, otros de uniforme. Cargas dentro y fuera del hospital. Al día siguiente, ante las quejas de los presentes y de quienes veían el trabajo demente de la policía y los Carabinieri, el jefe de Policía dijo que los amigos de Dax querían llevarse el cuerpo de David.

Esa noche pasó a la historia como la «noche negra de Milán». 20 años después del asesinato de Dax, y 45 después del asesinato de Fausto e Iaio, al menos 7.000 personas han cruzado las calles de la capital de Lombardía para decir no a la violencia fascista mientras el gobierno del país está dominado por hombres y mujeres de los Hermanos de Italia, un partido de derecha que remite al neofascismo (no al fascismo de Mussolini) posterior a la Segunda Guerra Mundial y por tanto al Movimiento Social Italiano. Una manifestación importante y militante que vio el gran protagonismo de un componente más joven. Una manifestación nacional que permitió a la ciudad vivir un momento coral y de diálogo entre diferentes componentes del movimiento, momento que no se veía desde hacía varios años. Dos pequeños signos de una posible recuperación en la construcción de un conflicto social necesario pero no suficiente para cambiar el mundo.

Mientras tanto, continúa la huelga de hambre del anarquista Alfredo Cospito contra la 41bis y el impedimento de cadena perpetua. Alfredo va y viene entre la prisión y el hospital penitenciario de Milán, donde fue trasladado por motivos de salud. Su lucha continúa mientras el debate en el país sobre el tema lamentablemente se ha apagado junto con las distintas instancias de los tribunales que han decidido enterrar a Alfredo en prisión sin cuestionar una forma de encarcelamiento más parecida a la tortura que a una forma de justicia.

andrea

✊🏼Ante la criminalización de la protesta, la dignidad rebelde de “Las 8 de Caixabank” 📝¿Qué hay que debatir de la gestación subrogada?

Cloacas y corrupción: Todo a la vez en todas partes (NIDO DE ROJOS –

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🫂Mi cuerpo no es mío👩🏻‍🦳

Classic and elegant floral alphabet font letter E transparent png ...l cuerpo de la mujer es un lugar público, y así también es el mío. Por mucho que pueda parecer absurdo, mi cuerpo no me pertenece.

No es solo mío, pertenece al Estado, a Dios, a la familia. Pertenece a la comunidad, a la nación, a entidades colectivas y superiores a mí. Por eso no puedo disponer de él como quiera: hay leyes, normas de conducta moral y religiosa, reglas que sancionan qué puedo hacer y de qué manera, y qué me está prohibido.

Mi cuerpo es, en caso necesario, normalizado, atravesado, tocado, expuesto, menospreciado, juzgado, valorado, violado, ignorado, instrumentalizado.

También mi cuerpo es un campo de batalla. Sobre él se combaten muchas guerras: represivas y de seguridad, económicas, por la grandeza de la nación, contra las migraciones, por la continuación de la raza, de religión y de dominación cultural, de colonización y conquista.

Mi cuerpo es tan solo una pieza de un mosaico de antiguas y consolidadas jerarquías patriarcales que quieren autoconservarse. Mi cuerpo está en la base de una pirámide de poder y la equilibra.

Mi piel, mis órganos y sus funciones, las necesidades de mi cuerpo no son solo mías, tienen un valor colectivo, social, cultural, político. Y si no fuese una mala mujer, una traidora a la nación, una egoísta, lo comprendería. Comprendería que ser madre es una experiencia que importa a la comunidad, a la raza, a la patria y no solo a mí. Entendería que el matrimonio tradicional es el justo núcleo de una sociedad regulada en la que vale la pena vivir, donde los lazos familiares de sangre son la única ligazón. Entendería también el motivo por el que mi cuerpo no puede ser solamente mío.

¿Cuándo pueden hablar las mujeres?

Resulta cómico. Mi cuerpo es un lugar público, pero hay cosas que tienen que ver con él de las que no puedo hablar en público. O al menos, no fácilmente. Y no sin consecuencias.

Hay argumentos que tienen que ver con mi cuerpo que solo puedo afrontar de una manera determinada, de una manera justa.

El sexo, por ejemplo. Mi cuerpo es constantemente sexualizado, pero no puedo hablar libremente de sexo, ni puedo informarme abiertamente sobre el tema, ni existen programas de educación sexual que sean públicos y gratuitos.

Se me consiente hablar de sexo solo en relación con la reproducción. No me está permitido hablar públicamente de placer sexual, de preferencias, de experimentaciones, de homosexualidad, de transexualidad. Porque del sexo yo, una mujer, seré siempre objeto y nunca sujeto. Porque es verdad, el cuerpo de la mujer está híper sexualizado, pero sin embargo el sexo siempre es pecado. Y mostrar demasiada curiosidad por este tema es cosa de putas.

Ni siquiera se me consiente hablar completamente de reproducción. Puedo afrontar el tema, es cierto, pero solo si estoy inmersa en una relación heterosexual, y mejor si estoy encuadrada en la institución matrimonial. Si por el contrario trato de discutir de monogenitoridad o de homogenitoridad, es mejor que me calle. Porque la sociedad no quiere reconocer esas posibilidades ya que la religión no las ha previsto.

Además yo, una mujer, puedo hablar de reproducción solo si voy a llevar hasta el final mi embarazo, porque esto es lo que se espera de mí. De otra manera soy una asesina, una sicaria que resuelve los problemas matando; viviré siempre marcada por el complejo de culpa. Y esta vergüenza será mejor que no se la cuente a nadie.

Sí, puedo hablar de maternidad, pero exclusivamente de manera positiva. No puedo mostrarme descontenta, alimentar dudas, no puedo decir que sufro o que me canso. No se me permite decir que eso no era lo que esperaba, que si volviera atrás no lo haría.

No puedo exteriorizar estos sentimientos porque no obtendré apoyos, porque las otras mujeres como yo no han encontrado las palabras y el valor para expresarlo, y si hablase estaría sola. Sería una mala madre que no ama a sus propios hijos. Desnaturalizada, contra natura.

La importancia de las palabras

Es importante comprender qué es lo que está permitido o prohibido decir, a quién se concede pensar, los argumentos que podemos afrontar públicamente. Nos da la posibilidad de comprender a dónde hemos llegado. ¿Cuánto camino tenemos por delante?

La patriarcal es la dominación más longeva de la historia, y durante milenios se ha alimentado y reforzado con el silencio de las mujeres. Y es así como ha seguido creciendo. Se ha consolidado, sedimentado y así ha llegado hasta nosotros.

En el arco de la historia, muchas han aceptado pasivamente, sin hablar, su situación de subalternas, perpetuándola así durante siglos. Afortunadamente, ha habido también periodos de ruptura en que las mujeres han tomado la palabra y se han confrontado entre ellas. Han compartido sus propias historias y dado nombre a lo que les importaba, a lo que querían o no querían más. Después se han puesto en marcha.

Todavía hoy la dinámica del silencio existe y es activa. Muchas mujeres no dicen, no cuentan, están calladas, porque hay cosas de las que es mejor no hablar. Porque hay hombres que no quieren que hablen.

Pero para que haya acciones, primero debe haber palabras. Si no tenemos la palabra para describir determinados actos, conceptos, pensamientos, ideas o necesidades, no solo no es posible expresarlos, sino que ni siquiera se pueden comprender realmente.

Por ello es fundamental que las mujeres comiencen a hablar, a poner palabras allí donde hay silencios. Que comiencen a decir lo suyo en voz alta, incluso cuando no está permitido o no es aceptado socialmente.

Si el patriarcado se nutre de silencio, hablemos. Empezando por nuestras relaciones, en la vida cotidiana. Hablemos más y de todo. Hablemos más fuerte.

Carlotta Pedrazzini Subir

 

✍🏼XI tesis políticas sobre el movimiento enero-marzo 2023

👎🏽La prensa rosa y el tráfico de bebés

 

esta guerra no termina en Ucrania

potcast

A la clase trabajadora. Por la movilización y la confluencia
 

 

💡La luz de los sin luz🕯

Javier Sáenz Munilla*. LQSomos.

a fotografía es luz y sombras. Un fotógrafo comprometido, Luis Manglano, ha trabajado a fondo con las sufridas gentes de la Cañada Real, en Madrid, para hacer algo de luz sobre su lucha y sus derechos violados.

CANADA-Luis-Manglano-canada-real-madrid-lqsomos.jpgSe cumplen ya tres años de esta ignominia. Eso es dejar sin luz a 3.000 personas, mujeres, niños, hombres, ancianos, en el mayor asentamiento irregular de España. No hay nada que escarbar en el asunto. Lisa y llanamente de trata de un asedio urbanístico, vístanlo como lo intenten vestir los indignos gobernantes de Madrid, los banqueros, los especuladores de la construcción y la criminal mano ejecutora de la compañía Naturgy. El único objetivo es el acoso para que estas personas se vayan y poder construir allí, especular. Levantar más de cien mil viviendas. Que los niños tengan que hacer sus deberes escolares a la luz de las velas, les importa un carajo. Que pasen frío niños, ancianos, mujeres, hombres por no poder encender una estufa eléctrica, ídem de lienzo. Que aumenten las enfermedades y la mortalidad entre sus habitantes por las malas condiciones de vida que supone la falta de luz eléctrica, pues un comino.

Su día a día, su lucha, sus vidas y el entorno físico de pobreza en el que se desarrollan. Todo lo refleja Luis Manglano en esta serie de fotografías que hoy exponemos aquí, como el propio Luis, expone a continuación quién es:

LALUZ-ES-UN-DERECHO-Luis-Manglano-canada-real-madrid-lqsomos.jpgEste es mi pequeño perfil, jubilado de RTVE, montador de video en los informativos de TVE, sindicalista. Durante mi presidencia en el comité de empresa impulse la creación del comité anti manipulación y los comités de informativos, a la vista de la manipulación que venían ejerciendo las distintas direcciones y en especial la desvergüenza del PP en instrumentalizar la información para sus intereses.

Aficionado a la fotografía, pertenezco al COLECTIVO UN INSTANTE, un grupo de aficionados a la fotografía que nos reunimos en el tablado flamenco las Tablas.

Siempre me han interesado los temas sociales y reflejar o captar sus problemas. El tema de la Cañada me ha llamado la atención desde el primer momento por la pasividad que han tenido las instituciones para abordarlo y darle una solución”.

insumisionSer pacifista en 2023

🇸🇾Siria: muerte tras escapar de la muerte

🇵🇪Perú. Derechas peruanas contra las masas insurrectas⛓

Resumen Latinoamericano

Adalberto Santana

Parecería que, en la actualidad, las expresiones de las derechas en América Latina y el Caribe han repuntado. Esta afirmación podría inferirse por los más recientes acontecimientos que se han registrado en algunos países de la región a inicio del 2023, tal como aconteció en Brasil con el fallido golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o en las protestas violentas de las derechas bolivianas en Santa Cruz contra el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS). Pero sin duda donde han tenido un triunfo parcial es en Perú con la imposición de Dina Boluarte como presidenta de esa nación andina y su consecuente represión generalizada contra las protestas populares.

Desde el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 contra el presidente democráticamente electo, Pedro Castillo Terrones, las derechas peruanas se han afianzado en el gobierno con la represión. El golpismo se generó en Perú por la decisión de los sectores reales del poder, ubicando en la primera magistratura a la vicepresidente Dina Boluarte, nueva mandataria que en menos de dos meses ha generado una alianza con los sectores tradicionales de esas derechas peruanas que habían perdido la presidencia en las elecciones de junio de 2021. Han ejercido el poder generando un dura represión que suma 49 fallecidos hasta mediados de enero de 2023, en los enfrentamientos que la policía y las fuerzas armadas han desplegado contra las protestas que han realizado amplios sectores de campesinos, indígenas, estudiantes, mineros, comerciantes informales y diversos grupos populares de la formación social peruana.

La protestas de amplios sectores populares que se han generalizado en casi todo el territorio peruano, han tenido como demandas fundamentales: la renuncia de la misma Dina Boluarte y el cierre del Congreso dominado mayoritariamente por los partidos y por los grupos de poder de las derechas tradicionales. Pero también se ha reivindicado la demanda de una nueva constitución para derribar el orden constitucional que estableció el expresidente Alberto Fujimori. Pero un punto fundamental de las diversas marchas y cierres de carreteras por pobladores de diversos comunidades andinas ha sido la liberación del presidente Pedro Castillo, mandatario que sin duda ha contado con el respaldo popular y no del 27 por ciento que según el índice de aprobación daba la encuesta de IPSOS en el mes de noviembre pasado. Incluso a nivel latinoamericano, otros gobiernos de la región han manifestado su condena al golpismo peruano como han sido los presidentes de Andrés Manuel López Obrador de Derechas peruanas contra las masas insurrectasMéxico, Gustavo Petro de Colombia, Luis Arce Catacora de Bolivia y Alberto Fernández de Argentina, como también se han sumado los de Honduras, Cuba, Venezuela y Nicaragua entre otros. Condena por la que la misma Dina Boluarte y el propio Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, en el comunicado oficial (15/12/2022) señaló: “En la fecha, la Cancillería ha dispuesto el llamado a Lima en consultas de nuestros Embajadores en la Argentina, Bolivia, Colombia y México, en reacción a la intromisión en los asuntos internos del Perú por parte de las más altas autoridades de los aludidos países, cuyas declaraciones cuestionan la sucesión presidencial realizada”. Recordemos que incluso el mismo gobierno de Boluarte declaró persona non grata al embajador mexicano Pablo Monroy Conesa, al cual le dio un plazo de 72 horas para abandonar su territorio en virtud de las declaraciones del presidente mexicano, que según otro comunicado oficial de la misma Cancillería peruana (20/12/2022) resultaron: “especialmente graves en circunstancias en las que el país enfrenta una situación de violencia incompatible con el ejercicio del legítimo derecho que asiste a toda persona de manifestarse pacíficamente.” Pensemos que lo que más irritó a los golpistas peruanos, fue la protección y el asilo que el Gobierno mexicano otorgó a la familia del presidente Castillo.

En esa misma lógica del gobierno golpista, fue la prohibición de que Evo Morales así como otros dirigentes del MAS de Bolivia, pudieran ingresar a territorio peruano, coyuntura en la que el mismo expresidente boliviano manifestó a través de Twitter: “La crisis política que afecta al hermano pueblo peruano, al Perú profundo especialmente, fue provocada por la conspiración permanente de la derecha fujimorista y medios derechistas contra un gobierno elegido en las urnas cuyo ‘delito imperdonable’ fue representar a los más pobres”.

Sin duda, la situación represiva del golpismo peruano ha sido condenada mundial y nacionalmente, incluso la propia Fiscalía del Perú inició una investigación contra la presidente de facto e incluso contra el primer ministro, Alberto Otárola y otros funcionarios del gobierno involucrados en la represión por “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”. Todo ello en el marco de la brutal represión contra diversos opositores en todo el territorio nacional. Incluso la Comisión Internacional de Derecho Humanos (CIDH) ha manifestado su condena por la violencia generada por las fuerzas de seguridad como también por aquellos sectores que han protestado contra esa misma represión estatal.

Según denuncia penal, el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte promueve una “política sistemática de represión desbordada en contra de la población”.

Un grupo de abogados de Arequipa presentaron una denuncia penal contra la presidenta Dina Boluarte, el jefe del gabinete Alberto Otárola, el ministro José Tello (Justicia y Derechos Humanos) y los exministros Pedro Angulo (PCM), César Cervantes y Víctor Rojas (Interior), por la presunta comisión de crímenes de genocidio y lesa humanidad durante las protestas en regiones, que exigen la renuncia de la mandataria, el cierre del Congreso, el adelanto inmediato de elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente.

Según la denuncia, las autoridades, vía la declaración de estado de emergencia nacional, “vienen ordenando y ejecutando una política sistemática de represión desbordada en contra de la población civil, generando un contexto en el cual se ha producido la muerte de más de medio centenar de personas y miles de heridos”.

La cacería terrorista es racializada

Hay un trasfondo de racialización en los métodos de criminalización de la protesta cuando no se manifiesta en Lima, lo que reafirman las recientes masacres en las localidades de mayorías indígenas, o cuando se trata de personas de otras provincias, perseguidas durante su viaje, estigmatizadas como violentistas desde antes de ejercer su derecho a la protesta, casi prohibidas de ingresar a la ciudad. Ninguna de las 60 víctimas en menos de dos meses de Boluarte en el poder, 45 asesinadas por balas de militares y policías, se registró en la capital.

Varias de las detenidas denunciaron agresiones físicas y psicológicas, negación de asistencia médica a personas con enfermedades, insultos racistas y calificativos de terroristas por parte de uniformados. No les devolvieron sus documentos de identidad, les quitaron sus celulares, dinero e incautaron la alimentación reunida para su estadía.

“Nos han lanzado bombas lacrimógenas, como a terroristas nos trataron, nos apuntaron con sus armas, nos han arrastrado, enmarrocado en el suelo”, contó una mujer puneña. “Nos han golpeado, maltratado, no somos delincuentes, nos han tenido en calabozos, nos acusan de daños materiales que nunca hemos hecho a la universidad”, denunció una víctima de la redada masiva que llegó desde Huancavelica.  (El régimen dictatorial persigue la protesta indígena en LimaRadio Zapatista)

Los manifestantes se han declarado en justo levantamiento —sin armas—, realizando la toma de carreteras, minas, aeropuertos, locales, universidades, etc., exigiendo la renuncia de la presidenta, una asamblea constituyente que elabore una nueva Carta Magna, el cierre del Congreso, adelanto de elecciones generales, entre otros”, se lee en el documento al que accedió La República.

Lo real de la actual coyuntura peruana, es que la oligarquía de la nación andina ha retomado el control del poder estatal y ha reforzado con los medios de comunicación una intensa campaña contra los sectores populares que han generado una gran protesta social. Coyuntura de descontento que no había alcanzado tal nivel de respuesta en más de 20 años en la vida política de ese país sudamericano. En tal situación parece que las derechas peruanas tienen que poner sus barbas a remojar. Tal como como es la tendencia, si la situación se revierte como aconteció en el caso boliviano, las masas indígenas, campesinas, trabajadoras, estudiantiles y movimientos sociales y populares podrán lograr cambiar la correlación de fuerzas para que de nueva cuenta a corto y mediano plazo retomen mayores espacios del poder político en el Perú.

(El texto fundamental es el de la cabecera al que se le han añadido textos de otros artículos de nodal, ANred, la ya mencionada Radio Zapatista y otras.)

insumisionLa otra guerra que también recordamos (y denunciamos) este mes: Yemen

🌍 Noam Chomsky: “¡No debemos aceptar la conclusión de que todo está perdido!”

🚮La defensa de Lützerath🚓

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Un ensayo fotográfico que documenta la destrucción y la resistencia de ecologistas

Een las últimas semanas la policía ha tomado medidas brutales para reprimir los movimientos ecológicos en Europa y Estados Unidos. En Alemania, la policía desalojó y destruyó el pueblo de Lützerath, ocupado durante mucho tiempo, en una operación masiva para expandir una mina de carbón a cielo abierto ecológicamente devastadora. En el mismo período, en Atlanta, Georgia, la policía asesinó a una persona en el intento de desalojar y destruir el Bosque Weelaunee. En América Latina todos los días matan a alǵun defensor o defensora de los bosques…

Quienes se enfrentaron a la policía en Lützerath luchan por un futuro para todos los seres humanos y todos los seres vivos. Cualesquiera que sean las justificaciones inmediatas que los especuladores capitalistas puedan ofrecer para tratar de extraer y quemar más carbón, mantener la tierra habitable es más importante.

Asimismo, conmueve profundamente la valentía de quienes continúan defendiendo el bosque en Atlanta, aún después de que la policía haya demostrado que cometerá asesinatos para desalojarlo. Si nuestra especie es capaz de sobrevivir a la catástrofe ecológica que está provocando el capitalismo industrial, será principalmente gracias al coraje de personas tan valientes y desinteresadas.

Lützerath: antes del asalto

En Lützerath, a partir de la tarde del 4 de enero, activistas y policías se enfrentaron en la mina a cielo abierto. Protegida por la policía, la excavadora de la empresa de servicios públicos alemana RWE excavó a 20 metros del muro de Lützerath.

El desalojo

Las siguientes fotografías son entre el 9 y el 13 de enero, documentando el desalojo.

Después de unos días agotadores, los activistas se toman un pequeño descanso en Lützerath un día antes de que la policía aplanara el campamento.

En el pueblo de Lützerath, los activistas ocuparon y bloquearon la mayoría de los edificios que quedaban. Algunos se encadenaron en un sótano.

Activistas que intentan impedir que la policía construya una valla alrededor de Lützerath. Finalmente, la policía logró erigir una cerca alrededor del pueblo para controlar el área mientras se disponían a desalojar la ocupación.

Mientras hacían retroceder a los activistas en la carretera L277 en Luetzenrath, la policía casi derriba un trípode ocupado por un manifestante. Tal como lo hicieron en sus ataques a las ocupaciones que defendían los bosques de Hambacher y Dannenröder, la policía se arriesgó deliberadamente a herir a las activistas.

Las activistas habían construido casas en muchos árboles en previsión de la operación policial masiva. Estos sirvieron como viviendas y dificultaron el desalojo del área, porque solo las fuerzas policiales especiales con experiencia en escalada podían llevar a cabo el desalojo. Los activistas se encadenaron dentro de algunas de estas casas en los árboles.

La pancarta en la torre dice “Unidos por las Nueve Ogoni. Quema Shell, no Petróleo”. Las Nueve Ogoni son un grupo de viudas nigerianas que demandaron a la corporación petrolera Shell después de que sus esposos fueran ejecutados por el gobierno nigeriano luego de las protestas contra la contaminación causada por las fugas de petróleo en el delta del Níger.

Policías desalojando a un activista de una casa de madera. Las casas recuerdan al pueblo improvisado (Hüttendorf) en Wendland durante la década de 1980, cuando las activistas antinucleares ocuparon el sitio de construcción de una instalación de almacenamiento de desechos nucleares planificada en Gorleben. La Guardia Federal de Fronteras y la policía desalojaron el Hüttendorf después de un enfrentamiento de un mes.

Las activistas se enfrentan a la policía. Un museo de arquitectura en Frankfurt pidió exhibir esta cabaña después del desalojo. Sin embargo, debido a que la corporación RWE no quiere dejar ningún símbolo del movimiento climático, la policía la demolió.

La policía desaloja a un activista de una casa en un árbol por medio de una recolectora de cerezas.

Para evitar tener que llevar a los arrestados, los policías los empujaron en una carretilla.

Después de que los ocupantes ilegales anunciaran que dos personas estaban ocupando un túnel, la policía registró toda el área en busca de la entrada del túnel. Les tomó varias horas encontrar la entrada.

El túnel planteó a la policía importantes problemas durante el asalto. Eventualmente, la corporación RWE redefinió el desalojo como una “operación de rescate” para obligar a los bomberos a hacerse cargo del desalojo de los activistas.

Los dos activistas que ocuparon el túnel retrasaron varios días el desalojo. Después de al menos cuatro días en el túnel, los activistas salieron más o menos voluntariamente. Cuando lo hicieron, fueron los últimos ocupantes de Lützerath.

La policía desaloja a dos activistas de un monopie mientras destruye todo a su alrededor.

Los restos de la «torre» en la fotoa.

Geräumte Träume, “sueños desalojados”, es un juego de palabras en alemán. La destrucción de la ocupación de Lützerath despeja el camino para que la industria de los combustibles fósiles cause más estragos en el clima, pero este lugar también fue un esfuerzo parcialmente realizado para crear un modelo alternativo que mostrara lo que podría ser la vida sin la violencia policial y la presión de competir dentro del capitalismo. En ese sentido, el desalojo también representa un ataque a un intento de demostrar las virtudes de una vida libre de dominación.

palomaMargarita Robles se felicita en Alicante de lo bien que le van las cosas al ejército español gracias al aumento del gasto militar y a la guerra de Ucrania

👏🏼La Audiencia Nacional accede extraditar a Uruguay a un médico que participó en torturas durante la dictadura

💂Los 42 golpes de estado de Gran Bretaña desde 1945💂

lubumba

El Reino Unido ha planeado o ejecutado más de 40 intentos de destituir gobiernos extranjeros en 27 países desde el final de la Segunda Guerra Mundial, involucrando a las agencias de inteligencia, intervenciones militares encubiertas y abiertas y asesinatos, según descubrió y nos cuenta Declassified.

Probablemente el golpe de estado más conocido organizado por la inteligencia británica desde 1945 fue el derrocamiento del gobierno democráticamente elegido de Irán en 1953, una operación planeada con la CIA. Pero el Reino Unido ha estado involucrado en al menos otros 41 intentos de derrocar gobiernos desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Estos van desde operaciones dirigidas por inteligencia hasta operaciones dirigidas por militares, tanto abiertas como encubiertas, y algunas han tenido éxito desde el punto de vista de Whitehall, mientras que muchas no lo han logrado.

De hecho, el año 1953 fue ajetreado para los planificadores de Whitehall ya que, además de derrocar a Mohammed Mossadeq en Irán, enviaron una cañonera para derrocar al gobierno elegido democráticamente en la Guayana Británica, dirigido por el popular nacionalista Cheddi Jagan. (bastante incompleta la versión castellana en la wiki).

Al mismo tiempo, estaban promoviendo operaciones de propaganda antigubernamental en otro estado latinoamericano, Guatemala. Esa campaña británica preparó el terreno para el derrocamiento de otro gobierno nacionalista y electo bajo Jacobo Arbenz en 1954, ideado por la CIA.

Como si esto no fuera suficiente, los Servicios Secretos del Reino Unido también estaban ocupados en ese momento planeando la destitución y el asesinato del presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser, en diferentes conspiraciones después de que Nasser asumiera el poder en la revolución nacionalista de 1952.

La subida de Nasser al poder desafió la posición de Gran Bretaña en el Medio Oriente y la estabilidad de las monarquías conservadoras y represivas, muchas de ellas de naturaleza casi medieval, que Whitehall, entonces como ahora, estaba apuntalando, especialmente en la región del Golfo.

De hecho, fueron estas fuerzas nacionalistas los principales enemigos del Reino Unido en el llamado “tercer mundo” después de 1945, incluso cuando los principales periodistas y académicos escribieron sin cesar sobre la amenaza soviética y la Guerra Fría.

golpesbritánicos

Planificación implacable

En la década de 1950, la planificación de cambios de regímenes por parte de los británico fue implacable, con más operaciones conocidas elaboradas para promover levantamientos contra los gobiernos nacionalistas en Siria en 1956 y 1957, ninguna de las cuales se implementó por completo.

Sin embargo, un plan que se puso en práctica fue la guerra encubierta instigada junto a los EE. UU. en Indonesia, con la intención de estimular un levantamiento contra el presidente Sukarno, comenzando en las innumerables islas exteriores del país. Sigue siendo una de las operaciones encubiertas menos conocidas del Reino Unido y que finalmente fracasó.

Sin embargo, Sukarno fue derrocado una década después, en uno de los peores baños de sangre del siglo XX, promulgado por el ejército indonesio bajo el mando del general Suharto. Los archivos desclasificados muestran que el Reino Unido respaldó las matanzas de comunistas, izquierdistas y aldeanos de 1965/66, con el resultado de cientos de miles de personas asesinadas.

El Reino Unido llevó a cabo operaciones en los medios para contrarrestar a Sukarno y entregó mensajes encubiertos a los generales asegurándoles la aquiescencia del Reino Unido en su toma de posesión. Suharto gobernó Indonesia, a menudo recurriendo a la pura brutalidad, durante tres décadas.

¿Gobernando el mundo?

A lo largo de la década de 1960 hubo poca disminución en la creencia de los funcionarios de Whitehall de que podían poner en el poder a quien quisieran, al menos en ciertos países.

En 1961, la evidencia sugiere que participaron en el asesinato de Patrice Lumumba, el primer líder elegido democráticamente en el Congo que fue objeto de una cruel campaña del MI6 y la CIA para derrocarlo antes de que fuera capturado y torturado.

Las operaciones mediáticas del notorio Departamento de Investigación de Información del Ministerio de Relaciones Exteriores -una unidad de propaganda creada en 1948- también ayudaron a derrocar a João Goulart de Brasil en 1964. Su programa de reforma agraria ambiciosa y la extensión del voto a la población analfabeta de Brasil indignó a los políticos, militares y políticos del país. élite empresarial – y la CIA, que eventualmente ayudó a destituirlo.

A estas alturas, Gran Bretaña se estaba asegurando de que Cheddi Jagan, que había regresado después de haber sido destituido diez años antes, no pudiera consolidar su poder en la Guayana Británica, ya que los funcionarios manipularon el sistema en un golpe constitucional para garantizar que no pudiera ser elegido nuevamente.

La mitad de la década de 1960 también fue una era de golpes de estado en los estados clientes del Reino Unido en la región del Golfo.

En 1964, los oficiales militares británicos con base en Arabia Saudita, que asesoraban a la Guardia Nacional Saudita, ayudaron al Príncipe Faisal a destituir a su hermano mayor, el Rey Saud. Al año siguiente, los británicos patrocinaron la destitución del gobernante del emirato de Sharjah, Saqr bin Sultan al-Qasimi, en favor de otro, Khalid bin Mohammed Al Kasimi.

Luego, al año siguiente, realizaron un ejercicio similar en otro emirato, Abu Dhabi, reemplazando nuevamente a su gobernante con su hermano, Zayed bin Sultan Al Nayhan, el padre del actual presidente de los Emiratos Árabes Unidos.

En 1970 se produjo un golpe en otro estado títere británico estrechamente controlado, Omán, que fue organizado por oficiales británicos. Puso en el poder al sultán Qaboos, quien gobernó con puño de hierro durante otros 50 años hasta su muerte en 2020.

GOLPES DE ESTADO Y DERROCAMIENTOS PLANEADOS O EJECUTADOS DESDE 1945 por el R.U.

País Planificacción o Ejecuión
1 – 1945–48: Ucrania Usar la guerra para derrocar al gobierno soviético
2 – 1946-52: Estados bálticos Usar la guerra para derrocar al gobierno soviético
3 – 1949–52: Albania Usar la guerra para derrocar al gobierno de Enver Hoxha
4 – 1950-54: Guatemala Campaña de propaganda que preparó el terreno para el derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz
5 – 1952-57: Egipto Operaciones encubiertas para socavar y asesinar a Gamal Abdel Nasser
6 – 1953: Guyana Británica Intervención militar que derroca al gobierno de Cheddi Jagan
7 – 1953: Irán Golpe de estado del MI6 con la CIA para derrocar al gobierno de Mohammad Mosaddegh
8 – 1956: Egipto Invasión militar en Suez destinada a confrontar a Gamal Abdel Nasser
9 – 1956: Siria Planificación de la ‘Operación Straggle’ para promover el levantamiento y el golpe
10 – 1957–59: Indonesia Guerra encubierta para derrocar al presidente Sukarno
11 – 1957: Siria Operación planeada para promover levantamiento, golpe y asesinatos
12 – 1961: Congo Participación del Reino Unido en el derrocamiento y asesinato de Patrice Lumumba
13 – 1962-70: Yemen Guerra encubierta para derrocar al gobierno de Abdullah al-Sallal
14 – 1963: Guyana Británica Golpe constitucional para asegurar que Cheddi Jagan no sea reelegido
15 – 1964: Brasil  Propaganda y apoyo a los agitadores claves para ayudar a derrocar João Goulart
16 – 1964: Arabia Saudita Asesores militares británicos apoyaron activamente el golpe de palacio del príncipe Faisal contra el rey Saud
17  – 1965-66: Indonesia Apoyo encubierto a generales y operaciones mediáticas en apoyo del derrocamiento de Sukarno
18 – 1965: Sharjah Destitución de Saqr bin Sultan al-Qasimi en favor de Khalid bin Mohammed Al Kasimi
19 – 1966: Abu Dhabi Participación en el golpe de Estado que sustituyó el jeque Shakhbut bin Sultan por Zayed bin Sultan Al Nayhan
20 – 1966: Ghana Participación en el golpe de Estado apoyado por EE.UU. para derrocar a Kwame Nkrumah
21 – 1969: Uganda Asesinato planificado de Milton Obote
22 – 1970-71: Libia Levantamiento planificado y golpe contra Muammar Gaddafi
23 – 1970: Omán Golpe de estado del Reino Unido que reemplaza el sultán Said bin Taimur por Qaboos bin Said
24 – 1970s: Uganda El secretario de Relaciones Exteriores, David Owen, propuso el asesinato de Idi Amin
25 – 1970s: Uganda El primer ministro Harold Wilson propuso el asesinato de Idi Amin
26 – 1975: Australia Papel del Palacio de Buckingham en la destitución del primer ministro Gough Whitlam
27 – 1975–76: Angola Ayuda encubierta a los rebeldes para derrocar al gobierno de Agostinho Neto
28 – 1976: Italia El Reino Unido, implicado en una trama golpista en caso de victoria electoral del Partido Comunista Italiano
29 – 1980-88: Afganistán Operaciones encubiertas de apoyo a los muyahidines para acabar con el dominio soviético
30 – 1986: Libia ¡El Reino Unido ofreció el uso de sus bases aéreas a EE.UU. que realizaba ataques aéreos para derrocar a Muamar Gadafi
31 – 1990s: Iraq Apoyo a los grupos de oposición que desafían a Sadam Husein
32 – 1992: Azerbayán El papel del MI6/BP en el derrocamiento de Ayaz Mutalibov por Abulfaz Elchibey
33 – 1992: Yugoslavia Asesinato planificado de Milosevic
34 – 1993: Azerbayán Papel del MI6/BP en el derrocamiento de Abulfaz Elchibey por Haydar Aliyev
35 – 1996: Libia Operación encubierta para financiar un atentado contra Muamar Gadafi
36 – 2001: Afganistan Intervención militar para derrocar al régimen talibán
37 – 2001: Iraq El Reino Unido elaboró planes para un intento de golpe de Estado contra Sadam Husein
38 – 2003: Iraq Intervención militar para derrocar al régimen de Sadam Husein
39 – 2011-18: Siria Operaciones de apoyo a las fuerzas de la oposición para derrocar al régimen de Bashar Assad
40 – 2011: Libia Air strikes and covert ground operations to overthrow Muammar Gaddafi regime
41 – 2019: Bolivia UK diplomatic support for opposition to Evo Morales before and after his removal in a coup
42 – 2019: Venezuela Reconocimiento del gobierno alternativo y apoyo a la oposición al gobierno de Nicolás Maduro

⛓Derogar la sedición a cambio de criminalizar la protesta👎🏽

todo

EEl pasado 11 de noviembre, los grupos parlamentarios del PSOE y UP presentaron su una Proposición de Ley Orgánica para reformar varios artículos del Código Penal, entre los cuales se encuentran el de sedición y el de desórdenes públicos.

A principios del mes de diciembre una holgada mayoría parlamentaria rechazó las enmiendas a la totalidad que propusieron los partidos de la derecha españolista (Vox, por ejemplo, proponía tipificar la “traición a la patria”) y la CUP (que propuso derogar la sedición y la Ley Mordaza, sin modificar otros delitos) y el próximo día 9 del mismo mes se tramitarán las enmiendas parciales que, previsiblemente, presentarán algunas formaciones de izquierdas.

Pese a los cambios de última hora que pueda haber, parece que ya está bastante claro en qué sentido se reformará el Código Penal en lo relativo a la sedición y a los desórdenes públicos, que debería entrar en vigor en algún momento del año 2023. Analizaremos a continuación las implicaciones que tendrán para manifestantes y movimientos sociales estos cambios legislativos.

La derogación del delito de sedición

Empecemos por lo positivo. Lo primero que se propone es la derogación del delito de sedición. Es una buena noticia, porque se trata de un delito antiguo, desfasado, que castiga con penas de hasta 15 años de prisión los alzamientos tumultuarios que se produzcan “para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones”.

Tal y como explicamos en un artículo titulado “La Sentencia del Procés, el derecho de protesta y el tsunami represivo”, la Sentencia del Procés, publicada en octubre de 2019, estableció que el delito de sedición se comete cuando se produce una “actitud de oposición a posibilitar la actuación de la policía, incluso mediante fórmulas de resistencia no violenta. Esa negativa, en ese escenario, aunque no se diese un paso más, es por sí sola apta e idónea para colmar las exigencias típicas del delito de sedición”. Es decir, según el Tribunal Supremo, para que exista un delito de sedición, no es necesario que exista violencia, porque “el alzamiento, por tanto, se caracteriza por esas finalidades que connotan una insurrección o una actitud de abierta oposición al normal funcionamiento del sistema jurídico, constituido por la aplicación efectiva de las leyes y la no obstrucción a la efectividad de las decisiones de las instituciones”.

Eso sí, esta desobediencia, para que se considere constitutiva de un delito de sedición, debe llevarse a cabo de una manera masiva, porque el artículo del Código Penal referido a la sedición (el 544) lo define como un alzamiento “tumultuario”. Y, por tumulto, entiende que debe tener una elevada participación y darse en varios sitios a la vez. “Una oposición puntual y singularizada excluiría algunos ingredientes que quizás podrían derivarnos a otras tipicidades. Pero ante ese levantamiento multitudinario, generalizado y proyectado de forma estratégica, no es posible eludir la tipicidad de la sedición”, dice la Sentencia del Procés.

No resultaba demasiado aventurado advertir que esa interpretación extensiva que realiza el Tribunal Supremo del delito de sedición podría criminalizar de forma desproporcionada el ejercicio de la desobediencia civil no violenta. Una obstaculización masiva de la labor policial o administrativa, como la que ocurrió en el 15-M en 2011, podría constituir un delito de sedición. Una paralización masiva de desahucios de forma simultánea, coordinada por el movimiento de vivienda, también.

Los desórdenes públicos multitudinarios

Entonces, ¿qué sustituye a la sedición? La Proposición reforma introduce un nuevo tipo agravado de desórdenes públicos. Castiga con penas de 3 a 5 años de prisión los desórdenes públicos que se “cometan por una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público”.

A priori, se trata de una alternativa preferible a la sedición. Las penas son más bajas y, además, el tipo penal de los desórdenes públicos exige que los hechos se cometan con “actos de violencia o intimidación”. Es decir, una desobediencia civil no violenta, en principio, no se debería ver afectada por este tipo penal.

Sin embargo, como aspecto negativo, hay que tener en cuenta que se sustituye la palabra “tumulto” (que el Supremo lo definió como una movilización masiva, replicándose a lo largo de un territorio amplio) por “multitud”. Se trata de un término indeterminado, que puede dar lugar a diversas interpretaciones. Un juez puede entender que un acto es “multitudinario” porque agrupa a 50 personas, otro puede entender que debe reunir a 500 y otro a 5.000. En cualquier caso, ya no será necesario que la movilización suceda en varios sitios a la vez (como ocurre con la sedición), sino que se puede aplicar a una única manifestación que reúna a un nutrido grupo de personas. Por tanto, su aplicación será mucho más frecuente de lo que jamás podría haber sido la del tipo penal de la sedición.

Por otro lado, esta nueva regulación establece que la multitud debe ser “idónea para afectar gravemente al orden público”. Es decir, no es necesario que el orden público se vea afectado gravemente, basta con que potencialmente pudiera haber ocurrido. Además, el término “grave” es, de nuevo, un término jurídico indeterminado. ¿Cuándo ha sido grave la alteración del orden? Su interpretación, una vez más, queda al arbitrio de los jueces. Algo que, como explicamos hace años en un artículo titulado “Un juez es un juez”, nunca es deseable.

En definitiva, las movilizaciones desobedientes masivas se pueden ver beneficiadas con esta nueva regulación, si se aprueba, ya que sus penas son más bajas y se exige un mínimo de violencia o intimidación. Pero, por otro lado, las movilizaciones que no sean tumultuarias pero sí multitudinarias se pueden ver perjudicadas por una nueva regulación que, castiga con mayor dureza los desórdenes ocurridos con una presencia numerosa de asistentes, aunque el orden público no se vea necesariamente afectado de manera grave.

La ampliación de los desórdenes públicos básicos

Por otro lado, se propone reformar el actual tipo básico de desórdenes públicos (que no requiere que las manifestaciones sean masivas). Si bien la reforma de las manifestaciones multitudinarias podía tener algo que ver con la derogación de la sedición y la creación de un delito nuevo que lo sustituyera, este nuevo cambio no guarda ninguna relación con la sedición. Se añade porque sí, porque quieren.

La nueva regulación que se propone permite que se puedan cometer desórdenes públicos con “intimidación”. Y es que la actual redacción castiga a quienes “alteraren la paz pública ejecutando actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas, o amenazando a otros con llevarlos a cabo”, pero la nueva sustituye el “amenazar a otros con llevarlos a cabo” por el término “intimidación”. Esto abre la puerta a la arbitrariedad y a incriminar conductas de tensión, miradas, expresiones, etc. que hasta ahora eran impunes. En el momento en el que la policía diga que se sintió intimidada por la actitud y estética de un grupo de manifestantes, podrían producirse unos desórdenes públicos.

Más allá de la introducción del concepto “intimidación”, la reforma añade nuevas conductas constitutivas de desórdenes públicos. Y, si se aprueba la reforma, ya no será necesario que se produzcan actos de violencia contra personas o cosas para que haya desórdenes, sino que también se podrán cometer “obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas; o invadiendo instalaciones o edificios”.

Las implicaciones para activistas de esta ampliación de las conductas típicas del delito de desórdenes es evidente. Creo que no tardaremos en ver a ecologistas imputadas por provocar cortes de carreteras cerca de empresas de combustibles fósiles (como hizo Futuro Vegetal este verano), o al movimiento de vivienda encerrándose en una sucursal bancaria (como ha hecho en incontables ocasiones). Por no hablar de protestas como las que tuvieron lugar en Catalunya en octubre de 2019 tras la publicación de la Sentencia del Procés en la que se ocuparon autovías, vías de tren e, incluso, el aeropuerto.

No es de extrañar que las principales críticas a este proyecto provengan del movimiento de vivienda. Tanto el Sindicat de Llogateres como la PAH han publicado entrevistas y comunicados y han organizado concentraciones contra la reforma.

La provocación, conspiración o proposición para cometer desórdenes públicos

Por último, la Proposición deroga el actual delito que castiga “la distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o consignas que inciten a la comisión de delitos de alteración del orden público, o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo”. Sin embargo, lo sustituye por un nuevo artículo que castiga “la provocación, la conspiración y la proposición para” cometer estos delitos.

En otras palabras, se sustituye un delito muy específico (la difusión pública de mensajes que inciten a alterar el orden) por un delito más abierto (la provocación, conspiración o proposición). Es más amplio, porque ya no se requiere que esa provocación sea pública. Puede producirse en el ámbito privado (por ejemplo, en un chat de WhatsApp cerrado). Y, una vez más, puede tener implicaciones negativas para los movimientos sociales.

Conclusiones

Una vez más, nos encontramos con que el Gobierno de coalición cumple una de sus promesas electorales (en este caso, la derogación de la sedición) pero que, cuando acudimos a la letra pequeña, en realidad el cambio no es tal. Ocurrió con la supuesta derogación de la reforma laboral (que no fue más que una operación de maquillaje sin demasiada trascendencia) o la presunta derogación de la Ley Mordaza que se está tramitando (que no es más que una leve modificación).

Con la derogación de la sedición no estamos siquiera ante una venta de humo como en los ejemplos anteriores, sino directamente ante un caso de empeoramiento de la situación actual. La reforma vendrá bien para los escasos casos en los que se pueda producir un delito de sedición (actualmente los líderes del Procés catalán son los únicos condenados por este delito), pero a cambio se retocan los desórdenes públicos, que afectan a miles de activistas y personas de a pie que son acusadas de cometer este delito en movilizaciones sociales. Y se hace por voluntad exclusiva de las promotoras de este reforma, no por una excusa jurídica o una demanda social. Se hace, al fin y al cabo, porque gobierne quien gobierne, al poder no le interesa que podamos ejercer el derecho de protesta, no vaya a ser que podamos cambiar las cosas.

Más información
“Luces y sombras de la reforma de los delitos de sedición y desórdenes públicos” (Público), del cual se extrae la mayoría de la información de este artículo
– «La sedición «reemplazada» de Pedro Sánchez» (Kaos en la Red)
“El Sindicat de Llogateres denuncia que la reforma de los desórdenes públicos castiga protestas pacíficas” (El Salto)
“Los puntos más polémicos de la reforma del delito de desórdenes” (El Salto)
“Unas 40 entidades catalanas denuncian que la reforma del Código Penal es un retroceso de la democracia” (ElNacional.cat)
“El movimiento de vivienda pagaría los platos rotos de la reforma de la sedición” (Público)

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