“La construcción no es sostenible. ¿Qué pretende Susana Díaz?”

“La construcción no es sostenible. ¿Qué pretende Susana Díaz?”

Lola Yllescas, portavoz de Ecologistas en Acción Andalucía.Lola Yllescas, portavoz de Ecologistas en Acción Andalucía.

Construcción “sostenible”. Es una de las cartas que quiere jugar la presidenta de la Junta, Susana Díaz, para reactivar la economía de la comunidad tras años de crisis.  “¿No se les puede ocurrir a nuestros políticos algo distinto?”, se pregunta Lola Yllescas, portavoz de Ecologistas en Acción Andalucía. “Siempre lo mismo, erre que erre”. El argumento también es válido para la reapertura de Aznalcóllar, con el agravante de que aún no se han depurado responsabilidades. En el fondo del asunto, el eterno choque entre creación de puestos de trabajo y medio ambiente. El mismo que hay tras otros proyectos como el dragado del Guadalquivir o la venta de La Almoraima. Frente a los tropiezos de las administraciones, Yllescas propone sus propias recetas: potenciar las energías renovables -que sí pueden ser sostenibles, dice-, desclasificar todos los suelos de los activos tóxicos para hacerlos rústicos o no urbanizables y que se cumpla el plan forestal de Andalucía, con el que se crearían dos millones de hectáreas de bosque.

¿Qué le parece el anuncio de Susana Díaz de crear una mesa de trabajo para reactivar el sector de la construcción sostenible?

“La construcción podrá ser negocio para especuladores, oportunistas y corruptos, pero no es sostenible” 

La verdad es que nos quedamos pasmados. No aprendemos y repetimos los mismos errores. La construcción ya se ha demostrado que no es sostenible. Podrá ser negocio para algunos, para especuladores, oportunistas y corruptos, pero no es sostenible ambientalmente. ¿No se les puede ocurrir a nuestros políticos algo distinto? Siempre lo mismo, erre que erre. En Andalucía no se debe construir más porque ya no son necesarias más viviendas, de hecho, solo en los primeros 500 metros del litoral hay planes aprobados para construir 143.000 nuevas viviendas, pero todo está parado por los propios promotores, entre otras cosas porque hay 130.000 viviendas sin vender. ¿Qué pretende la presidenta?

Otro de los planes de la Junta para potenciar la economía es la minería. La Consejería de Economía ya ha convocado el concurso público para volver a explotar el yacimiento de Aznalcóllar.  Esta vez, dicen, con garantías ambientales. ¿Es realmente posible?

“Las condiciones ambientales del concurso público de Aznalcóllar son muy inconsistentes” 

No, las condiciones ambientales del concurso público que hemos leído son muy inconsistentes y, desde nuestro punto de vista, insuficientes. Combatir los efectos ambientales de la minería del siglo XIX, a cielo abierto, con gran generación de residuos, con balsas de almacenamiento temerarias… requiere unas garantías rigurosas y no declaraciones de intenciones.

¿La explotación no es recomendable en ningún caso?

No, después del mayor desastre ambiental de Andalucía, después de que no haya culpable alguno de lo que pasó, después de lo que nos costó, después de la irresponsabilidad y cobardía de la Junta, nos vuelven a plantear lo mismo, sin rigor y a cargo de los mismos responsables que cuando el desastre.

Boliden ha quedado impune… ¿Problema de legislación o de intención?

Cuando se produjo el desastre, nosotros presentamos una denuncia penal por la actuación de Boliden, de la Junta de Andalucía (habíamos denunciado reiteradas veces la situación de la balsa y no se nos escuchó) y del Ministerio de Medio Ambiente (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir). Sorprendentemente, el juzgado no reconoció actuación penal alguna y archivó la causa. Algo similar a lo que ha pasado ahora con el Prestige; nadie tiene la culpa, no hay culpables. Algunas actuaciones de jueces y fiscales, en temas ambientales, quedarán ahí para la historia por impresentables.

¿Cómo actuó entonces la Junta?

“Algunas actuaciones de jueces y fiscales en temas ambientales quedarán ahí para la historia por impresentables” 

La Junta no quiso personarse en la denuncia ya que temía que a ella y a sus técnicos les cayesen responsabilidades. Ese fue su gran error que nos ha costado el dinero a los andaluces y le ha permitido a Boliden irse sin pagar nada. Por lo que optó la Junta fue por poner una demanda civil exigiendo a Boliden el pago de los costes de la reparación de daños, pero claro, si no había culpables, ¿por qué iban a pagar? Así de incoherente fue la actuación de la Junta que pagó (pagamos todos) unos 40 millones de euros en la recuperación del Guadiamar. Los posibles culpables, aquellos que no escucharon nuestras denuncias iniciales, siguen en la Junta y con los mismos cargos de responsabilidad, y son los que van a asumir la Autorización Ambiental Unificada (AAU) de la nueva explotación. Ya sabemos que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra.

Muy cerca está Cobre Las Cruces, con un historial también complicado. ¿Por qué se sigue apostando por este tipo de proyectos?

El único argumento que dan es el de la creación de empleo. Los empresarios mineros recibirán todo tipo de ayudas de distintas administraciones y todo tipo de avales políticos. Pero estamos en las mismas: no se sabe adónde irán los residuos, no se sabe cómo quedarán nuestras aguas…  y la empresa volverá a irse cuando le convenga y como siempre hacen (no sólo en España). Ahora mismo el director de la empresa está imputado por nuestras denuncias de extracciones ilegales de agua y contaminación del acuífero con arsénico. En esta ocasión parece que los jueces se muestran con una mayor sensibilidad. La Junta sigue sin personarse en las denuncias.

La Junta pretende ampliar el Parque Natural de los Alcornocales para blindar la Almoraima y protegerla de la especulación. ¿Es un movimiento acertado? ¿Qué se podría hacer?

No nos parece mal, siempre es conveniente la protección del entorno de espacios valiosos, aunque tengan usos agrícolas; ordenar los recursos se hace bien dentro de la normativa de parques naturales. Pero Ecologistas en Acción ha mandado una carta a la consejera y a la presidenta Susana Díaz con otra propuesta que consiste en solicitar a la Junta que adopte las siguientes acciones: la declaración de la finca La Almoraima como monte de dominio público, según lo previsto en el artículo 21 de la Ley 2/1992 Forestal de Andalucía. Esta declaración conllevaría el carácter inalienable, imprescriptible e inembargable de la totalidad de la finca, y la consideración a efectos urbanísticos como suelo no urbanizable de especial protección. Esta declaración es competencia del Consejo de Gobierno de la Junta, e implicaría por tanto la imposibilidad legal de que el Gobierno proceda a su enajenación; un compromiso público de que la Junta no autorizará reclasificaciones urbanísticas de ningún tipo, ni la construcción de complejos turísticos en esta finca y que dicho compromiso se ratifique en el Parlamento, y se complemente con las actuaciones legales y las modificaciones normativas que sean necesarias para impedir que ningún inversor privado pueda promover campos de golf, hoteles, aeródromos ni complejos urbanísticos en los terrenos de la finca La Almoraima.

¿Están ustedes absolutamente en contra de cualquier acción turística en la finca?

“El actual estado de conservación y gestión de La Almoraima es lamentable”

Sí, nos parece que se trata de una zona forestal y como tal debemos conservarla y potenciarla. Y decimos esto porque su actual estado de conservación y gestión es lamentable. Hablamos de una finca que ha tenido muchos usos forestales y ganaderos y que en este momento están prácticamente abandonados. Este abandono viene desde tiempos en que los responsables eran del PSOE, no sólo del PP, si bien es cierto que la gestión de la actual presidenta de la empresa pública responsable, la señora Ugalde, se ha dedicado más a buscar y diseñar desarrollos urbanísticos para ofrecer a futuros compradores que a otra cosa. Además, actualmente la finca tiene un mínimo uso turístico: en su casa-palacio se puede uno albergar y comer en sus salones restaurantes, hecho que nos parece apropiado. ¿Qué dirían los británicos si en uno de sus castillos en los que se puede pernoctar, se diseñasen proyectos urbanísticos de hoteles y apartamentos? Sería inconcebible. Aquí dicen que es desarrollo.

 ¿No sería posible un proyecto de turismo sostenible, independientemente de que fuera de dos, tres, cuatro o cinco estrellas?

Posible sí es y, además, nos tememos que lo hagan, pero parece que no aprendemos nunca y que seguimos encasquillados con la construcción y el turismo. Junto a la Almoraima está el Club de Golf de Valderrama (donde se celebró la Ryder Cup), el campo de golf más lujoso de los más de 60 de la Costa del Sol y de la provincia de Cádiz. Este club está en la ruina actualmente. Muy cerca está también el Club de Sotogrande y su campo de polo. ¿Qué demanda tiene este campo, quien lo usa? También muy cerca está el aeropuerto de Gibraltar y el de Jerez, conectado por la autovía Jerez-Los Barrios que ya partió al Parque de los Alcornocales en dos. ¿Qué sentido tiene volver a hacer instalaciones que ya existen, que tienen poco uso, que no van bien y que en invierno casi tienen que cerrar? Sin embargo, la Sra. Ugalde es propietaria de una finca de Alcornocal en Alcalá de los Gazules, a unos 40 kilómetros de la Almoraima, que no creo que esté en ninguna ruina.

“Cualquier uso urbanístico en La Almoraima no puede ser sostenible ambientalmente” 

Y ya está bien de usar en vano la palabra sostenible: ¿Es que la instalación turística va a ser autosuficiente en sus usos energéticos, en sus usos de agua, en la gestión de sus residuos…? Cualquier uso urbanístico en la Almoraima no puede ser sostenible ambientalmente. Económicamente, a la vista de los vecinos, no creemos que tampoco se sostenga, más si tenemos en cuenta lo que se pierde en biodiversidad, calidad del aire, gestión del agua, etc.

¿Hay margen en la zona para crear nueva riqueza o ello iría inevitablemente en detrimento de la protección medioambiental?

Creemos que hay margen para crear nueva riqueza y puestos de trabajo, pero los vemos unidos a la actividad forestal y agropecuaria; actividad que siempre ha tenido la Almoraima y la hizo valiosa; actividad para la que los andaluces de esta zona del sur de España somos competitivos, y que , una vez, confundidos, abandonamos para un dinero fácil que nos estalló a todos.

¿El no a los campos de golf de Ecologistas en Acción admite alguna excepción?

No, creemos que todos tienen los mismos inconvenientes: grandes consumos de agua (mayores que el cultivo de máxima demanda hídrica, como el maíz), grandes usos de suelo urbano, fuerte concentración de productos fitosanitarios y contaminación de suelo, subsuelo y acuíferos, destrucción de biodiversidad, ocupación de paisajes valiosos (gran concentración en el litoral, en primera y segunda línea de playa). Además está demostrado que si no van unidos a instalaciones hoteleras o a promociones turísticas, son deficitarios; en la actualidad muchos están en situaciones próximas a la quiebra y cierre, otros ya han cerrado.

Susana Díaz ha anunciado también la creación de un plan de empleo vinculado a la demolición de El Algarrobico. ¿Llega tarde?

“Aún no veo El Algarrobico demolido”

Lo primero que necesitamos ver es la definitiva orden de demolición del Algarrobico; yo aún no lo veo demolido, pero si se llega a demoler harán falta recursos y mano de obra para: derribo, transporte de escombros, reutilización de escombros, rehabilitación del paisaje… Espero que en todo esto se esté pensando en ese plan de empleo.

¿Cómo han actuado las administraciones en este caso?

De manera dudosa, sobre todo al principio. El Ayuntamiento de Carboneras siempre ha estado en la misma postura ya que siempre ha defendido el hotel y se opone a su demolición. La Junta de Andalucía, inicialmente dio el visto bueno al hotel e, incluso, interpretó torticeramente el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) y el Plan de Ordenación de Recursos (PORN) del Parque Natural de Cabo de Gata para posibilitarlo, como le han hecho ver sentencias judiciales. La Demarcación de Costas siempre dijo que incumplía la ley de Costas. Las presiones de las constructoras han posibilitado sentencias y recursos de todo tipo y ya llevamos unos 6 años con ese mamotreto en el litoral.

Otra actuación que podría afectar al Parque Natural de Doñana: el dragado del Guadalquivir. Como pasa en Aznalcóllar, se acude al desarrollo económico como justificación.

En este caso la cosa es disparatada. Se pretende hacer un dragado que suponga pasar de cota -6,5 metros a cota -9 metros y se pretende ensanchar el canal de navegación del Guadalquivir en 30 metros a cada lado, y en 80 kilómetros, desde Sanlúcar a Sevilla. La alteración del estuario será terrible y hablamos de un estuario que está moribundo. Esto no lo decimos nosotros, lo dice el comité de expertos que durante unos ocho años ha estado estudiando su situación. Se trata de un estudio que encargó la exministra Cristina Narbona para adjuntarlo al Informe de Impacto Ambiental de la obra, el que permitiese su realización. El informe fue claro en su negativa en la situación actual. Pues bien, la Autoridad Portuaria de Sevilla no cede e insiste en el dragado. ¿Por qué? ¿Porque le importan los puestos de trabajo? No, porque ha construido una esclusa millonaria para barcos enormes que ahora no pueden llegar (algo parecido al aeropuerto de Castellón al que no llegan aviones, un puerto con una exclusa para barcos que tampoco llegan). La única forma de justificar su obra megalómana, carísima y especulativa es con el dragado: no importa si se firma la sentencia de muerte del río rey de Andalucía.

También sobre Doñana. Ecologistas presentó en noviembre un informe que denunciaba la extracción ilegal y masiva de agua. ¿Qué puede provocar?

En una extracción masiva de agua, mayoritariamente ilegal y sin permiso, para riegos en la agricultura. La extracción se hace del acuífero Almonte-Marismas, un acuífero muy superficial (tanto que a veces aflora produciendo las lagunas y humedales de Doñana) en el que es muy fácil hacer un pozo y sacar agua. Aunque las organizaciones ecologistas lo venimos denunciando continuamente y las administraciones públicas dicen estar tomando medidas, lo cierto es que la situación del acuífero empeora y su balance hídrico indica descensos continuos, incluso en años de no sequía. Un acuífero se llena por las lluvias y se descarga por pérdidas naturales (naciente, lagos…) y extracciones artificiales. Si el acuífero sigue descendiendo y no puede recuperarse, se irá haciendo menos superficial y se irá secando progresivamente el humedal más protegido del sur de Europa.

¿Cuál es la situación del parque? 

El principal problema del parque es la incapacidad de las administraciones de ordenar los usos forestales y agrícolas y sus necesidades. Además de problemas nuevos como son la pretensión de realizar en él depósitos subterráneos y conducciones de combustibles fósiles.

El Parlamento de Andalucía aprobó en octubre una Proposición no de Ley para que la Junta declarase la comunidad libre de fracking, pero la técnica aún no se ha prohibido por ley. ¿Falta voluntad política?

Si, falta valentía política y, supongo, que ahora más, ya que la semana pasada nos enterábamos de que la Comisión Europea no toma ninguna medida contra el fracking y que el Gobierno central recurre la norma antifracking de Cantabria.

Hay permisos concedidos para prospecciones, pero la Junta asegura que no hay en marcha ningún proyecto en el que se use la técnica. ¿Se está utilizando la fractura hidráulica actualmente en la comunidad?

No, aún no, aunque empresas extractoras tienen permiso de investigación  en el Campo de Gibraltar, en las zonas llamadas Ruedalabola y Tesorillo. Podrían empezar en cualquier momento y estaremos vigilantes ya que un sondeo de investigación pasa fácilmente a ser de extracción. Estas son las más avanzadas y dependen del Ministerio.

¿Cree que la Junta está comprometida con las políticas de medio ambiente? ¿Ha visto algún cambio de tendencia en su gobierno?

No, no vemos ningún cambio a mejor. Incluso nos tememos cosas a peor como los rumores que nos llegan de las presiones de empresarios y alcaldes contra el Plan de Protección del Corredor del Litoral (PPCL) que pueden hacer que la Junta no le lleve a cabo.

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